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Siete asesinados en cinco atentados: de José Artola al matrimonio Jiménez-Becerril

El 30 de enero es un día en el que muchas familias tienen que recordar a sus seres queridos. Ese día fueron asesinados el representante de comercio José Fernando Artola Goicoechea (1979); el comandante Manuel Rivera Sánchez y el conductor Ángel José Ramos Saavedra (1987); el policía nacional Ignacio Pérez Álvarez (1990); el vendedor Eugenio Olaciregi Borda (1997); y el matrimonio formado por el político popular, Alberto Jiménez Becerril y su mujer, la abogada y procuradora Ascensión García Ortiz (1998).

El martes 30 de enero de 1979 ETA asesinaba en Anzuola (Guipúzcoa) a JOSÉ FERNANDO ARTOLA GOICOECHEA. ETA justificó el asesinato acusándolo de ser un confidente. Sin embargo fuentes policiales manifestaron que José Artola era simplemente "un hombre de derechas", pero que no era confidente de la Policía ni de la Guardia Civil.

José Fernando había sido amigo de Luis Candendo Pérez, trabajador de Altos Hornos de Vizcaya y militante de UCD, que también fue asesinado en Anzuola por ETA el 9 de noviembre de 1978. Su viuda fue una de las asistentes al funeral que se celebró el miércoles 31 de enero en la iglesia parroquial de la localidad guipuzcoana, al que asistieron unas 400 personas.

Tras recabar datos sobre José Fernando, miembros del grupo Besaide de ETA hicieron un primer intento de asesinarlo el 28 de enero, pero no lo consiguieron al no localizar a su víctima. Dos días más tarde repitieron la operación. Robaron un coche en Zumárraga, introdujeron a su propietario en el maletero y se dirigieron a Anzuola. Cuando José Fernando se encaminaba hacia su domicilio, acompañado por un vecino, los pistoleros se pusieron a su altura y le dispararon, perforándole el hígado y el diafragma. Falleció mientras era trasladado al Centro de Urgencias de Vergara.

En diciembre de 1981 la Audiencia Nacional condenó a José Ramón Bidaburu Otaduy, Félix Bengoa Unzurrunzaga y Ramón Arzamendi Medinabeitia a 26 años de prisión por este atentado.

José Fernando Artola Goicoechea, de 54 años, era natural de Hernani. Era representante de comercio, estaba casado y tenía dos hijos.

El año 1987, año de las masacres de Hipercor en Barcelona y la casa cuartel de Zaragoza, lo inició ETA asesinando con el método del coche-bomba a ÁNGEL JOSÉ RAMOS SAAVEDRA, conductor de un autobús de militares que se dirigía a la Academia General Militar de Zaragoza, y al comandante de Ingenieros del Ejército de Tierra MANUEL RIVERA SÁNCHEZ.

Eran las 8:00 horas del 30 de enero de 1987. Cuando el autobús llegaba a la plaza de César Augusto frente a la iglesia de San Juan de los Panetes, el coche bomba fue activado a distancia por Henri Parot, que inmediatamente emprendió la huida en un vehículo conducido por otro terrorista.

El estallido de la furgoneta-bomba, cargada con 50 kilos de Goma2 y otros tantos kilos de tornillos y tuercas, causó lesiones de diferente gravedad a decenas de militares (veintisiete) y civiles (trece). Entre los heridos, cuatro lo fueron de gravedad. Varios de ellos quedaron incapacitados para ejercer su profesión y tardaron meses en recuperarse. Entre ellos, Abundio Tapia Santamaría que requirió asistencia médica durante 1.030 días y quedó absolutamente incapacitado para ejercer su profesión como militar.

Además, la onda expansiva afectó a numerosas tiendas y edificios en un área de 600 metros, entre ellos el Gobierno Civil de Zaragoza y los Juzgados. Muchas viviendas tuvieron que desalojarse durante meses hasta que pudieron ser restauradas.

En 1993 fue condenado por este atentado Henri Parot, determinando la sentencia que fue quien estacionó y activó el mecanismo de la bomba al paso del autocar militar. En 2002 fueron condenados, como cooperadores necesarios en el atentado, Francisco Múgica Garmendia y José María Arregui Erostarbe.

Ángel José Ramos Saavedra tenía 47 años y murió en el acto. Natural de La Coruña, estaba casado y tenía dos hijos. Fue enterrado en el cementerio de Cerdañola del Vallés (Barcelona).

El comandante Manuel Rivera Sánchez, de 45 años, era natural de Viveros (Albacete). Casado y con tres hijos, ejercía como profesor en la Academia General Militar. Falleció pocas horas después de ingresar en el Hospital Clínico de Zaragoza.

