El Gobierno quiso mostrar de manera diáfana su oposición a la decisión de la sección primera de la Audiencia Nacional de excarcelar etarras como el sanguinario Santi Potros. "Los ciudadanos no lo entienden y claramente nosotros tampoco", aseguró la vicepresidenta, que se aproximó al sentir del colectivo de víctimas -con el que, por cierto, el Ejecutivo cada vez está más alejado desde la derogación de la doctrina Parot-.
Aunque el Gobierno no instó a la Fiscalía a actuar -cosa que está en su mano-, sí que defendió la decisión a motu proprio del ministerio fiscal de recurrir la resolución ante el Tribunal Supremo. "Esto no se puede hacer, lo tenemos muy claro", añadió Soraya Sáenz de Santamaría al término del Consejo de Ministros.
Así, la vicepresidenta tensó las relaciones con la sección primera de la Audiencia basándose en que, al menos, existen dos criterios sobre cómo proceder ante la normativa de la Unión Europea que ha provocado esta nueva crisis. Además de Potros, el jueves se ordenó también la excarcelación de Alberto Plazaola Anduaga, otro miembro de la banda terrorista.
"Lo queremos decir a las víctimas: nuestra decisión está en la ley que salió de Las Cortes y que dice claramente que no se puede hacer lo que ha hecho la sección primera", resumió la portavoz del gabinete, que se unió a la "desazón" de la ciudadanía ante criterios "tan dispares e incomprensibles".
Ahondando en la cuestión, para el Ejecutivo, las decisiones marco de la UE no son aplicables "directamente" mientras no exista una trasposición de esa normativa, tal y como aprobaron recientemente Las Cortes, informa EFE.
A tenor de que las excarcelaciones pueden continuar y del distanciamiento con las víctimas has la fecha, Sáenz de Santamaría no quiso ahorrar en contundencia. Si bien, será el Tribunal Supremo el que decidirá el próximo día 16 de diciembre sobre cómo debe interpretarse la normativa europea.