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La ocupación socialista de las Cajas de Ahorro

Años de leyes e intrigas políticas para que el PSOE lograse controlar las cajas andaluzas... hasta hundirlas.

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De la gran operación de la Caja Única, que iba a ser el ariete financiero andaluz, no quedan como elementos sustanciales la catalana La Caixa y Unicaja. A finales de 2008, todos los órganos claves de la administración de las Cajas andaluzas estaban controlados y/o "autorizados" por el PSOE, incluyendo el de la eclesial Cajasur, la única díscola que sufrió persecución por esta causa cuando estaba dirigida por el cura Castillejo.

Tómese como ejemplo la composición de la Comisión Ejecutiva de Cajasol -hoy La Caixa- tal como se deduce de su Memoria de 2007: de sus veinte componentes, 11 eran inequívocamente militantes socialistas. En su conjunto, si se le suman los apoyos de UGT y de CCOO, la izquierda política y sindical copaba 17 de los 20 puestos de la Comisión Ejecutiva. En las demás cajas andaluzas , la situación era parecida con variantes dependientes del peso provincial del PSOE y del PP.

Por ejemplo, los presidentes de las restantes Cajas de Ahorros andaluzas en aquel momento eran:

  • Braulio Medel, Unicaja, ex alto cargo de la Junta de Andalucía y vinculado al PSOE desde la década de los 80.
  • Antonio María Claret García, La General de Granada, guerrista, perteneciente a las Ejecutivas regionales de Carlos Sanjuán y premiado por Manuel Chaves no sabemos por qué hazaña.
  • José Antonio Arcos Moya, Caja Jaén, ex alcalde de Andújar por el PSOE, que fue desde 1994 miembro de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía, resultado de la batalla entre Manuel Chaves y los guerristas.
  • Santiago Gómez Sierra, sacerdote, CajaSur, vigilado estrechamente por Salvador Blanco, vicepresidente ejecutivo, representante de la Junta en la Caja y alcalde socialista de Palma del Río.

La ocupación de las Cajas, clave del régimen

El poder de las cajas andaluzas no era baladí. El profesor Titos resume así su trayectoria desde el siglo XIX: "El siglo XIX alumbró en Andalucía dieciséis Cajas de Ahorros y Montes de Piedad con distintos orígenes fundacionales (iglesia, burguesía, nobleza, gobernadores civiles, círculos de obreros y otras asociaciones) pero con idénticos objetivos: el fomento del ahorro como regenerador moral, económico y social y el combate contra la usura. De ellas, seis sobrevivían a comienzos del siglo XX. A éstas se unirían en el siglo XX las Cajas de Andújar (1903-1909), Antequera (1904-1991), Ronda (1909-1991), Provincial-San Fernando de Sevilla (1930), Málaga (1949-1991), Huelva (1949-1995), Córdoba (1954- 1995), Granada (1975-1991) y Jaén (1981), las seis últimas de carácter provincial, fundadas por las respectivas Diputaciones. Desde 1990 el sector ha llevado a cabo una fuerte concentración. En cualquier caso se trata de un movimiento aún no concluido y de enorme importancia ya que afecta a un grupo de empresas que administra más de la mitad de los depósitos existentes en la Comunidad." Puede observarse el carácter provincial y local de la mayoría de ellas.

Desde 1982, fecha de la llegada al gobierno del Partido Socialista, se desencadenó una furiosa ofensiva por el control del poder de las cajas, tanto en España como en Andalucía. El País, en un editorial de 1986, hablaba de "carrera por el control de la confederación y de las propias cajas, en la que parten favoritos los socialistas por una doble razón: en primer lugar, su sólida implantación regional y local les garantiza un lugar preeminente en los futuros consejos de muchas de estas entidades, así como una elevada probabilidad de acceder a numerosas presidencias."

