El Gobierno tiene entre sus manos una negociación enormemente compleja: la financiación de las comunidades. Más aún si se trata del caso vasco -lo que se debate es el cupo, pero en ningún caso el concierto-. En un desayuno informativo, en presencia Mariano Rajoy y decenas de cargos del PP de todos los rangos, Arantza Quiroga quiso dar por cerrado el debate: "Que nadie dude del firme compromiso del PP vasco en la defensa del Concierto".
No se quedó ahí. "Denunciamos a quienes lo utilizan como arma arrojadiza", se quejó, para hablar de la "más supina de las ignorancias" de quienes lo hacen, a su juicio, para cargar contra el nacionalismo. "Si fuera por los nacionalistas el concierto no estaría en la Constitución", fue su argumento clave, para mirar a Navarra y asegurar que "con inteligencia, lo administran sin estridencias ni desplantes".
Desde la sala de prensa de Génova13, el número tres del partido le aclaró la opinión de la dirección: "Sería bueno avanzar en la contribución de la solidaridad", apuntó Carlos Floriano. El vicesecretario de Organización se cuidó de alimentar discusiones internas, si bien sí puso encima de la mesa una idea clarísima: hay que estudiar nuevas fórmulas en aras de una España más solidaria. A pesar del "respaldo constitucional lo suficientemente importante para que el modela siga siendo el que es", se encargó de enfatizar, en relación al concierto. Fuentes de la cúpula insistieron a posteriori: "Los cambios pueden venir de dentro o de fuera. Ahora toca estudiar las posibilidades".
"El modelo existente tiene respaldo" si bien "a partir de ahí" debe estudiarse "la contribución de solidaridad que debe estar presente en el modelo que se determine", llegó a afirmar Floriano, en lo que parecía una alineación con algunas baronías del PP contrarias a los "privilegios" del País Vasco. Por ejemplo, el decano Pedro Sanz, presidente de La Rioja, que siempre se ha quejado del "blindaje" de la comunidad vecina encontrando la comprensión de varios homólogos.
El Gobierno: toca negociar
El Gobierno, mientras tanto, intenta mantenerse al margen. Ahora toca negociar, y el escenario no es otro que el Consejo de Política Fiscal y Financiera o la cumbre de presidentes, si es que finalmente se convoca. El ministerio de Hacienda lleva meses estudiando las diferentes posibilidades. Lo único evidente a ojos gubernamentales es que no se suprimirán ni el concierto vasco ni el convenio navarro. "Es inconstitucional", respondió Soraya Sáenz de Santamaría, preguntada por la propuesta de Pere Navarro, líder de los socialistas catalanes.
La vicepresidenta echó mano de la Constitución: "Lo que se establece es una negociación periódica por parte del Gobierno de la nación y el Gobierno del País Vasco", destacó. También incluyendo a las Diputaciones, que tiene gran parte de las atribuciones en la ejecución de los tributos. Y emplazó al resultado de las negociaciones: "Es lo que toca hacer y se tienen en cuenta todos los elementos".