En los círculos políticos del PP no dudaron en mostrar su sorpresa por la decisión de la fiscalía: "¿Qué sentido tiene?", se preguntaron. Se le llama a declarar como testigo por el procedimiento de recepciones de donaciones anónimas que, por ley, concluyeron en 2007. María Dolores de Cospedal ocupa la secretaría general de la formación en junio de 2008, tras el congreso de Valencia. Esto es, dicen diputados y dirigentes próximos a ella, "que nada le podrá decir salvo lo que ella hizo y está haciendo durante su gestión. Entre otras cosas, echar a Bárcenas porque desde el principio se dio cuenta de que no era de fiar", le defienden.
Sea como fuere, Cospedal reaccionó, tras la sorpresa inicial, declarándose "tranquila" y "deseando colaborar con la justicia". "Tengo plena disposición a aclarar todo aquello que sea susceptible de aclarar y a decir la verdad, como es lógico y normal", declaró a la agencia EFE.
Si bien, el asunto rápidamente acaparó el debate en las estructuras del partido. Muchos miraron hacia Alberto Ruiz Gallardón. Las fricciones entre el PP y el ministro son conocidas, y algunos creyeron ver la mano del titular de Justicia en la decisión del fiscal, que excluye a Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas. Nada se quiso apuntar sobre este extremo desde la Secretaría General de la formación: "Respeto a las decisiones judiciales y de la fiscalía, como no puede ser de otro modo".
Anticorrupción mueve ficha después de que Cospedal volviera a recurrir a la vía judicial para defenderse contra el extesorero del PP. Y algunos se preguntan si las "causalidades existen". Sea como fuere, ahora es el juez el que tiene que decidir y, en todo caso, recalcan que la número dos de los populares declararía "siempre" en calidad de testigo.