A las diez de la noche del miércoles 21 de junio de 1978, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Tolosa (Guipúzcoa) al policía municipal ANTONIO GARCÍA CABALLERO cuando se dirigía a su domicilio, situado en el barrio de Bidebieta de esta localidad guipuzcoana. El atentado fue perpetrado por miembros del grupo Gamboa de ETA, el mismo que en el mes de marzo había asesinado al sargento retirado José María Acedo Panizo, supuestamente en venganza por la muerte de Txabi Etxebarrieta, primer muerto de la banda terrorista y autor del asesinato del guardia civil José Pardines Arcay.

La víctima, desarmada y vestida de civil, se dirigía a su domicilio. Tres etarras le estaban esperando y, cuando lo vieron aparecer, lo acribillaron a balazos. Dispararon contra él más de catorce tiros, nueve de los cuales le alcanzaron causándole la muerte en el acto. A continuación, los terroristas se dieron a la fuga en un coche Seat 850 robado la tarde anterior por dos personas en Orio, dejando a su propietario, Joaquín María Aizpurúa, amordazado y maniatado en Usurbil. El vehículo fue localizado horas después en Andoain. En el lugar del ametrallamiento se recogieron catorce casquillos de 9 milímetros parabellum, y varios más en el vehículo utilizado por los terroristas.

Antonio había sido amenazado de muerte varias veces. Unos días antes del asesinato, el 17 de junio, varios jóvenes habían intentado quemar su coche, rociándolo con gasolina, pero los gritos de algunas personas que se percataron del hecho hicieron que se dieran a la fuga, aunque el coche quedó bastante dañado. Un compañero de trabajo manifestó, que "Antonio nunca se había metido en asuntos políticos, y ni siquiera hablaba de ellos". Asimismo, señaló que el guardia municipal asesinado iba desarmado, ya que la Policía Municipal de Tolosa no utilizaba armas de fuego.

A las nueve de la mañana del día siguiente, jueves 22 de junio, se reunió con carácter de urgencia el pleno de la gestora municipal de Tolosa que, tras un largo debate, hizo llegar a la prensa su condena por el asesinato del agente municipal. El sindicato Comisiones Obreras, central a la que estaba afiliado Antonio desde noviembre de 1977, hizo público otro comunicado en el que condenaba el atentado y llamaba a los trabajadores a "pronunciarse manifestando su repulsa por el asesinato, ya que sólo la acción decidida de los trabajadores podrá poner fin a este tipo de actos".

Asimismo, la Policía Municipal de Tolosa, reunida en asamblea esa misma tarde, decidió hacer un llamamiento a todos los policías municipales de España para que secundasen una huelga al día siguiente, viernes 23 de junio, en señal de repulsa por el asesinato. El comunicado de la Policía Municipal añadía que Antonio García no estaba vinculado a ninguna ideología, ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. El 23 de junio se registraron paros de los policías municipales en todo el País Vasco. Uno de los mayores paros tuvo lugar en San Sebastián. La población donostiarra se vio desasistida de los habituales servicios que prestaba en la ciudad este cuerpo, al permanecer los ciento cuarenta miembros con que contaba la plantilla encerrados en sus dependencias, con un retén para cubrir los imprevistos urgentes. Mientras que en distintos puntos de San Sebastián fuerzas de la Policía Armada cubrían los servicios normalmente prestados por la Policía Municipal, en la capital vizcaína la Policía del Ayuntamiento de Bilbao realizó un paro simbólico de media hora y el resto del día sus miembros realizaron su trabajo con brazaletes negros en solidaridad con sus compañeros de Guipúzcoa. También la Policía Municipal de Madrid acordó realizar el día 30 de junio paros en cada uno de los turnos como protesta por el asesinato de Antonio García.

Dos días después del asesinato, a las diez de la mañana del viernes 23 de junio, se celebró en la Iglesia de Santa María de Tolosa el funeral de cuerpo presente por el alma de Antonio García Caballero. El funeral fue organizado por la gestora municipal de Tolosa y más de trescientas personas entre familiares, compañeros de profesión y del sindicato Comisiones Obreras, asistieron al oficio.

Ese mismo día, la banda terrorista difundía un comunicado para reivindicar el atentado contra el agente, al que acusó de ser "confidente de las fuerzas represivas".

