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Las trampas y los autores del informe del Gobierno vasco para acusar a Policía y Guardia Civil

El informe encargado por el Gobierno vasco y bendecido por el obispo Uriarte es un ejemplo de manipulación, propia de la propaganda batasuna.

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Dice el Gobierno vasco que no quiere caer en "equiparaciones" pero lo hace de forma escandalosa con una manipulación de los datos propia de las organizaciones proetarras y con el claro objetivo de colocar, de forma torticera, en el mismo nivel los asesinatos y crímenes de los terroristas con otras muertes que califican, al igual que los crímenes etarras, como "vulneración de los derechos humanos".

El informe no detalla caso por caso, tan sólo aporta una clasificación de las supuestas causas de la muertes en cada categoría. En la de "muerto por fuerzas de seguridad" incluye 94 casos, pero cuando se desbrozan los datos se encuentra la trampa. Sólo tres de esos casos se produjeron "bajo custodia policial" y además siempre antes de 1975. Se incluyen también dos casos por pena de muerte, también anteriores a 1975.

Las demás categorías permiten todo tipo de interpretaciones y sirven como cajón de sastre para acusar a las fuerzas de seguridad de forma interesada de muertes que nada tienen que ver con un asesinato o una vulneración de los derechos humanos. Así, nos encontramos con 20 muertos "en controles policiales o similares", que, lógicamente, se produjeron en tiroteos o enfrentamientos entre terroristas y agentes. También se habla de 17 casos de "confusiones, errores, abusos u otros", cuyo propio enunciado es bastante esclarecedor. Por un lado mezcla supuestos abusos, que sí podría considerarse una vulneración de los derechos humanos, con "confusiones, errores u otros", que nada tiene que ver, y además no especifica cuántos de esos 17 se deben a una cosa o la otra.

Otros 16 casos se atribuyen a lo que llaman "altercados con policía fuera de servicio" sin dar más explicación, lo que puede incluir tiroteos o incluso acciones en defensa propia de los policías, que siempre han sido un objetivo prioritario de ETA. El apartado más numeroso, 30 casos, es el de muertos en "manifestaciones y movilizaciones". De nuevo, se presenta como un asesinato premeditado muertes que se han producido en altercados y enfrentamientos con la policía, sin aclarar cómo se produjeron los hechos. Además, la mayoría de estos casos, 22, son anteriores a 1978.

En cuanto a los heridos, cómo se ve, se sigue el mismo esquema, pero curiosamente se excluye el apartado "bajo custodia policial". Sí se añade al final un epígrafe "otros datos" en el que figura la "tortura", pero se limita a hablar de 5.500 denuncias públicas, aunque el propio informe reconoce que "no hay datos suficientes".

Es llamativo, asimismo, que en ningún caso de los posteriores a 1978, ya en democracia, se cite una sola sentencia que avale las gravísimas acusaciones contra la Fuerzas de Seguridad.

Los autores del informe

Juan María Uriarte Goiricelaia. Es obispo emérito de San Sebastián y es tío de la abogada de etarras y dirigente batasuna Jone Goiricelaia. Siempre se ha mostrado en la equidistancia entre los asesinos de ETA y sus víctimas, aunque sin llegar a los límites de su antecesor en el cargo, José María Setién. Participó en los contactos que mantuvo el Gobierno Aznar con ETA durante la tregua-trampa de 1998-99. En las actas de la negociación entre el Gobierno Zapatero y ETA incautados al etarra Thierry se hace mención a la mediación de un alto cargo eclesiástico para la puesta en libertad de José Antonio de Juana Chaos. Fuentes conocedoras de la negociación siempre han señalado a Uriarte como ese alto cargo eclesiástico.

Ramón Múgica Alcorta. Es un notario vizcaíno muy próximo a los sectores más equidistantes de la Iglesia vasca. Ha sido Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto (Jesuitas), aunque en la actualidad sólo es profesor. Se presentó en la lista del Partido Popular al ayuntamiento de Bilbao en 1995, cuando la misma fue encabezada por Ascensión Pastor. Fue elegido concejal, pero apenas estuvo unos meses en el cargo antes de abandonarlo. Desde hace unos años realiza trabajos sobre la mediación en conflictos, siempre con entidades cercanas o vinculadas a la Iglesia.

Jon Mirena Landa Gorostiza. Fue el máximo responsable de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno vasco con Juan José Ibarreche. Fue designado para el cargo en representación de Eusko Alkatasuna, la formación política que ahora forma parte de las coaliciones Bildu, Amaiur y EH Bildu. La gran parte de su carrera profesional la ha pasado como profesor e investigador en la Universidad del País Vasco. Entre sus obras destacan Víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos derivadas de la violencia de motivación política (editado por el Gobierno vasco en 2009), La tortura en relación con la banda terrorista ETA: estado de la jurisprudencia penal (2011) o La tortura en relación a la aplicación de la normativa antiterrorista: una aproximación estadística multifactorial (Eguzkilore 25, 2011).

Manuela Carmena Castrillo. Inició su carrera como abogada laboralista en el despacho de la calle Atocha de Madrid en el que cinco abogados fueron asesinados por ultraderechistas en 1977. Ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) delegada para el País Vasco, jueza decana de Madrid y jueza de Vigilancia Penitenciaria. Se jubiló de la carrera judicial en 2010. Después, fue asesora del Gobierno vasco de Patxi López y la encargada de coordinar el polémico informe sobre Víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos y sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política hecho público en 2011.

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