El 30 de enero de 1990 es asesinado en Galdácano (Vizcaya) el policía nacional JOSÉ IGNACIO PÉREZ ÁLVAREZ. Era la primera víctima mortal de las 25 de ese año. Un testigo presencial de los hechos explicó que el agente salía de tomar unos vinos en el Bar Los Claveles, al que solía acudir diariamente. Cuando se disponía a abrir la puerta de su vehículo en torno a las 15:00 horas hizo explosión una bicicleta bomba colocada junto al automóvil. El estallido del artefacto compuesto por unos diez kilos de explosivo y metralla accionados a distancia, lo alcanzó de lleno y le causó la muerte en el acto. Otras dos personas resultaron heridas. La potencia de la bomba fue tal que derrumbó la pared contra la que estaba apoyada la bicicleta.

Era la primera vez que ETA recurría a la bicicleta bomba para asesinar. Once años después, el 28 de junio de 2001, ETA volvería a utilizar el mismo método para asesinar al general de Brigada Justo Oreja Pedraza en la madrileña calle de López de Hoyos. El general fallecería un mes después.

En abril de 2006 fue entregado temporalmente por Francia, y por tercera vez, el exdirigente de ETA Julián Achurra Egurola, alias Pototo. Fue juzgado y condenado por varios delitos, entre ellos por dar las órdenes y proporcionar el dinero y el material necesario para el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. También estaba acusado de confeccionar el explosivo e instruir a los autores materiales del atentado que acabó con la vida de José Ignacio Pérez Álvarez.

José Ignacio Pérez Álvarez era natural de Villagatón (León), aunque residía en Galdácano desde hacía ocho años. Había ingresado en el Cuerpo Nacional de Policía en 1978, y estaba destinado en la Comisaría de Basauri desde marzo de 1979. En el momento de su asesinato formaba parte de la sección de automoción del cuartel de Basauri, en calidad de funcionario de la Escala Básica. José Ignacio era uno de esos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, por antigüedad, podría haber buscado un destino más tranquilo fuera del País Vasco. Sin embargo, estaba perfectamente integrado en la sociedad vasca, ahí formó su familia y ahí vivió durante once años, hasta que unos asesinos decidieron acabar con su vida. Tenía 39 años, estaba casado y dejaba huérfanos a tres hijos: una niña de 4 años y dos varones de 10 y 14 años.

Poco después de las 15:00 horas del jueves 30 de enero de 1997 la banda terrorista ETA asesinaba en San Sebastián a EUGENIO OLACIREGUI BORDA. La víctima acababa de salir de su domicilio y se disponía a acudir a su trabajo en la vecina localidad de Oyarzun. Cuando se dirigía a la parada del autobús, un pistolero se le acercó por detrás y le disparó en la nuca. Lo trasladaron urgentemente al Hospital Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

La víctima trabajaba como vendedor desde hacía tres lustros en una conocida tienda de bicicletas ubicada en la Avenida de la Libertad, de San Sebastián. Hacía pocos meses que le habían trasladado al almacén que la misma empresa tiene en Oyarzun.

La banda asesina intentó justificar el asesinato de Eugenio relacionándolo con la detención del terrorista Valentín Lasarte Oliden en marzo de 1996. La detención se produjo horas después de que uno de los asesinos de Gregorio Ordóñez y Fernando Múgica hubiese comprado una bicicleta en la tienda Hiper Bike Sport, en la que trabajaba Olaciregui. En su momento se informó oficialmente de que la llamada de una persona permitió a la Ertzaintza detener al etarra. Posteriormente, uno de los hermanos de Lasarte amenazó por medio de una carta a la persona que había facilitado la información y le recomendaba que se fuese del País Vasco. Sea como fuere, ETA volvió a erigirse en juez y verdugo, llegando, sin ninguna base, a la conclusión de que fue Eugenio quien avisó de la presencia de Lasarte en Oyarzun. Además, dentro de su siniestra estrategia, decidió que su asesinato podría servir de escarmiento para aquellos que quisieran colaborar con las fuerzas de seguridad.

Los testimonios de los vecinos, compañeros y familiares dejaron claro que Olaciregui era un hombre totalmente apolítico y volcado en su familia. "No sé cómo habrán salido las órdenes para matar a este chico, pero es una barbaridad", comentaba tras el atentado el suegro de Eugenio. Aficionado a la bicicleta y amante apasionado de la Real Sociedad, vivía en un piso pequeño y ni siquiera tenía carné de conducir.

El 9 de enero de 2011 Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio, contaba en El Mundo que Eugenio Olaciregui no tuvo nada que ver con la detención de Valentín Lasarte, cooperador necesario en el asesinato de su hermano. Y cuenta cómo años más tarde una persona se le acercó en el ascensor: "Me dijo: 'Quiero que sepas que yo fui el que delató al asesino de tu hermano; estaba comprando en el centro comercial, le vi y llamé a la Policía porque tenía cuentas pendientes con ellos (ETA)'". Como apunta Consuelo en El Mundo, Eugenio "fue confundido con alguien que no era. Fue asesinado por un fantasma".

