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Salvador Victoria: "La Fiscalía ha puesto en su sitio a Tomás Gómez y sus querellas falsas"

Después de que el fiscal del Supremo recomendase no admitir las querellas contra Ignacio González, Salvador Victoria critica a Tomás Gómez.

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El fiscal del Tribunal Supremo recomendó este miércoles en un escrito que no se admitiera ninguna de las dos querellas presentadas contra el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en este órgano judicial por el conocido caso de su ático en Marbella.

El texto de la Fiscalía contenía expresiones duras contra ambas querellas, a las que acusaba de tener "poco de relato cierto de contenidos, cantidades, perjuicios y relaciones" y de no describir ningún comportamiento delictivo.

La CAM al contraataque

Preguntado por los periodistas, Salvador Victoria ha aprovechado el informe del fiscal para cargar contra el PSM y lo que ha denominado "la instrumentalización del ámbito judicial" que en su opinión hacen los socialistas y que "debe ser condenado" porque "crean falsedades" con "querellas no se sostienen sobre hechos sino sobre suposiciones".

Además, Victoria ha recordado que mientras por un lado usa así la justicia por el otro "calla ante hechos tan graves como el caso Cuadrifolio" que tal y como ha recordado, "ha llevado al exalcalde de Leganés ante el juez" y que "parece ser que también se ha producido en otras comunidades", ha dicho en relación a las informaciones publicadas por El Mundo durante esta semana.

Finalmente, el consejero de la Comunidad de Madrid ha asegurado que "la justicia pone a cada uno en su sitio" y que con el informe emitido "la fiscalía ha puesto en su sitio al señor Tomás Gómez y sus querellas falsas".

Parla, contra los derechos de los padres

Las declaraciones de Salvador Vitoria se han producido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de este jueves, en la que también ha opinado sobre la persecución a un nuevo colegio católico en Parla que denunciaba Libertad Digital esta misma semana.

El consejero ha destacado como mientras que la administración regional "se vela por el derecho constitucional de los padres" a elegir la educación que prefieren para sus hijos, un ayuntamiento "niega a los padres ese derecho que se recoge en el artículo 27 de la Constitución" y se opone a que se pueda impartir en su municipio "una educación que no sea la que ellos deciden" en lugar de los padres.

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