El Gobierno mostró su hartazgo porque "algunos pretendan hacerse famosos" a costa de la vicepresidenta y, lo que es peor, mediante "el machismo más recalcitrante". Una respuesta que vino acompañada de toda una ofensiva del partido que le sustenta, y que instó al BNG a que le retire, de forma inmediata, el acta del grosero concejal.
En declaraciones a Libertad Digital, Sandra Moneo fue la más contundente. Las palabras de Xaquín Charlín son "absolutamente impresentables, groseras e indignas de un cargo público" y, por ello, instó a su cese inmediato. La responsable de Educación e Igualdad del PP le marcó el camino al partido nacionalista: "Exijo al BNG que solicite la entrega inmediata de su acta de concejal" ante una falta de respeto "intolerable". Minutos después, el BNG entregó su cabeza.
Las reacciones se sucedían en el Congreso de los Diputados. El Grupo Popular conseguía el apoyo del PSOE para denunciar las palabras del concejal. "Es repugnante", afirmó Soraya Rodríguez. Antes, Alfonso Alonso declaró: "Es condenable los términos obscenos en que se manifiesta este concejal. Un representante público no puede comportarse en esos términos y con ese machismo".
Se benefician 400 trabajadoras
En paralelo, la Moncloa entraba en el fondo de la crítica del concejal del BNG sacando los papeles. Así, fuentes gubernamentales explicaron a este diario que desde 1979 y, de acuerdo a la normativa vigente, se ofrece a todas las trabajadoras del complejo una campaña anual de prevención voluntaria consistente en una revisión ginecológica. A partir de 1993, según los documentos consultados, esa campaña se externalizó y en el presente ejercicio el importe máximo de licitación se establecía "en 35.000 euros (más IVA) ascendiendo a un total de 42.350 euros".
Al tratarse de una campaña voluntaria, recalcan estas fuentes, "la determinación del coste máximo de la licitación se realiza mediante una estimación de las personas apuntadas en años anteriores (en torno a 400 trabajadoras) multiplicado por el coste unitario de cada una de las pruebas exigidas". Las pruebas fueron: consulta externa ginecológica, ecografía ginecológica, citología, mamografía bilateral y consulta mensual ginecológica. La Moncloa insistió, en todo caso, en que todo depende de las trabajadoras que finalmente se apunten "de manera que la cifra final podría resultar inferior al coste máximo adjudicado".