La Fiscalía ha abierto una investigación sobre el escándalo en el que se está viendo inmersa la federación andaluza de UGT y que destapó Libertad Digital desde el pasado mes de mayo. Según han indicado fuentes de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, un equipo de agentes de la Policía Judicial está ya realizando un informe previo a partir de las informaciones periodísticas aparecidas en los últimos meses y la documentación que en ellas se aportaba.
Fuentes judiciales han informado a Efe de que el "número dos" de la Fiscalía del TSJA, en un decreto firmado este lunes, ha solicitado a la Policía Judicial un informe sobre las presuntas facturas falsas y el desvío de subvenciones destinadas a la formación de parados para gastos derivados de la huelga general de septiembre de 2010.
Las irregularidades fueron objeto de una denuncia penal del sindicato Manos Limpias contra el secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández, y su antecesor, Manuel Pastrana, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, falsedad y apropiación.
La investigación ordenada por la Fiscalía del TSJA, con sede en Granada, podría concluir con la remisión del caso a un juzgado o su incorporación a las diligencias que se abran en Sevilla por la denuncia de Manos Limpias, han precisado a Efe las citadas fuentes.
Mientras, este mismo martes El Mundo ofrece un nuevo episodio del escándalo, desvelando nuevas pruebas de que los sindicalistas reclamaban a las empresas con las que trabajaban que falsificasen facturas para poder imputarlas así a los fondos destinados a la formación de parados.
El diario de Unidad Editorial reproduce un caso especialmente llamativo de esta falsificación: una factura por la decoración de un autobús para la huelga general del 29S que en un primer momento se limita a mostrar como concepto "diseño y rotulación del bus" y que después pasa a formar parte de un "programa de acciones formativas de formación", pero sigue manteniendo el encabezamiento "bus de la huelga".
Este ejemplo se suma a las informaciones publicadas por Libertad Digital desde el pasado mes de mayo. Pedro de Tena denunciaba el seis de junio que el sindicato falsificó un contrato para costear uno de sus congresos regionales e infló una factura multiplicando el coste real por 29 para cargársela posteriormente a la Junta de Andalucía.