La directora general de Servicios Consultivos y Coordinación Jurídica de la Generalidad, Maria Dolors Feliu, ha considerado este domingo que el Gobierno central tiene la "obligación jurídica" de permitir que se celebre la consulta prevista para el 9 de noviembre. Ha defendido en una entrevista al 3/24 recogida por Europa Press que debe permitirse porque la participación directa de los ciudadanos es un derecho reconocido en la legislación española.
Feliu ha considerado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus predecesores "han incumplido con una obligación que tenían derivada del derecho fundamental de participación directa de dejar votar" al no regularlo. Ha remarcado que, si el Gobierno central quiere paralizar la consulta, sería conveniente que el Tribunal Constitucional (TC) dictara sentencia antes de la fecha prevista para su celebración, el 9 de noviembre.
"Creo que hay una cúspide donde el mundo jurídico y lo político se juntan, y yo creo que es precisamente esta", ha añadido.
Legalidad
Preguntada por si el 'spot' que ha lanzado el el Gobierno de la Generalidad informando de la suspensión cautelar de la consulta está dentro de la legalidad, ha dicho que "no hay ninguna duda", ya que se limita a informar de la situación.
Sobre el decreto de nombramiento de la comisión de control del 9N, ha destacado que un auto del TC de 2002 estableció que se permitía hacer actuaciones imprescindibles y no ejecutivas en casos de suspensión cautelar para que no se frustre la ejecución si se levanta dicha suspensión.