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El PP cree que "los papeles" de 'El País' fueron "presumiblemente prefabricados ad hoc"

Mayor Oreja, Arenas, Rato y Acebes se suman a las acciones judiciales presentadas por el PP. 

Los servicios jurídicos del PP han elaborado una demanda muy dura contra el diario El País. Presentada este miércoles por la mañana, se asegura que "la difusión premeditada e irresponsable, inexplicable en un medio de comunicación, de documentos cuya autenticidad, veracidad o autoría no se ha contrastado ni de otro modo consta a quien los difunde, pone evidentemente de manifiesto el criticable e inexistente rigor profesional y mala praxis de lo que hace".

En el texto, se insiste en que en ningún caso existió financiación opaca: "El PP lleva, y siempre ha llevado, una única contabilidad", que contó con la supervisión y control del Tribunal de Cuentas. Decir lo contrario, concluye, es "falso, temerario y tendencioso". Y de ahí que los demandantes consideren que lo que subyace es "una clara intención de dañar la imagen y buena reputación" del PP.

Además, y es un capítulo importante, se pone esmerado empeño en resaltar que todo parece indicar que los tan traídos papeles de Bárcenas son, en realidad, un corta y pega. "Presumiblemente prefabricados ad hoc", se reseña. En otro momento se habla de "documentos falsos y muy probablemente manipulados".

Por todo ello, el PP y el resto de demandantes -Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Ángel Acebes y Javier Arenas- resumieron en cuatro sus exigencias:

  • Se declare que por parte de los demandados se ha vulnerado el derecho de honor de los demandantes.
  • Se declare que dicha vulneración ha supuesto un daño efectivo en la imagen y prestigio de los demandantes.
  • Se condene a los demandados a la publicación a su costa, de la Sentencia dictada en estos autos estimada de la demanda, en los mismos medios utilizados para divulgar y poner a disposición de su partido los artículos ofensivos, y durante los mismos días en que se han publicado las informaciones objeto del presente procedimiento.
  • Abonar en concepto de indemnización de daños y perjuicios, que incluye el daño moral, a los demandantes el importe de 500.000 euros, que será destinado a organizaciones de carácter social.

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