Para el Ejecutivo, se están mezclando dos debates diferentes. Una cosa es el blindaje de don Juan Carlos, que a su juicio había que hacer "sí o sí" y cuanto antes. Y, otra cuestión distinta, la posibilidad de reducir el ingente número de aforados en España. Una hipótesis, ésta última, en la que el gabinete ya trabaja hasta el punto de que espera poder presentar un proyecto al respecto tras las vacaciones de verano.
A la espera de la profundidad de la reforma -esto es, si la reducción de aforados será más o menos profunda-, Soraya Sáenz de Santamaría dejó abierta la puerta tanto a posibles cambios como a la posibilidad de llegar a un consenso entre las fuerzas políticas. "Probablemente", apuntó al término del Consejo de Ministros, habrá que abrir "una discusión más amplia" sobre el aforamiento.
La vicepresidenta, muy encima de esta cuestión en particular, lo repitió por segunda vez: "Quizá el debate sea si son demasiados" aforados en el país "y hay que valorarlo". Lo que, en voz de las fuentes consultadas por este diario, significa que el Gobierno ya está encima de la cuestión y decidido a tomar medidas. "Veremos si quienes hoy tanto critican, después se suman", deslizan, al tiempo que esperan también las quejas de las comunidades autónomas.
"Aforamiento no es impunidad"
Sea como fuere, no parece una cuestión que se vaya a solventar en breve. En cambio, la vicepresidenta sí tuvo que volver responder -y ya van unas cuantas semanas- por las prisas a la hora de proteger a don Juan Carlos. "Aforamiento no es impunidad" y "no significa que la persona aforada no vaya a ser juzgada", justificó. "Cuarenta años de servicio al Estado deben de equipararse al menos, por ejemplo, con todos los diputados de los parlamentos autonómicos", defendió, no sin cierta frustración, el propio Mariano Rajoy esta misma semana.
"No estamos hablando de irresponsabilidad sino de competencia", continuó Sáenz de Santamaría, que hizo una larga exposición sobre la cuestión. Tal y como informó hace ya días este diario, el Gobierno y el PSOE tenían también esta cuestión pactada, pero finalmente los socialistas apostaron por abstenerse en la votación. La portavoz no quiso valorar los "problemas internos" de la formación que cambió de opinión, pero qué duda cabe que con sus palabras ponía el foco en la situación de inestabilidad que existe en Ferraz.
De nuevo, la número dos del Ejecutivo intentó dar la sensación de que no hubo atisbo de improvisación, a pesar de que en privado sí que se reconoce. Insistió en que tanto los diputados que votaron la reforma como los senadores que lo harán, así como muchos otros representantes públicos, también están aforados. "Un buen número de personas" con el mismo estatus que, se quejó, antes de hacer el discurso de "todos igual ante la ley" deberían plantearse su propia situación procesal. En este sentido, volvió a exigir "coherencia".