El alcalde de Leganés, el popular Jesús Gómez, se ha visto en un extraño lío legal: un juzgado lo menciona como imputado por un delito de prevaricación sin habérselo comunicado, sin haber pedido informe a la Fiscalía y sin que en las diligencias conste ningún documento probatorio.
El Ayuntamiento ha tenido constancia de la imputación a través de una providencia en la que el juzgado accedía a que la asesoría jurídica municipal tuviese conocimiento de unas diligencias que se estaban practicando. En ese documento y, "de pasada", se cita al alcalde como imputado.
Pero tal y como ha recordado este jueves el propio Jesús Gómez, el titular del juzgado no ha emitido un auto de imputación, como tampoco ha pedido un informe al Ministerio Fiscal ni ha solicitado al propio Ayuntamiento otra información que datos secundarios sobre quién ocupaba la Intervención General del Ayuntamiento y el domicilio de varios funcionarios.
Cuatro directores generales
El caso arranca con la creación de cuatro puestos de director general que se incluyeron en los presupuestos de 2012 y para los que se amortizaron 11 puestos de personal eventual. Dichos presupuestos, por cierto, fueron aprobados por el pleno e incluso los puestos de director general tuvieron el visto bueno de la Intervención del Ayuntamiento y la Oficina de Apoyo al Gobierno.
Sin embargo, veinte meses después el criterio de la Intervención cambió, asegurando entonces que el nombramiento no se adecuaba a la ley porque los directores generales deberían estar incluidos dentro de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento.
Este cambio motivó que la Intervención General decidiese imponer un reparo a las nóminas de septiembre de todo el Ayuntamiento, que fue levantado mediante un decreto por el propio alcalde para poder pagar su sueldo a los trabajadores y basándose en un informe de la asesoría jurídica. Reparo y levantamiento que se repitieron los meses siguientes, en estos casos referidos sólo a las nóminas de los cuatro directores generales.
El cambio de posición de la Intervención General motivó la presentación de la denuncia de dos grupos municipales en la oposición, el del PSOE y el de la candidatura independiente ULEG.
"Intentan destruir mi reputación"
En conversación telefónica con este periódico Jesús Gómez manifestaba su estupor al conocer la noticia y, sobre todo, por la forma en la que la información llegó al Ayuntamiento: "La sorpresa ha sido mayúscula, entiendo que cuando decide atribuir un delito a alguien –incluso en esta fase del proceso- lo que se hace es un auto de imputación" que, en buena lógica, se puede recurrir.
Además, el alcalde de Leganés lamenta que no sabe "de qué se me acusa, cómo estoy imputado y por qué" y destaca que esa presunta imputación se ha hecho "sobre la base únicamente de una denuncia de parte" ya que "no se ha pedido ningún expediente administrativo" al propio Ayuntamiento y tampoco el preceptivo informe del fiscal.
En definitiva, Jesús Gómez asegura tener "serias dudas de cuál es mi situación procesal", dudas que acrecienta otra faceta legal de la cuestión: "El juzgado no sería competente" puesto que dada la condición de diputado regional del regidor todas las cuestiones que le afecten deben dirimirse en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid: "Yo no puedo elegir mi fuero", explica el alcalde.
La conclusión que deja translucir Jesús Gómez es que este comportamiento que "no es el habitual" responde a otros intereses: "Quieren destruir mi reputación y quitarme de en medio por lo civil o por lo criminal, como decía aquel", afirma sonriente.
Para aclarar todo el asunto los servicios jurídicos de la alcaldía van a solicitar "expresamente" al juzgado que aclare la situación procesal del alcalde y "que archive el caso o lo remita al TSJM".