En una entrevista con la Agencia Efe, el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, ha indicado que lo más "razonable" es que la causa se eleve a instancias superiores para evitar "juicios públicos a personas muy concretas", en alusión al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, entre otros, "sin que se les dé la posibilidad de defenderse" ni permitir "la tutela judicial efectiva de sus derechos constitucionales".
En su opinión, no ha habido "justicia en la instrucción de este caso", a cargo de la juez Mercedes Alaya, durante la que ha quedado en evidencia -especialmente ayer en la declaración del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez- que "no se ha querido buscar la verdad".
Ha alertado además de que, tal y como se ha hecho la instrucción, se pudiera terminar produciendo "la nulidad de las actuaciones".
A su juicio, la declaración del exinterventor no ha aportado "nada nuevo", pues se ha ratificado en lo que tiene "verdaderamente peso" y es que se trata de un procedimiento "absolutamente legal", que "en ningún momento hubo percepción de que se había producido un quebranto de las arcas públicas" y que no recibió "ningún tipo de presión" para ocultar presuntas irregularidades.
Ha resaltado, en este sentido, que Gómez ha admitido que la Intervención General de la Junta había estado "fiscalizando" las leyes de presupuesto y las ampliaciones de crédito que se habían producido, con lo que ha quedado "evidenciado" el comportamiento "impecable" de los responsables de la Consejería de Hacienda, al frente de la cual estuvo Griñán entre los años 2004 y 2009.
"Lo que sí ha quedado en evidencia es que estamos ante una instrucción que no busca conocer la verdad, sino que forma parte de una estrategia de buscar la relevancia de los elementos políticos por encima de la relevancia de los que tienen una trascendencia penal", ha denunciado.
"Ayer sólo hubo una discusión en términos administrativos, no apareció nada con trascendencia penal porque no lo puede aparecer en la gestión de la Consejería de Hacienda", ha agregado.
El dirigente socialista ha llamado la atención sobre los "juicios de valor" realizados supuestamente por la jueza que instruye el caso, ya que "quebrantan el principio de la tutela judicial efectiva" al hacerse sobre personas que "no pueden defenderse porque se ha producido una imputación selectiva de la que 'casualmente' han quedado siempre fuera personas aforadas".
"Ante esta situación y el hecho de que hace ya tres años que se conocían los elementos sustanciales del caso, por lo que se corre el riesgo de que desaparezcan pruebas y de que la Junta pierda la capacidad de recuperar parte del dinero que se haya podido malversar, creemos que lo mejor y, como única vía de que se haga justicia, es que la causa se eleve al Supremo", ha indicado.
El PSOE considera que "solo va a haber justicia" si esta causa se eleva "a los ámbitos superiores" porque en la instrucción no se le ha dado "prioridad" a la "investigación primordial para evitar que desaparezcan pruebas y que quienes hayan podido cometer delitos puedan terminar quedando libres porque no se haya procedido correctamente en la instrucción", algunas de cuyas actuaciones ha calificado de "intolerables".
"En la instrucción se ha estado a otra cosa, que casualmente ha coincidido siempre con el calendario político del Gobierno andaluz o del PSOE", ha denunciado el dirigente socialista, que ha concluido lamentando que parece que se quiera "retener a cualquier precio" la jurisdicción sobre el caso