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Un alto cargo socialista de Aragón aprobó un contrato inflado para una empresa de su fundación

Un contrato del Gobierno de Aragón para transporte de minusválidos registró un sobrecoste que podría ser delito según el Tribunal de Cuentas.

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El 25 de abril de 2011, menos de un mes antes de las elecciones autonómicas y municipales, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) firmó un contrato de casi 13 millones de euros para el transporte de minusválidos a una serie de centros de día de su red.

Aparentemente, el contrato cumplió con todos los requisitos legales tanto en su elaboración como en su firma, pero había un pequeño detalle: se calculó una demanda más del doble de la real, por lo que el acuerdo nació con un sobrecoste notable que el Tribunal de Cuentas cifró en casi un millón de euros, pero que llevó a una revisión del contrato en 2012 que redujo su coste en 1.607.600 euros.

Se da la circunstancia, además, de que la empresa adjudicataria, Gestión Asistencial Aragonesa, SL, es propiedad de la Fundación DFA, en la que el por entonces director general del IASS, Juan Carlos Castro Fernández, es Secretario General.

Juan Carlos Castro Fernández ya fue noticia al verse envuelto en un caso similar: el de la Fundación Rey Ardid, que contaba con algunos altos cargos autonómicos del PSOE entre sus patronos y habría recibido hasta 60 millones en contratos con el IASS de Castro Fernández. Además, también fue en su día asesor de la Guardia Civil en la etapa de Roldán al frente de la Benemérita y, según algunos, era uno de sus hombres de confianza.

81 usuarios en lugar de 216

La gestación del contrato se inicio en diciembre de 2010, a partir de un informe de necesidad de Esteban del Ruste Aguilar, en aquel momento secretario general del (IASS). Este informe, firmado el 14 de diciembre, recibió el visto bueno de Juan Carlos Castro Fernández.

Tal y como explica otro informe del propio IASS sobre la cuestión realizado a petición de la Fiscalía, sólo dos días después "se elabora el documento contable de Autorización del gasto en fase de propuesta". Este documento se remite a la Intervención General, que emite informe fiscal favorable el 28 de ese mismo mes.

Tras esto, en febrero se autoriza el gasto en el Consejo de Gobierno de Aragón y se publican con pliegos del concurso, que se adjudica el 12 de abril. Finalmente, el contrato se firma el 25 de abril y se publica en Boletín Oficial de la comunidad autónoma el 17 de mayo, sólo cinco días antes de las elecciones.

Pero el contrato tenía un truco: se firma –y se calculan los costes- para una demanda estimada de 260 usuarios, cuando en realidad es muchísimo menor. Así, en los 17 primeros meses en los que estuvo en marcha el servicio –entre mayo del 2011 y septiembre del 2012- el mes con más usuarios fue el primero con sólo 114; mientras, el mes con menos fue abril de 2012 con 81. La media en este periodo fue de menos de 95 usuarios, poco más de un tercio de la estimación previa.

En manos de la Fiscalía

El error es difícil de justificar: el servicio se refiere a sólo los centros de día de Zaragoza, Borja y Torres de Berrellen, ya se venía prestando con anterioridad -además, por la misma empresa que ganaría luego el nuevo concurso-.

Tal y como expresa la Cámara de Cuentas de Aragón en su informe al respecto: "El Órgano gestor [en referencia al IASS] tenía contratado este servicio en ejercicios anteriores por lo que era conocedor de los usuarios que lo utilizaban y ya disponía de datos objetivos para haber podido realizar una estimación o previsión más aproximada a la real".

El contrato fue denunciado por la Cámara de Cuentas de Aragón que lo puso en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Zaragoza advirtiendo de que de los hechos "se puede deducir la existencia de indicios generadores de responsabilidad penal".

De hecho, el juzgado número 8 de Zaragoza ha abierto diligencias, imputando a Juan Carlos Castro Fernández y a la interventora adscrita a su departamento, Marta Fernández, por un posible delito de malversación de caudales públicos.

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