El Alcalde de Fortuna, del PP, por hacer un juego de palabras extremadamente elaborado y sutil, no ha estado nada "afortunado" en la aventura judicial que finalmente le ha condenado a 12 años de inhabilitación por comprar votos en las elecciones de 2003.

Menos lucido ha estado aún con sus declaraciones afirmando que como a él lo han elegido los ciudadanos y no la Audiencia Provincial, va a seguir siendo Alcalde hasta que no acabe su recorrido judicial con los recursos que ha anunciado. El argumento se vuelve contra él mismo, pues precisamente esos mismos ciudadanos han decidido que haya unos tribunales que depuren responsabilidades penales que, en su caso, se han sustanciado en una condena que debiera cumplir como muestra de respeto precisamente a esa voluntad popular.

Al paso que va la justicia, D. Matías Carrasco puede jubilarse sin que se haya agotado el trámite de recurso, porque después del Supremo va el Constitucional (anormalmente convertido en una cámara de apelación), y después el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo, el de la Haya, la ONU y el informe jurídico del juez Garzón como vértice jurídico de la humanidad entera.

O sea, diez años mínimo de papeleo calentando el asiento consistorial. Es lo que tiene la "voluntad popular".