El Gobierno dio un paso más para impedir la intentona secesionista en Cataluña. "Nadie puede estar por encima de la ley", enfatizó Soraya Sáenz de Santamaría poco antes de que el Tribunal Constitucional recibiera la impugnación, al no tener rango de ley, de la declaración del Parlamento regional.
Para los servicios jurídicos del Gobierno, el texto es inconstitucional a todas luces toda vez se define como "sujeto político y jurídico soberano". El informe del Consejo de Estado se pronuncia en este sentido. Y de ahí que, al término del Consejo de Ministros, la vicepresidenta insistiera en que "todos" tienen "la obligación" de acatar la Constitución y demás resoluciones judiciales.
La portavoz, que censuró la escalada de tensión dialéctica de la Generalidad, expuso que ya se habían remitido a la abogacía del Estado "todos los documentos" que "necesitan la autorización del presidente del Gobierno" así como "el certificado" del acuerdo del Consejo. Con el trámite hecho, el Alto Tribunal tendrá ahora que tomar una decisión, ya con la impugnación registrada. "Todos los cargos y poderes públicos tienen la obligación de respetar los procesos que estén en el TC", recordó Sáenz de Santamaría, adelantándose a los posibles ataques políticos del nacionalismo catalán.