El 15 de julio de 2004 el etarra Aitzol Gogorza Otaegui fue extraditado temporalmente, y por un periodo de seis meses, por las autoridades de Francia, donde cumple una condena de 10 años de prisión dictada el 27 de marzo de 2003 . Aitzol Gogorza, alias Fermin, participó directamente en el atentado contra el funcionario de Instituciones Penitenciarias Juan José Baeza (herido grave tras ser tiroteado el 16 de abril de 1997) y dio las informaciones que facilitaron el asesinato de Eugenio Olaciregui Borda. Integrado como miembro legal en la estructura del grupo K-Donosti de ETA, tenía la misión de recopilar información sobre posibles objetivos terroristas.

Eugenio Olaciregui Borda tenía 39 años. Estaba casado con Koro Villarta y era padre de dos niñas: Ainara, de nueve años, y Maialen, de tres.

Tres semanas después del asesinato en Zarauz de José Ignacio Iruretagoyena, ETA volvía a atentar contra un concejal del Partido Popular. El asesinato en Sevilla el 30 de enero de 1998 del matrimonio formado por ALBERTO JIMÉNEZ BECERRIL y ASCENSIÓN GARCÍA ORTIZ causó una enorme conmoción en todos los españoles de bien. El matrimonio volvía de cenar con unos amigos cuando dos miembros de ETA les dispararon por la espalda en una céntrica calle sevillana provocándoles la muerte casi en el acto. Cada terrorista llevaba una pistola y, como se supo posteriormente en el juicio, acordaron que uno de ellos dispararía contra el edil y el otro contra su mujer para evitar que sus gritos alertaran al vecindario. Con el objeto de sincronizar su acción, los asesinos determinaron que contarían hasta tres e inmediatamente abrirían fuego contra las víctimas sin darles opción a defenderse.

En junio de 1999 la Audiencia Nacional condenó a José Luis Martín Barrios y a Mikel Azurmendi como autores del doble asesinato a 30 años de reclusión mayor. Fueron detenidos en marzo del 98 y declararon que, tras el asesinato del matrimonio, se trasladaron a un piso franco y celebraron su acción "con una cena especial y sidra" en unión de la etarra María Teresa Pedrosa.

Alberto Jiménez Becerril, licenciado en Derecho e Historia, tenía 37 años y era concejal del PP en Sevilla, teniente de alcalde y hombre de confianza de la alcaldesa, Soledad Becerril. Ascensión García Ortiz tenía 39 años, era licenciada en Derecho y trabajaba en un despacho de abogados como procuradora de los tribunales. Dejaban huérfanos a tres niños: Ascensión (9 años), Alberto (6 años) y Clara (5 años).

Era la octava vez que la actividad asesina de ETA dejaba huérfanos de padre y madre. El 13 de septiembre de 1974, la bomba que explotó en la cafetería Rolando de Madrid mató a 13 personas, entre ellas a Baldomero Barral y María José Pérez Martínez, que tenían dos hijos (Rafael y Baldomero). El 25 de octubre de 1986 fueron asesinados el gobernador Militar de Guipúzcoa, Rafael Garrido Gil, su esposa Daniela Velasco y el quinto de sus seis hijos, Daniel. En la masacre de Hipercor, el 19 de junio de 1987, fueron asesinadas 19 personas, entre ellas el matrimonio formado por Rafael Morales Ocaña y Teresa Daza Cecilia, que dejaron huérfano a un niño de dos años. El 11 de diciembre de 1987, en el brutal atentado contra la casa cuartel de Zaragoza que costó la vida a 11 personas, murió el matrimonio formado por Emilio Capilla Tocado y María Pilar Franco, además de su hija Rocío, dejando huérfano al otro hijo, Emilio, de nueve años. En el mismo atentado fallecieron José Pino Arriero, su esposa María del Carmen Fernández, y Silvia, uno de sus tres hijos. Quedaron huérfanos José María, de 13 años, y Víctor, de 10. El 29 de mayo de 1991, otro coche bomba explotó en la casa cuartel de Vic, acabando con la vida de nueve personas, entre ellas Juan Chicoa Ales y Nuria Ribó Perera, que tenían un hijo de tres años. El 19 de febrero de 1992, de nuevo un coche bomba dirigido contra un furgón policial mató en Santander a Antonio Ricondo Somoza y al matrimonio formado por Eutimio Gómez Gómez y Julia Ríos Roz, dejando huérfanos a sus hijos Jesús y Silvia, de 16 y 18 años.

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