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Los pasos de Moncloa y el Tribunal Constitucional ante el desafío de Mas

El lunes, Rajoy convocará un Consejo de Ministros extraordinario.

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Artur Mas ya ha cruzado la línea roja. A partir de ahora, el Gobierno tiene preparado un plan de actuación que ha tenido que retrasar hasta que el presidente de la Generalidad no diera el paso definitivo.

Este mismo sábado, Soraya Sáenz de Santamaría, en calidad de presidenta en funciones ante la ausencia de Mariano Rajoy, dio orden para que se diera el primer paso para frenar a Mas: el Ejecutivo elevó una consulta al Consejo de Estado, que se reunirá de urgencia y presentará un informe. Cabe destacar que este órgano lo dirige José Manuel Romay Beccaría, de la total confianza de Rajoy -hasta el punto de que le hizo tesorero del PP una vez estalló el caso Bárcenas-. Beccaría ya tiene el documento prácticamente listo.

Una vez esté redactado, se remitirá al departamento de Hacienda y Administraciones Públicas, cuyo titular será el encargado de llevarlo a la mesa del Consejo de Ministros, que se celebrará el lunes y no el domingo. "A lo mejor no hay que ir tan deprisa", se justificó el presidente desde Pekín.

En el Consejo de Ministros se cumplirán con los formalismos. Es decir, los distintos miembros del gabinete darán su opinión sobre la amenaza planteada por Mas. Tras ello, se encomendará a la Abogacía del Estado que se presente los recursos ante el Tribunal Constitucional solicitando la impugnación de las iniciativas rupturistas.

Después, habrá que esperar al Constitucional. Según fuentes del tribunal de garantías, en principio no tiene previsto celebrar plenos ordinarios la próxima semana. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el recurso de la Abogacía se admita a trámite en una sesión extraordinaria convocada por su presidente Francisco Pérez de los Cobos. En dicho pleno, probablemente, se suspendería la consulta de Mas de forma cautelar.

Sólo si la Generalidad desoye entonces la decisión que adopte el tribunal de garantías entraría en acción la Fiscalía. El Ministerio Público podría presentar una querella contra Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde está aforado, previsiblemente por delitos de desobediencia o sedición.

No obstante, tal y como hicieron saber el fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce y la cúpula de la Fiscalía catalana, el Ministerio Fiscal está convencido de que se cumplirá la legalidad ya que el ordenamiento legal será respetado por "todas las instancias", tanto en los preceptos legales emanados de la Constitución como los eventuales pronunciamientos de los tribunales.

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