La dirección del PP trata de parar a toda costa un Comité Ejecutivo a cara de perro en el que los barones expongan ante Mariano Rajoy sus temores y reclamaciones sobre el modelo de financiación. "No hay que precipitar debates. No toca ni conviene hablar ahora de la reforma de la financiación", zanja en un argumentario interno remitido también a las estructuras regionales, y al que tuvo acceso este diario.
Un toque de atención en vísperas de una reunión que se calienta por momentos. Aunque primero el Gobierno y finalmente también Génova –así consta en la circular a sus cargos– hayan salvado a Alicia Sánchez Camacho hasta el punto de no ver "ningún elemento de discriminación positiva" en su propuesta de limitar la solidaridad, los barones siguen revolviéndose. Todos los presidentes autonómicos con cartera se han manifestado en contra. Este mismo miércoles, Juan Vicente Herrera (Castilla y León) y Pedro Sanz (La Rioja) se negaron ante "no se sabe qué sacrosanta singularidad de una comunidad, en detrimento de otras".
Fuentes de la cúpula siguen afirmando que Sánchez Camacho se equivocó en el "momento" de abrir el debate y en la "intensidad" de hacerlo, pero en el texto remitido a los portavoces del PP no es que no se le desautorice sino que se aprueba su hoja de ruta: "En cualquier caso", asegura textualmente, "la propuesta del PPC no contiene ningún elemento de discriminación positiva para nadie". Un portavoz autorizado quiso, en todo caso, insistir en la máxima de que no se acabará con el principio de solidaridad. En 2008 todos los barones y el propio Rajoy, firmó: "La solidaridad debe ser irrenunciable, cualquier modelo que se apruebe debe asegurar los recursos suficientes a las regiones para prestar los servicios transferidos con independencia de su capacidad fiscal".
Apartado específico sobre el PPC
En el argumentario popular se dedica un apartado específico al plan de Camacho. "Es legítimo y entra dentro de la normalidad que hagan propuestas sobre el modelo futuro. Las distintas opiniones se pueden conjugar. Lo importante es el resultado final", se trata de legitimar. En la práctica, es una copia del discurso de María Dolores de Cospedal en plena tormenta interna. Entonces –lunes por la mañana, tras el difícil Comité de Dirección–, trató de quitar hierro al asunto aunque sí se desmarcó claramente del PPC; una línea que ahora desparece, en consonancia con las palabras de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
Se destaca, de igual forma, que la propuesta no es nueva y se acordó en el congreso del PPC del año pasado y remitida, a renglón seguido, al ministerio de Hacienda. Tal extrema fue confirmado por el propio Montoro. Pese a ello, el Gobierno "no está estudiando ahora ninguna propuesta"; extremo que algunas fuentes del propio gabinete ponen en cuarentena. "Estamos estudiando todo lo que nos llega", reconoció un ministro implicado, en declaración informal en este diario. "Ya se verá", dijo, enigmático, sobre qué decisión tomará finalmente la Moncloa.
Pese a todo, en el texto –que es remitido a altos cargos del partido, también a nivel regional, para que así lo transmitan con posterioridad a los medios de comunicación– la dirección intenta tranquilizar a las baronías: "Será un modelo consensuado, de forma mayoritaria, por todas las comunidades y por los grandes partidos políticos y se caracterizará por tratar de igual manera a todos los españoles con independencia de la comunidad de dónde residan. El modelo de financiación debe garantizar la misma financiación y la viabilidad de todos los servicios públicos en cualquier parte del territorio nacional". Esto es, mantener la solidaridad interterritorial que pone en cuarentena Camacho.
Acusado recibo, un barón autonómico expuso que "visto lo visto" puede dar la sensación de que "realmente no sabemos ni lo que queremos". Desde la dirección del PP se llega a reconocer que "al votante de toda la vida, esto le hace daño". El lunes, en el Comité Ejecutivo, Rajoy busca por todos los medios apagar el incendio. Ya se están produciendo contactos discretos del gabiente con algunas comunidades, según las fuentes consultadas. Aunque, a día de hoy, el citado presidente se mantiene en sus trece: "No vamos a permitir que se beneficie a Cataluña. No se puede cambiar dinero por independencia".