En 1983 la Audiencia Nacional condenó a José Ignacio Goicoechea Arandia, José Luis Elustondo Oyarzábal y Joaquín Zubillaga Artola, todos miembros del grupo Gamboa de ETA, a sendas penas de 24 años de reclusión mayor por el asesinato del policía municipal.

Antonio García Caballero tenía 26 años, estaba casado y era padre de dos hijos. Natural de Rueca (Badajoz), donde residía su familia, Antonio llevaba diez años ejerciendo su profesión en Tolosa. El agente vivía en una casa de huéspedes de Tolosa, donde trabajaba como conductor de la grúa municipal.

El 21 de junio de 1987 fallecieron FELIPE CAPARRÓS UBIERNA y CONSUELO ORTEGA PÉREZ, dos días después de que la banda terrorista ETA hiciera estallar un coche-bomba en el aparcamiento del centro comercial de Hipercor en Barcelona.

Felipe Caparrós Ubierna tenía 44 años y estaba casado con Ángeles Alemán Sánchez. Trabajaba en la empresa de seguros C.A.P. Internacional S.A. Tenía un 60% del cuerpo quemado y falleció en el Hospital del Valle de Hebrón por una complicación respiratoria. Los médicos del hospital tenían intención de someterle a una operación en la mañana de ese día 21, pero tras realizarle diversos análisis a primera hora de la mañana, decidieron aplazarla. Falleció en torno a las 12:50 horas.

Consuelo Ortega Pérez, de 67 años, sufrió quemaduras graves en el 80% de su cuerpo. Ingresó en estado crítico y falleció en torno a las dos de la tarde. Su hermana Gloria, que estaba con ella en el momento de la explosión del coche-bomba, resultó gravemente herida. Según la sentencia 848/2004 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Gloria "curó de sus lesiones a los 174 días, quedándole graves secuelas, consistentes en cicatrices hipertróficas permanentes en frente, nariz, mejilla izquierda y hemicara derecha; cicatrices en tronco y abdomen, cicatrices y retracciones de comisuras en miembros superiores, cicatrices hipertróficas e hipercrómicas en miembros inferiores y glúteos. Necesidad de intervención en manos y cara".

A las ocho y cuarto de la mañana del 21 de junio de 1993, la banda terrorista ETA asesinaba en Madrid a seis militares y un civil que viajaban en una furgoneta oficial, haciendo detonar a su paso un potente coche-bomba, cargado con 40 kilos de amonal, en la confluencia de las calles de López de Hoyos y de Joaquín Costa. De las catorce víctimas asesinadas ese año por la banda terrorista, siete lo fueron en este brutal atentado.

La furgoneta oficial, una Mercedes de color blanco, había salido a las 7:30 horas de Alcalá de Henares, a unos treinta kilómetros de Madrid, donde residían sus ocupantes. En lo que era su ruta habitual, desde la plaza donde explotó el coche-bomba la furgoneta solía seguir por la calle Joaquín Costa para girar a la izquierda en la plaza de la República Argentina y entrar en la calle de Vitrubio. Al final de dicha calle, esquina con el paseo de la Castellana, se encuentra el Estado Mayor de la Defensa (Emad). Los etarras presenciaron su llegada a la plaza y accionaron a distancia el dispositivo que hizo estallar la mortífera carga. La onda expansiva afectó de lleno al vehículo oficial y el efecto de la metralla acabó con la vida de los siete hombres que viajaban en la misma. Después, sus cuerpos fueron devorados por las llamas. 

Los muertos fueron: el teniente coronel del Ejército de Tierra JAVIER BARÓ DÍAZ DE FIGEROA; el teniente coronel del Ejército del Aire JOSÉ ALBERTO CARRETERO SOGEL; el sargento primero de la Armada JOSÉ MANUEL CALVO ALONSO; el teniente coronel del Ejército de Tierra FIDEL DÁVILA GARIJO; el capitán de fragata de la Armada DOMINGO OLIVO ESPARZA; el funcionario civil del Ministerio de Defensa PEDRO ROBLES LÓPEZ, que conducía el vehículo, y el teniente coronel del Ejército del Aire JUAN ROMERO ÁLVAREZ

La explosión provocó, además de cuantiosos daños materiales, heridas graves a otros cuarenta ciudadanos, incluidos tres niños que esperaban en una parada cercana a que les recogiera el autobús que les llevaría al Instituto Británico de Somosaguas. Se trataba de las hermanas Juana y María Gabriela Cañizo Canto, de 8 y 15 años, y de Luis Gabarda Pery, de 7, rescatado del lugar del atentado en una situación crítica por el policía Emilio Almendros Gomis, que lo trasladó urgentemente al Hospital Gregorio Marañón. El agente fue condecorado un año más tarde, siendo el niño el que le entregó el galardón. El padre de Juana y María Gabriela lo vio todo desde la ventana de su casa.

