El proyecto de la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid se eleva este miércoles a su periodo de información pública, y con ello se desvelan algunos detalles más de este plan que supondrá la creación de 40.000 empleos directos e indirectos y la construcción una infraestructura que ocupará un espacio de 200.000 metros cuadrados, la superficie equivalente a unos 20 campos de fútbol.
Según ha podido saber Libertad Digital, la principal novedad del proyecto es que se establece un periodo de carencia durante los cuatro años que se prevé que dure la construcción del complejo: de esta forma la Comunidad de Madrid sólo empezará a abonar el canon anual cuando la Ciudad de la Justicia entre en funcionamiento.
Este canon será de unos 45 millones al año, y se pagará durante 26 años de forma lineal, es decir, no subirá ni bajará. La inversión total será de unos 483 millones de euros, pero esto no supondrá un nuevo desembolso para los madrileños: esos 45 millones se corresponden con lo que actualmente se abona por los alquileres y servicios asociados de las distintas sedes judiciales repartidas por toda la región y que ahora se agruparán en un único espacio.
La concesión administrativa, sin embargo, se entenderá concedida desde el momento de la adjudicación, en junio del próximo año, por lo que será en el año 2045 cuando termine.
Ahorros y ganancias
La Comunidad de Madrid asegura que cada día unas 25.000 personas pasarán por la Ciudad de la Justicia, entre ciudadanos, profesionales de la Justicia y otro tipo de trabajadores.
La administración regional ha calculado también que la agrupación en un único espacio de todas las sedes judiciales supondrá una mejora de la eficacia y la agilidad de la Justicia: se espera que sólo el ahorro de tiempo en desplazamientos y traslados de expedientes sirva para hacer un 20% más ágil la Justicia en Madrid.
Esto supondría no sólo un ahorro directo sino también una mejora de la actividad económica. De hecho, la suma de los ahorros económicos y del incremento de actividad que se calculan suponen una cantidad extraordinaria: casi 4.000 millones de euros para el periodo de concesión de 30 años. De cumplirse, esto, el tendría un impacto positivo en el PIB regional de un 1,1% e implicaría la creación de casi 50.000 empleos, 9.000 de ellos de baja cualificación.
Un proyecto diferente
La Ciudad de la Justicia supone el proyecto más importante España de unificación de sedes judiciales: agrupará 356 órganos judiciales del Partido Judicial de Madrid que ahora están dispersos en 28 edificios de la ciudad. En ella trabajarán habitualmente 554 jueces y magistrados, 202 fiscales, 362 secretarios judiciales, otras 5.000 personas al servicio de la administración de justicia en diversas tareas, además de a 42.000 abogados del Colegio de Abogados, 1.719 procuradores y, por supuesto, a los miles de ciudadanos que se vean implicados en causas judiciales.
El proyecto se ha concebido de una forma eminentemente práctica: se ha dejado atrás la división tradicional por juzgados para implantar una agrupación por áreas jurisdiccionales mucho más cómoda para profesionales y ciudadanos.
Así, un primer bloque albergará los juzgados de lo Penal, incluyendo el Juzgado de Guardia, situado al principio del recinto para facilitar su funcionamiento las 24 horas los 365 días al año. En esta zona estarán también juzgados de instrucción; secciones penales de la Audiencia Provincial; Vigilancia Penitenciaria; Violencia sobre la Mujer; los juzgados de Menores; y las oficinas de la Fiscalía.
El segundo bloque estará destinado a los juzgados de lo Civil, incluyendo los de Primera Instancia y secciones civiles de la Audiencia Provincial, los juzgados de lo Social y también la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM); del mismo modo estarán también los juzgados de lo Mercantil y la sección mercantil de la Audiencia Provincial (AP); asimismo, en este bloque tendrán su espacio juzgados de los Contencioso Administrativo, Sala de los Contencioso Administrativo del TSJM y Registro Civil.
El tercer bloque estará formado por un edificio institucional, que albergará las sedes del TSJM, el área de Administración Pública y las Salas Civil y Penal del TSJM; y el Instituto de Medicina Legal (IML), ya construido.