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La mujer del exalcalde socialista de Leganés, imputada en un caso de corrupción

Carmen Blázquez Roblas, casada con el que fuera alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, ha sido imputada en el llamado caso Facturas.

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La que fuera Directora de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Leganés, Carmen Blázquez Roblas –al mismo tiempo que su marido, Rafael Gómez Montoya, era alcalde- ha sido imputada por su participación del la trama del llamado caso Facturas.

Blázquez Roblas ha sido imputada por el Juzgado de Instrucción nº8 de Leganés por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La investigación, sobre la que la juez instructora ha decidido abrir una pieza separada, se inició en 2009 con una querella de los populares en la localidad contra el entonces alcalde, su mujer -ahora imputada- , y un concejal, Francisco Arroyo, que también ha sido procesado por otro caso de corrupción.

El caso ha seguido un peculiar recorrido judicial, ya que fue cerrado tiempo atrás pero la misma juez ha tenido que reabrirlo tras un duro auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por el momento, Blázquez Roblas ha sido la primera imputada al iniciar la juez las diligencias

Adjudicaciones por publicidad

El caso Facturas se refiere a las presuntas irregularidades cometidas por PSOE e IU cuando adjudicaron la construcción de un punto limpio a la empresa Urbaser, empresa implicada en el caso. La adjudicación se habría realizado sin concurso público y, supuestamente, a cambio de publicidad electoral.

Las irregularidades son varias: en primer lugar la construcción del punto limpio no aparece prevista en los pliegos de adjudicación de los servicios de limpieza, la obra supuso un coste total de más de un millón de euros, más de 350.000 euros por encima de lo presupuestado en un principio, además la obra fue realizada en una parcela reservada en el Plan General Urbanístico para uso dotacional, deportivo y educativo.

Más allá de las posibles responsabilidades administrativas, existen indicios y sospechas de que el caso respondería a una financiación ilegal del PSOE en la campaña electoral, adjudicando obras a cambio de publicidad del partido que pagarían las empresas adjudicatarias.

Algunos testigos han asegurado al juez que instruye la causa que el concejal Francisco Arroyo y Carmen Blázquez Roblas eran los responsables de ordenar la publicidad y de seleccionar a las empresas que debían pagarla con dinero del Ayuntamiento.

El PP, personado en el caso

Los populares de Leganés son el único partido que sigue personado en la causa después de que la formación local ULEG haya decidido abandonarla en lo que el actual alcalde de la ciudad, el popular Jesús Gómez, ha calificado como "una extraña maniobra de acercamiento al Partido Socialista", con el que el partido supuestamente independiente mantiene "una alianza ciega".

Gómez se ha reafirmado en el compromiso de su formación, "el mismo que hace cinco años: llegar hasta el final, conocer la verdad y obligar a que todo el peso de la ley recaiga sobre los responsables de este presunto caso de financiación ilegal".

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