El Gobierno da un primer paso ante el desafío catalán. En Santiago de Chile, Mariano Rajoy desveló que va a encargar un informe a la Abogacía del Estado para que decida si hay que recurrir o no la declaración independentista aprobada por el Parlamento autonómico y, en caso de no hacerlo, si podría tener consecuencias en el futuro.
Este informe será solicitado formalmente este viernes por el Consejo de ministros, informó el propio Rajoy en conversación informal con periodistas. También dijo que está "muy tranquilo"a pesar de la escalada de tensión. Su máxima, reiteró, no es otra que actuar "con la Constitución y la ley" en la mano, informa Efe.
Sólo unas horas antes, en Lima, el presidente incluyó una breve mención al desafío catalán en una declaración institucional junto a su homólogo peruano, Ollanta Humala, tras la que no se admitieron preguntas, por petición expresa del país anfitrión según la Moncloa. Pese a la expectación generada -"Hay que esperar a lo que diga", insistieron durante toda la jornada portavoces autorizados-, Rajoy no anunció ninguna medida "política" ante la resolución del Parlamento regional, como se sugirió, y se limitó a reiterar que su obligación es "aplicar la Ley" e impedir la celebración de un referéndum.
Tal fue la tibieza, que la presión mediática vira ahora hacia la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, que corre a cargo de Soraya Sáenz de Santamaría. Según varias fuentes, una mayoría del gabinete apuesta por una respuesta contundente desde el punto de vista político, toda vez se asegura que el órdago de la Cámara de Barcelona no tiene "efectos jurídicos" y, en consecuencia, no se puede presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.
"Se están estudiando las posibles acciones", se limitan a decir oficialmente. El plan Ibarrtexe, aseguran, "nos enseñó a que tenemos que cortar el paso desde un prisma político, pero no jurídico". La vicepresidenta es la encargada de diseñar esta operación, de la que todavía existen muchas dudas.
Rajoy vuelve a apelar al diálogo
Desde luego, el jefe del Ejecutivo no ayudó a resolver los interrogantes. Utilizando como percha las dramáticas cifras de la EPAy el anuncio de prorrogar los 400 euros de ayuda a quienes han agotado la prestación por desempleo, Rajoy hizo una petición: "No debemos distraernos de este objetivo esencial", que es la lucha contra la crisis económica. Y fue entonces cuando utilizó unos pocos segundos para despachar la polémica.
Como es habitual en él, no mentó en ningún momento a Artur Mas, presidente de la Generalidad. Pero, en este caso, ni tan siquiera se refirió expresamente a Cataluña. "Pretender poner en tela de juicio todo, aprobar resoluciones que no están en el espíritu constitucional,no sirve para nada", fue su reflexión de partida, con tono sosegado pero solemne.
Si bien, una vez más, apostó por "la convivencia y el diálogo". Ya el lunes, ante los suyos en el Comité Ejecutivo del PP, afirmó que ésta será su intención hasta las últimas consecuencias. En Moncloa, de hecho, recuerdan que Mas visitará Madrid en fechas próximas, si bien aún no es pública la fecha.
Para finalizar, el presidente proclamó que "el Gobierno, como es su obligación, aplicará la ley siempre". Esto es, que no permitirán la celebración de una consulta preguntado por la independencia, habida cuenta de que no entra en los márgenes de la Constitución. "Es el presidente de todos los españoles, tiene que medir mucho sus palabras", justificaron en el Ejecutivo para contextualizar la templanza de su primera reacción a la declaración independentista.