Además de los tres niños, otras cinco personas resultaron también gravemente heridas: María Antonia Mezquita, Matilde Cuéllar, Fernando Flórez, Sonia Curabia y Juan Carlos Sobrino. El dueño del bar Galaica, situado enfrente del lugar de la explosión, narró lo que vio tras la misma: "Vi a una niña de unos ocho años tumbada en el suelo con la cabeza destrozada, y a otros niños más ensangrentados, a la gente gritando, a dos señoras a las que les faltaba parte del pecho... y una de ellas se abrazó a mí llorando".

Una hora después, hacia las 9:15 horas, un Ford Fiesta, utilizado por los etarras para huir del lugar donde acababan de asesinar a siete personas, estalló ante el número 85 de la calle de Serrano, cerca de la embajada de los Estados Unidos, hiriendo a otras tres personas, dos de ellas de gravedad: Miguel Alvero Suárez, de 26 años, y Carmen Redondo Prado, de 28.  Este segundo atentado provocó una amplia alarma al producirse en un punto equidistante entre las embajadas de Estados Unidos y de Francia y frente al despacho del hijo de Antonio Hemández Gil, expresidente del Consejo General del Poder Judicial.

"Era dantesco ver aquello, y te quedas impresionado. Los cadáveres estaban irreconocibles", declaró Ramón Sáez, titular del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, que acudió al lugar del atentado para proceder al levantamiento de los cadáveres. Las víctimas mortales estaban tan desfiguradas que hubo que numerarlas para que pudieran ser identificadas posteriormente en el Instituto Anatómico Forense.

En 1996 la Audiencia Nacional condenó a José Gabriel Zabala Erasun y a Gonzalo Rodríguez Cordero a sendas penas de 930 años de reclusión por este atentado. El fallo consideró probado que ambos terroristas robaron un Opel Corsa en San Sebastián en marzo de 1992 y lo escondieron en una lonja de esa localidad. En junio de 1993, siguiendo instrucciones de la dirección de ETA para que cargaran el coche con un artefacto explosivo, cambiaron las placas originales por otras falsas y lo trasladaron a Madrid, donde lo entregaron a otros terroristas. Cumplida su misión, los dos volvieron al País Vasco.

Los autores materiales del atentado siguen todavía sin estar juzgados. Las Fuerzas de Seguridad consideran que una de las autoras es María Soledad Iparraguirre, alias Anboto. Ella y su pareja, Mikel Albisu, alias Mikel Antza, fueron capturados el 3 de octubre de 2004 en una casa de Salies de Béarn (suroeste de Francia). El 17 de diciembre de 2010 ambos fueron condenados en Francia a 20 años de cárcel. En el mismo fallo, la justicia francesa dio el visto bueno para su extradición a España donde serán juzgados por diferentes delitos.

Javier Baró Díaz de Figueroa, teniente coronel del Ejército de Tierra de 46 años, era natural de Madrid y vivía en Alcalá de Henares, en un bloque de viviendas militares en el casco antiguo de la localidad. Estaba casado y tenía un hijo y una hija. Perteneció a la 24ª promoción de cadetes de la Academia General Militar de Zaragoza. En el momento de su asesinato estaba destinado en la División de Operaciones del Estado Mayor. Fue enterrado en el panteón de la Brigada Paracaidista del cementerio viejo de Alcalá de Henares.

José Manuel Calvo Alonso, sargento primero de la Armada, tenía 39 años. Natural de Asturias, vivía en Alcalá de Henares (Madrid). Casado y padre de tres hijos, sus restos mortales fueron también inhumados en el panteón de la Brigada Paracaidista del cementerio viejo de Alcalá de Henares.

José Alberto Carretero Sogel, teniente coronel del Ejército del Aire, tenía 43 años. Estaba casado con Lidia y era padre de dos hijas. Tres días antes de ser asesinado por la banda terrorista ETA había recibido la Gran Cruz de San Hermenegildo por sus veinticinco años de servicio activo. Era natural de Getafe (Madrid), donde fue enterrado.
 

