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El PP cree que "los papeles" de 'El País' fueron "presumiblemente prefabricados ad hoc"

Mayor Oreja, Arenas, Rato y Acebes se suman a las acciones judiciales presentadas por el PP. 

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Los servicios jurídicos del PP han elaborado una demanda muy dura contra el diario El País. Presentada este miércoles por la mañana, se asegura que "la difusión premeditada e irresponsable, inexplicable en un medio de comunicación, de documentos cuya autenticidad, veracidad o autoría no se ha contrastado ni de otro modo consta a quien los difunde, pone evidentemente de manifiesto el criticable e inexistente rigor profesional y mala praxis de lo que hace".

En el texto, se insiste en que en ningún caso existió financiación opaca: "El PP lleva, y siempre ha llevado, una única contabilidad", que contó con la supervisión y control del Tribunal de Cuentas. Decir lo contrario, concluye, es "falso, temerario y tendencioso". Y de ahí que los demandantes consideren que lo que subyace es "una clara intención de dañar la imagen y buena reputación" del PP.

Además, y es un capítulo importante, se pone esmerado empeño en resaltar que todo parece indicar que los tan traídos papeles de Bárcenas son, en realidad, un corta y pega. "Presumiblemente prefabricados ad hoc", se reseña. En otro momento se habla de "documentos falsos y muy probablemente manipulados".

Por todo ello, el PP y el resto de demandantes -Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Ángel Acebes y Javier Arenas- resumieron en cuatro sus exigencias:

  • Se declare que por parte de los demandados se ha vulnerado el derecho de honor de los demandantes.
  • Se declare que dicha vulneración ha supuesto un daño efectivo en la imagen y prestigio de los demandantes.
  • Se condene a los demandados a la publicación a su costa, de la Sentencia dictada en estos autos estimada de la demanda, en los mismos medios utilizados para divulgar y poner a disposición de su partido los artículos ofensivos, y durante los mismos días en que se han publicado las informaciones objeto del presente procedimiento.
  • Abonar en concepto de indemnización de daños y perjuicios, que incluye el daño moral, a los demandantes el importe de 500.000 euros, que será destinado a organizaciones de carácter social.

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