De los más de 2.000 trabajadores con que cuenta la Diputación de Sevilla, gobernada por el PSOE desde 1979, sólo 101, un 5%, son funcionarios. 1.100 son personal laboral y 122 cargos de confianza. Pero la "tela de araña" va mucho más allá de ello porque ha penetrado la estructura laboral permanente de la Diputación ya que desde 1993 no ha habido oposiciones y desde 1998 se han sucedido arbitrarios procesos de selección para el personal. La Diputación de Sevilla lleva más de 15 años contratando a quien le da la gana al PSOE y a los sindicatos. Es lo que trata de remediar un juez que ha exigido se entregue a la oposición popular toda la documentación sobre el personal. Libertad Digital publicó hace ya tres años una serie de La Tela de Araña sobre la perversión institucional existente en la Diputación de Sevilla.
El juzgado de lo contencioso administrativo número 13 de Sevilla ha condenado al ente supramunicipal, presidido por socialista anti Rubalcaba Fernando Rodríguez Villalobos, a revelar los datos de su plantilla. La Diputación ha servido para «recolocar» a alcaldes de la provincia que han perdido elecciones y a otros cargos del PSOE que, dadas las interminables luchas en el aparato orgánico, han quedado fuera de la dirección del partido.
El fallo, apunta La Razón, coincide con la decisión del Gobierno central de impulsar la reforma de la Administración local, que reduce en un tercio el número de concejales existentes, suprime las duplicidades y, en materia de personal, limita el número de asesores y del personal eventual.
El fallo concede al PP el derecho a conocer la valoración de los puestos de trabajo, el número de procesos judiciales en curso y la relación nominativa de las plantillas y la copia de los contratos de alta dirección de las sociedades y organismos de la entidad: Sevilla Activa, Casa de la Provincia, Opaef e Inpro.
A juicio del portavoz popular en la Diputación, Eloy Carmona, esta sentencia "demuestra la doble moral del PSOE de Sevilla, que por una parte pide transparencia para los demás y por otro niega información a la oposición". Carmona recordó que su partido ha pedido en reiteradas ocasiones conocer el número de personas que trabajan en la Diputación, dados los "reiterados casos de enchufismo" que se han producido en la institución. Villalobos, de su lado, ha argumentado que otorgar dicha información supone un esfuerzo "desmedido" para los departamentos que integran el organismo.
Sólo en dirigentes socialistas contratados directamente a través de una resolución de la Presidencia se cuentan 60, que estos días se están multiplicando gracias al sistema de ‘rotación’ de altos cargos puesto enmarcha por su presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, a la sazón presidente del partido, para multiplicar las contrataciones.
Según los sindicatos, a veces cómplices de la situación, existen unas 400 vacantes de funcionarios que se suplen con esas contrataciones, de las que no tienen ningún dato. La falta de transparencia es aún mayor en las empresas públicas y entes dependientes de la Diputación.
El PP reveló ayer los siguientes datos:
- La Casa de la Provincia tiene seis empleados de personal laboral y dos contratos de alta dirección;
- El Opaef (organismo provincial de asistencia económica y fiscal) cuenta con tres contratos de alta dirección, cinco funcionarios y 189 ‘laborales’;
- la empresa de fomento Sevilla Activa cuenta con tres contratos de alta dirección y 27 laborales
- Prodetur, dedicada al turismo, tiene en plantilla 118 ‘laborales’ y cinco de alta dirección.
En los organismos públicos dependientes de la Diputación de Sevilla sólo trabajan cinco funcionarios frente a 408 contratados y 15 directivos.
El caso de los 400 enchufados en un año
En las cuentas generales del ejercicio 2006 de la Diputación sevillana aparecían registrados un total de 2.316 empleados, mientras que ya en 2007 se contaban 2.713 trabajadores, casi 400 más, con una bajada en 51 efectivos de los funcionarios de carrera. ¿Cómo habían entrado, pues, estos empleados públicos de la Administración Local? Repárese en que no estamos hablando de personal de libre designación, sino de empleados de la plantilla estructural de la Diputación (de la Relación de Puestos de Trabajo, en términos técnicos)
Naturalmente, el PP registró por escrito una solicitud de explicación sobre las condiciones en que estos trabajadores habían entrado en la Diputación, con petición de documentación e información, "porque si no han entrado por una puerta –en alusión a la oferta de empleo público, cuya última convocatoria fue anulada judicialmente en 2004– han tenido que hacerlo por otra y si no se explica, tendremos que pensar que ha sido el dedo socialista el que lo ha hecho", expresó el entonces portavoz del PP, Juan Bueno.
Dicho de otro modo, en solo un año, el personal de la Corporación sevillana se vio incrementado en casi un 20% - recuérdese, de 2.316 empleados a 2.713 - cubriendo esos puestos de trabajo no a través de una convocatoria pública sino, presumiblemente, a través de "colocaciones" arbitrarias o a lo sumo, procedimientos opacos.
En el mismo informe se comprobaba que se redujo el número de funcionarios, que pasó de 873 en 2006 a 822, pero se incrementaron sustancialmente tanto el número de personal laboral fijo, que pasó de ser 890 a 1.099 empleados, como el de laboral contratado, que en 2007 alcanzó los 695 contratos frente a los 457 del año anterior. Por lo que respecta al personal eventual, en el que se incluyen los cargos de confianza, sólo se incrementó en uno situándose en 97 personas.
"Consenso" con los sindicatos
La respuesta del Gobierno provincial ante estos hechos fue que esas convocatorias se habían publicado «en los tablones» de la Corporación.[1] El propio presidente socialista de la misma, Fernando Rodríguez Villalobos, arguyó que en la institución se llevaban a cabo muchas contrataciones en virtud de los fondos europeos para justificar el descontrol. Además, explicó que los trabajadores habían entrado en base a procesos de selección "consensuados con los sindicatos" y planes y programas de empleo, reconociendo que tales empleos habían sido ocupados sin conocimiento del público.
Al menos un gran sindicato, UGT, había participado en el enjuague y los contratados lo habían sido con su consentimiento porque en la Diputación de Sevilla, incluso Comisiones Obreras ha denunciado el enchufismo existente.
La cosa fue tan clara e inexplicable, en términos legales, que hasta el diario socialista "El Correo de Andalucía" tituló: "La Diputación infló la plantilla con 400 contratos en 2007".