Extremadura inicia una nueva etapa política marcada por la libertad económica y el combate frontal a las políticas de la izquierda. María Guardiola y Óscar Fernández han firmado este jueves un acuerdo de coalición que contempla 74 medidas destinadas a dar un vuelco a la gestión regional. El documento, de 23 páginas, establece la creación de un Ejecutivo único basado en la lealtad y la búsqueda del bien común, priorizando la reducción de la presión fiscal y la eliminación drástica del gasto superfluo que ha lastrado a la región durante décadas.
Guerra al gasto superfluo
Uno de los pilares fundamentales de este pacto es la declaración de guerra al gasto improductivo. El nuevo Gobierno regional aplicará un recorte del 50 por ciento en las subvenciones destinadas a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que carezcan de utilidad pública. Del mismo modo, las ayudas a la cooperación internacional al desarrollo se reducirán hasta el mínimo legal permitido. PP y Vox han acordado someter a la administración a auditorías exhaustivas para garantizar que cada euro público revierta directamente en la mejora de la calidad de vida de los extremeños y no en el sostenimiento de estructuras ideológicas.
Lucha contra la inmigración ilegal
En materia de inmigración, el acuerdo es tajante y sitúa a Extremadura a la vanguardia de la resistencia contra las políticas de reparto del Gobierno de Sánchez. La Junta se opondrá por todos los medios legales a la llegada de inmigrantes ilegales y trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen. No se habilitará ningún centro de acogida adicional ni se ampliarán las plazas actuales, al tiempo que se suprimirán de forma total las subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal. El pacto introduce además el principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas y prohíbe el uso del burka y el nicab en edificios oficiales por motivos de seguridad y convivencia.
Blindaje de Almaraz
El sector primario y la energía también experimentarán un cambio de rumbo radical. Vox asumirá la consejería del campo con el mandato de blindar al sector frente a las imposiciones de la agenda 2030 y garantizar proyectos vitales como el regadío de Tierra de Barros. En el plano energético, el acuerdo garantiza la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz y la eliminación de la ecotasa energética, apostando por la soberanía frente al avance descontrolado de las fotovoltaicas sobre suelo productivo. Asimismo, en el ámbito educativo, se pondrá fin de forma inmediata al programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí en los centros de la región.
Rebaja fiscal y desalojo exprés
La ambiciosa reforma fiscal será otro de los ejes tractores de la legislatura. PP y Vox han pactado una reducción progresiva del IRPF que sumará un punto porcentual de bajada en los dos primeros tramos autonómicos al finalizar la legislatura. A esto se sumará la ampliación de la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones y una rebaja general de tasas. Finalmente, el nuevo Gobierno garantiza una aplicación firme del desalojo exprés para proteger a los propietarios frente a la ocupación ilegal, reforzando la seguridad jurídica y la protección de las víctimas en toda la comunidad autónoma.