El Gobierno rechaza de plano abordar la modificación de la regulación actual de la huelga en nuestro país. Y ello a pesar de reconocer los "abusos claros" que se cometen y de que, a las puertas de una nueva protesta, advierten de indicios serios de "brotes violentos" que pudieran producirse en sucursales bancarias consecuencia del drama de los desahucios. También en clave interna el debate es recurrente, no siendo minoría quienes creen que habría que crear un marco regulatorio para controlar "un derecho que, en más de una ocasión, se ha convertido en injusticia social".
El debate lo abrió, como manda la tradición popular, Esperanza Aguirre. Así lo hizo, por ejemplo, cuando la huelga de los controladores aéreos bloqueó el país durante días. Recordó entonces, y ahora apuntan varios diputados, que existe un mandato constitucional en este sentido, pero que no está desarrollado: "Aprobar una ley no se me ocurre a mí, lo manda la Constitucional", expuso. Esta misma semana, la presidenta del PP de Madrid abogó por la prohibición de las huelgas "políticas", como considera que es la convocada el 14-N.
En el gabinete de Mariano Rajoy admiten el hartazgo por una nueva convocatoria "de índole político" que, aseguran, no será secundada por una inmensa mayoría pero que ofrecerá una imagen pésima del país. Amén de la "alta posibilidad" de disturbios, que ha obligado -en el caso de Madrid- a la Delegación del Gobierno a estudiar muy enserio la amenaza. Pero, puesta esta base, descartan entrar en un asunto que consideran "un problema", y que creen que les pondría al resto de formaciones políticas en contra.
Fuentes tanto ministeriales como de la dirección del Grupo Popular se escudaron en el Programa Electoral del PP para recordar que en ninguno de sus apartados aparecía, ni tan siquiera se sugería, una Ley de Huelga que regule las protestas. Y, por ello, oficializaron que tal extremo no está en el plan de reformas de la vigente legislativa. "No está en el ánimo del Gobierno", se incidió formalmente.
Actualmente, el derecho constitucional a ejercer la huelga está regulado en nuestro sistema jurídico por un Real Decreto emitido en el año 1977. En dicho real decreto se establecen los cánones por los que actualmente los trabajadores pueden hacer huelga sin que los empresarios puedan emprender represalia alguna contra ellos. Dicha ley también recoge que la huelga es "ilegal cuando se inicie o sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados", informa Ángela Martialay.
Rajoy: "No caben soluciones milagreras"
La respuesta del presidente a la amenaza de huelga no fue otra que reafirmarse en las medidas económicas emprendidas, en especial las relativas al mercado laboral y financiero. "Se están empezando a percibir los resultados de los esfuerzos de la sociedad española", dijo en un foro repleto de directivos en Valencia. "No caben soluciones milagreras, sino constancia en el rumbo", añadió en un mensaje dirigido a los convocantes, para rematar que "las medidas de austeridad son imprescindibles".
En privado, la idoneidad -o no- de desarrollar el mandato de la Constitución se instaló en el PP generando un debate de pasillos interesante. Fueron varios los que consideraron que en los paros generales llegan a darse "españoles de primera y de segunda, siendo los huelguistas quienes tienen más derechos". Tendría que haber, coincidieron, un marco que respetara "todos los derechos" y evitar "los abusos".
Ahora bien, también hubo quienes pusieron matices a esta corriente. Lo primero, resaltaron el "peligro de que no se nos entendiera bien". O que "se utilizara esto por la izquierda para decir que amordazamos y no queremos libertad". Una propuesta así, en voz de un miembro de la dirección, "sería hoy por hoy sacar a más gente en contra del Gobierno. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para que quienes se manifiestan se den cuenta de que estamos haciendo lo que hay que hacer". Sea como fuere, Rajoy ni tan siquiera tiene en mente estudiar dicha posibilidad.