Durísima respuesta del Sindicato Unificado de Policía (SUP) al editorial de El País de este jueves, que respondía a la información de El Mundo de ayer en la que se manifestaba que el hijo pequeño de Jordi Pujol compró sedes del Grupo Prisa en 2008.
Dice El País, entre otras muchas cosas, que "la agitación orquestada por parte de la prensa de la caverna (veánse las ediciones de La Gaceta y El Mundo), y la irrupción extemporánea del SUP pronunciándose al respecto, permiten suponer, entre otras cosas, que el control de los cuerpos de seguridad por parte de los responsables políticos es en gran medida inexistente. O lo que sería peor: que es absoluto y se emplea con fines partidistas, sin respeto al ordenamiento legal y con desprecio al amparo judicial efectivo que la Constitución garantiza a todo ciudadano".
A través de un comunicado, el SUP señala que "El País, acostumbrado a variar pautas de actuación de gobiernos con sus editoriales, no quiere entender que su tiempo de esplendor ya pasó; que no aceptamos que expidan carnés de nada quienes acostumbran a poner etiquetas a los demás cuando en la práctica hacen lo mismo que critican o lo contrario de lo que defienden; quizás no entienden que ellos no son la opinión pública y que en democracia un sindicato de policías tiene derecho a expresar su opinión sobre los asuntos que nos afectan (la corrupción y la democracia, entre otros) sin que el diario socialisto pueda hacer nada para evitarlo. Podemos opinar aunque no coincidamos con El País y sin tenerlos como guía espiritual de referencia".
Pero no sólo reivindica el SUP ese derecho a la libertad de expresión, sino que también recuerda al rotativo de Prisa que "sin una policía formada y limpia nada podrían hacer las Autoridades judiciales contra la corrupción. ¿A qué policía del "comando Rubalcaba" que no haya pisado nunca la calle le han preguntado para decir la barbaridad de que no podemos investigar nada sin expresa autorización judicial? ¿Qué conocimiento de la realidad tiene el primer diario del país para aseverar tal cosa?", se pregunta. No es la primera vez que el SUP señala que la policía puede investigar sin orden judicial. Ya lo explicaron a través de otro comunicado el pasado día 24.
Asimismo, el sindicato policial rememora implícitamente cómo El País fue el primero de tirar de filtraciones policiales hace pocos años. "En España hay policías de todas las ideologías porque las ideas son libres en democracia; la mayoría de ellos cumplen profesionalmente con su trabajo que en algún caso han conseguido una ardua defensa del diario El País (por ejemplo, en los conocidos como 'caso Bono', 'caso ácido bórico' o 'caso Gurtel').
El SUP echa la vista atrás y se acuerda de cuando, "a principios de los ochenta" el diario de Prisa y su director entonces, Juan Luis Cebrián, "se destacaron por apoyar (junto a Diario16) los movimientos sindicales entonces clandestinos en la Policía. Eran ilegales pero entendía el diario entonces progresista que eran necesarios cambios (...)".
"No se ha combatido la corrupción en Cataluña"
Y entrando ya de lleno en la corrupción, el SUP afirma que "muchos policías, y nosotros como organización sindical, tenemos la impresión de que no se ha combatido la corrupción en general, la corrupción política en particular y en especial en Cataluña con el rigor que exigen las leyes".
Los policías concluyen afirmando que "estamos dispuestos a actuar jurídica y sindicalmente para combatir la corrupción como lo que es, una plaga tan dañina para la democracia como el terrorismo, un cáncer social que hay que estirpar". Y añade: "Ya sabemos que en esta situación El País estará exigiendo a los responsables políticos que identifique y sancione a los policías decentes para que puedan seguir campando a sus anchas los corruptos. Bueno es saber dónde está cada cual".
Esta denuncia, sobre la inacción judicial cuando se topa en las investigaciones policiales con políticos o conocidos empresarios, ya fue denunciada por este sindicato a finales del mes de noviembre, el mismo día que repartieron a los medios de comunicación el borrador de la UDEF que centró la campaña electoral de las pasadas elecciones catalanas.