El Gobierno espera que Artur Mas no se atreva a dar el paso, pero por si acaso le advierte de que no está dispuesto a juegos de ningún tipo en materia de Inteligencia y Seguridad. "En nuestra Constitución está bien claro a quién corresponde las competencias en esta materia", zanjó Soraya Sáenz de Santamaría, que no admitió margen a dudas.
De momento se trata de un aviso a navegantes. Fuentes del Ejecutivo recalcan que Mas ha negado que esté en sus planes crear un órgano de inteligencia, pero el informe existe y el Gobierno toma nota. Por ello, y en vísperas del aniversario de la Carta Magna, la vicepresidenta recordó cuales son las líneas rojas: "Las funciones de defensa y de seguridad nacional" son propiedad exclusiva del Estado, destacó al término del Consejo de Ministros.
"Creo que está bien claro", resumió la portavoz. Aunque, por si acaso, avanzó cuál sería el paso de la Abogacía del Estado en caso de que la Generalidad iniciara preparativos para una Inteligencia propia. "La vulneración de esa norma llevaría a un recurso", explicó Sáenz de Santamaría. Esto es, se iría de inmediato al Tribunal Constitucional que, según las fuentes consultadas, bloquearía la intentona de Mas.
Terreno vedado para las autonomías: "Sólo le corresponde al Estado en su conjunto", remató la vicepresidenta sobre la "intención de algunos de avanzar en ese terreno". Una hoja de ruta expuesta en un informe, y por la que Mas apostaría por contactar con el Mossad a través de la Ertzaintza.
No habrá reforma de la Constitución
Sobre la Carta Magna y el sistema autonómico, que centraron la comparecencia, el Gobierno no hará cambios de ningún tipo en aras de la estabilidad política. Así lo anunció, con toda solemnidad, la número dos del presidente. "Nuestra tarea es analizar los momentos políticos, económicos y sociales del país y señalar las prioridades. La estabilidad es un elemento importante y también lo es centrar las fuerzas en la recuperación", resumió Sáenz de Santamaría. Esto es, la Constitución se quedará como está lo que resta de legislatura.
En Moncloa aseguran que tienen el apoyo de empresarios y organismos clave. Lo importante, aducen todos, es salir de la crisis y dejar las cosas como están. Ministros recuerdan como "hace nada" estaba en tela de juicio incluso la vigencia de la monarquía por lo que "hablar de reformar de la Constitución entraña riesgos y no se puede hacer a la ligera".
Tampoco existe consenso sobre el modelo territorial, y a ello se agarran en el Ejecutivo. A la vicepresidenta le preguntaron en concreto por el "modelo federal" que promulga el PSOE. "¿En qué se concreta? ¿En qué consiste? Hay muchos modelos", enfatizó, poniendo encima de la mesa las lagunas de la propuesta. Y eso sin contar al resto de fuerzas: "Las posiciones son distintas, dispares y contradictorias, por no decir polos opuestos y divergentes".
Al no existir "un consenso que nos permita garantías", el Gobierno lo tiene claro. Mariano Rajoy sólo permitiría pequeños retoques -por ejemplo, el capítulo que afecta a la Monarquía y que pondría en peligro el reinado de la infanta Leonor si su madre quedara embarazada de un varón-, pero no tiene prisa. "El líder de la oposición insiste en un modelo federal. Sobre lo que son los estados federales podríamos discutir mucho y nos falta doctrina", argumentó su portavoz.
No acudirán los nacionalistas
El viernes, el Gobierno prácticamente en pleno estará en el Congreso de los Diputados. No así la mayoría de los presidentes autonómicos -muchos de ellos con actos propios de honor a la ley de leyes- y las formaciones nacionalistas. Sobre éstas últimas, Sáenz de Santamaría recalcó que "no supone ninguna novedad", evitando darle así mayor importancia.
Así, Rajoy acude a esta cita convencido de que no hacer cambios es la mejor solución. Así, por cierto, también lo entiende el Rey, que ha defendido en varias ocasiones la vigencia de la Carta Magna. El presidente espera que la salida de la crisis alivie presión sobre el modelo territorial y que, tal vez dentro de unos años y con los ánimos más calmados, se puedan discutir posibles cambios. Un escenario que hoy parece prácticamente una ensoñación. En todo caso, "no tengo nada que dialogar sobre los artículos 1 y 2 de la Constitución", en palabras del jefe del Ejecutivo.