Fidel Dávila Garijo, teniente coronel del Ejército de Tierra de 46 años, estaba casado con Magdalena Casas y era padre de dos hijos, Fidel y Ramón. Destinado en la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto, poco antes de su asesinato había regresado de una misión de paz de Naciones Unidas en El Salvador. Por esta misión fue condecorado por el rey Juan Carlos veinte días antes de que ETA hiciese estallar el coche-bomba que acabó con su vida. Vivía en el casco antiguo de Alcalá de Henares (Madrid) y fue enterrado en el panteón de la Brigada Paracaidista del cementerio viejo de esta localidad. El abuelo de Fidel, con el mismo nombre, luchó en las guerras de Cuba y de Marruecos y participó, como General en Jefe del Ejército del Norte, en las batallas de Aragón y Cataluña durante la Guerra Civil española. Su hermano, Juan de Dios Dávila Garijo, decidió presentarse como concejal en Hernani tras el asesinato de Fidel. Estuvo de concejal en esa localidad de 2003 a 2007. Además creó y preside la Fundación Unidad+Diversidad.

Domingo Olivo Esparza, capitán de fragata de la Armada de 45 años, era natural de la pedanía murciana de Balsapintada, situada en el municipio de Fuente Álamo. Estaba casado y tenía cuatro hijos con edades comprendidas entre los dieciocho y los once años. La mayor parte de su carrera la hizo destinado en la base naval de Cartagena (Murcia). Diplomado en Guerra Naval y experto en telecomunicaciones, en Cartagena había desempeñado diferentes labores en la base militar y en la Escuela de Submarinos. Dos años antes de su asesinato pasó a prestar servicio en la base aérea de Torrejón (Madrid), y en el momento del atentado que acabó con su vida estaba adscrito al Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa. Fue enterrado en su localidad natal, con la asistencia de la viuda y sus cuatro hijos, acompañados por más de mil vecinos, amigos y compañeros.

Pedro Robles López, de 57 años y funcionario civil de Defensa, era natural de Santander. Conducía el vehículo oficial en el que trasladaba a seis militares, camino de las sedes del Estado Mayor de la Defensa y el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Estaba casado con Matilde y era padre de tres hijos. Normalmente prestaba servicio por las tardes, pero pasó a doblar turno para sacar un dinero extra para la familia. Pedro Robles fue enterrado en el cementerio de La Almudena (Madrid).

Juan Romero Álvarez, teniente coronel del Ejército del Aire de 52 años, era natural de Cádiz. Casado y con cuatro hijos, sus grandes pasiones eran, además de la familia, la enseñanza y la equitación. En el momento de su asesinato estaba destinado en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, donde impartía clases. El rey Juan Carlos iba a asistir a la clausura del curso académico la misma mañana del atentado que acabó con su vida. Sus restos mortales fueron enterrados en el panteón de la Brigada Paracaidista del cementerio viejo de Alcalá de Henares.

El atentado dejaba un saldo brutal de siete viudas y veinte huérfanos. Hasta el 16 de septiembre de 1993, la banda terrorista ETA no volvió a cometer un atentado con resultado de muerte, pero el 5 de julio, dos semanas después de la masacre de Madrid, ETA secuestró al ingeniero vasco Julio Iglesias Zamora, director general de Ikusi S.A., en el garaje de su domicilio en San Sebastián. Tras el pago de un rescate de varios centenares de millones de pesetas, fue liberado después de 116 días de cautiverio.

El secuestro de Iglesias Zamora provocó una inmensa respuesta de los vascos contra ETA. Muchos ciudadanos de esa comunidad autónoma participaron masivamente en manifestaciones, encierros o campañas como la del lazo azul, que implicaba un compromiso público contra el terrorismo, algo difícil de manifestar en el País Vasco. En relación a esta reacción, Florencio Domínguez escribió: "Los sectores afines a la organización terrorista comprueban cómo el movimiento pacifista es capaz de mantener una movilización continuada ocupando la calle para expresar su rechazo a la acción de ETA. Quienes, despreciando la legitimidad democrática de las urnas, basaban toda su legitimidad en la fuerza y en la ocupación de la calle, se ven expulsados también en este ámbito".