La Generalidad ya dispone del censo para realizar la consulta separatista del 9 de noviembre. A 147 días de la fecha señalada, se cumplen los plazos anunciados por Artur Mas. En paralelo, el parlamento catalán elabora una ley de consultas a medida para el referéndum en el que podrían votar los mayores de dieciséis años y los inmigrantes con arraigo.
A través del "registro de población" del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), la administración catalana dispondrá del censo actualizado de todos los municipios y evitará así depender de los ayuntamientos, algunos de los cuales se han negado a ceder los datos en tanto la consulta no sea legal. Esta es la "solución" propuesta en el parlamento por los partidos del bloque separatista y el mandato recibido en la administración autonómica.
La Generalidad evita así la previsible negativa estatal a ceder el censo electoral y completa el operativo para poder realizar la consulta sin depender de terceros. El Idescat, perteneciente a la administración autonómica, elabora el registro de población de Cataluña desde los años ochenta. Y desde 1996 recibe de manera automática a 1 de enero la actualización anual de los padrones municipales, con la información necesaria para confeccionar un censo electoral.
Tanto las urnas de cartón plegable como las papeletas ya están encargadas y en fase de elaboración a cargo de los presos de la cárcel de Lérida. Y la ponencia parlamentaria que debe elaborar la ley de consultas que "legalizaría" el referéndum avanza a marchas forzadas para que la norma se pueda aprobar a primeros de septiembre. El plan de Mas es ajeno a cualquier circunstancia política, sea la abdicación, la crisis en su propia coalición o las presiones empresariales para que el presidente de la Generalidad acceda a negociar como mínimo un aplazamiento.
Sin embargo, la presión no es sólo en dirección a Mas. El Mundo informa en su edición de hoy de que el presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà pidió al Rey en la última audiencia de don Juan Carlos que promueva un pacto para que la consulta se lleve a cabo sobre la teoría de que es la manera de "frenar" el proceso independentista y de que el resultado sería favorable a la permanencia de Cataluña en España.
Mas, por su parte, sólo está dispuesto a ceder a las presiones de ERC y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que dan por segura la celebración de la consulta y la posterior declaración de independencia. El presidente de la Generalidad está dispuesto a llegar hasta el final y sostiene que en caso de que el Gobierno de Mariano Rajoy estuviera dispuesto a entablar un "diálogo" sobre Cataluña, ya habría llegado tarde.