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Moncloa busca lavar la imagen de la Corona sin restarle "autonomía"

El Gobierno admite su preocupación, y también la dificultad para gestionar la crisis. Niega que el Estado pague   el abogado de la infanta. 

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El Gobierno admite su preocupación, y también la dificultad para gestionar la crisis. Niega que el Estado pague   el abogado de la infanta. 
La infanta Cristina acude este viernes a su trabajo | EFE

El Gobierno se enfrenta a un problema hartamente complejo. Por un lado, ha llegado a la conclusión, más aún después de la imputación de la infanta Cristina, de que la Corona necesita de un plan de choque que pasa, irremediablemente, por dar transparencia a la institución. Pero, en paralelo, no quiere acabar con toda su "autonomía", que hasta la fecha le permite hacer prácticamente cualquier cosa con sus fondos.

En ello llevan embarcados desde hace dos meses el equipo de la vicepresidenta y la Zarzuela. Dos meses sin informar a los grupos parlamentarios, negociando discretamente. Pero no está siendo fácil, y así se desprende de la calculada ambigüedad utilizada por Soraya Sáenz de Santamaría a la hora de confirmar que la Familia Real formará parte de la ley de transparencia.

¿En qué términos? Es ahí la cuestión. En los contactos mantenidos, los representantes del Rey han aceptado cierta apertura, pero no total. "Estamos trabajando muy activamente para llevar a cabo esa inclusión, pero con particularidades", reconocía la vicepresidenta, en una nueva comparecencia monopolizada por los problemas de la Corona. "Es una institución del Estado", que no una "administración", precisó dando más detalles de las limitaciones que, en principio, van a existir.

Se da por hecho que dicho contrato, en el que todavía se trabaja, incluirá que se hagan públicas las partidas de los distintos ministerios que vayan a servir al monarca o el núcleo duro de su familia, que no es otro que doña Sofía, los Príncipes y las hijas de estos. El lunes, se empezarán a dar detalles al resto de formaciones políticas, empezando por el PSOE.  

Se conocerán "determinadas circunstancias", lo que no significa que se pueda llegar al detalle de las cuantías que se otorgan a la Familia Real de los Presupuestos Generales. Esto afectaría, incluso, al artículo dos de la Constitución, se encargó de alertar la portavoz del Ejecutivo. Y remachó: "Debemos de ajustar -la ley- a las circunstancias y particularidades -de la institución- y a lo que la Constitución señala".

Las malas encuestas para el Rey 

Como baza negociadora, la vicepresidenta y su equipo tienen las encuestas, y el cocinado de éstas, muy negativas hoy para el Rey, tal y como avanzó este diario. Ante el rechazo cada vez mayor por parte de la ciudadanía, desde la Moncloa se le está pidiendo a Zarzuela que tome conciencia de esta situación, que en privado llegan a calificar de "difícil". Algunos creen, aunque en ningún caso está confirmado, que el propio Mariano Rajoy le habría transmitido a don Juan Carlos su preocupación en sus despachos semanales, que se mantienen -fuera de agenda, como es habitual- a pesar de su convalecencia.

Sáenz de Santamaría no quiso hacer más valoraciones, a pesar del bombardeo de preguntas al respecto. Ni tan siquiera elogió el discurso del Príncipe Felipe, en defensa de la independencia judicial. "No tenemos costumbre de comentar los discursos de nadie", recalcó. Sobre la imputación en sí de la infanta, reiteró el respeto a las resoluciones judiciales.

No hubo, en todo caso, apoyo encendido a la institución. Fuentes del Ejecutivo insisten en que su objetivo es proteger el sistema, la monarquía parlamentaria, y que así lo han dejado en evidencia en constantes ocasiones. No entran en el debate sobre la abdicación planteado entre sus propias filas, toda vez "nada se hará sin el consentimiento del Rey". Únicamente Ana Pastor, titular de Fomento, salió en apoyo de la casa, en declaraciones a Libertad Digital: "Mantengo mi opinión de respeto y lealtad a la Familia Real", fueron sus palabras.

La opacidad de Zarzuela obligó incluso a Sáenz de Santamaría a negar que el Estado se vaya a encargar de la defensa de doña Cristina en el proceso judicial: "La administración general del Estado no va a apagar el abogado ni le va a defender los servicios jurídicos del Estado", fue la tajante respuesta de la vicepresidenta. Y la preocupación en Moncloa va en aumento.

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