Precisamente por ello se aprobó la primera Ley de Cajas desde la transición, la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA, 1985) que daba el poder en ellas a los entes territoriales en donde tienen su sede social. Y añadió años después el mismo diario: "Las cajas de ahorro tienen un marcado carácter regional e incluso, en ocasiones, provincial. Esta situación favorece al Partido Socialista, que incluso antes de 1982 ya contaba con una fuerte representación local. De lo que se trata ahora es de movilizar esa cuota de poder político para lograr el control del 40% del sistema financiero español."

Se trataba de controlar más de la mitad del sistema financiero andaluz. En lo que se refiere a depósitos hablamos del 57 por ciento del mismo en el año 2006. Esta operación de ocupación se llevó a cabo en dos fases diferenciadas: una transposición tramposa de una ley estatal a la nueva Junta de Andalucía y la Ley de Cajas. Desde 1979, recuérdese, la mayoría de los Ayuntamientos y Diputaciones estaban ya fuertemente penetrados por la alianza socialista-comunista. A partir de 1982, las ocho diputaciones, todas las capitales y la inmensa mayoría de municipios andaluces tuvieron alcaldes y presidentes socialistas. Era el momento de promover el asalto al poder financiero de las cajas.

En 1983, la Junta publicó el decreto 25/1983, de 9 de febrero, que puede examinarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 13, de 15 de febrero de 1983. En él, la Junta de Andalucía ya presidida por el PSOE a través de la figura de Rafael Escuredo, decretaba que podía ejercer el derecho de veto sobre los nombramientos de Director General y asimilados,que podía impedir o aprobar la expansión de las Cajas según conviniera; que podía suspender los acuerdos de los Consejos de Administración y que tenía que conocer cualquier nombramiento que se hiciera en la esfera ejecutiva. Nada menos.

Pero se hicieron trampas porque el decreto citado consistía en la transposición a Andalucía del Real Decreto 2290/77 de la época Suárez. Pero en el decreto original era el director general de las Cajas, de cada una de ellas, quien podía suspender la ejecutividad de los acuerdos del Consejo de Administración, pero en el decreto de la Junta, tal facultad ya forma parte de las atribuciones de la Junta de Andalucía eliminando al director general sin haberse cambiado la ley. Es decir, que no se transpuso meramente el Decreto, sino que se alteró sustancialmente. Con ello se introducía el control de las Cajas.

El segundo paso fue la penetración masiva del PSOE en los órganos de dirección de las Cajas andaluzas. Esta segunda ofensiva se dio en 1986 a partir de la LORCA de 1985. A nivel nacional, y como bien analizó el diario de Prisa, el PSOE se sabía con un gran poder municipal. Ese poder, en Andalucía, era casi omnímodo. Se trataba pues de promover la transferencia del poder de las cajas desde sus legítimos detentadores -que deberían haber sido mayoritariamente los impositores, casi siempre los pequeños ahorradores del pueblo andaluz, los trabajadores autónomos y asalariados, junto con los fundadores-, hacia los partidos políticos, sobre todo hacia el partido ganador de las elecciones de 1982 y de 1983, pervirtiendo así una de las reglas de la representación democrática.

¿Por qué habrían de ser los representantes políticos los que gestionasen en gran parte los dineros privados de los impositores y fundadores y no los propios impositores y fundadores? ¿Por qué regla de tres democrática se concluyó que era más democrático el control político municipal, provincial o autonómico que el control de quienes tenían sus propios dineros en dichas instituciones?

Consecuencia de este proceso, en el que los Ayuntamientos y Diputaciones, fueron utilizados en favor de la "reforma democrática" de las Cajas, todas las cajas salvo la cordobesa y la jerezana, cuyo dominio compartió con los andalucistas, cayeron bajo la influencia socialista. Pero curiosamente, cuando en 1995 apareció el PP en algunas capitales y municipios como el partido más votado, la tendencia fue la "profesionalización" de las cajas, según la hoja de ruta trazada, cómo no, por el diario El País: "La solidez de estas entidades exige antes que nada la continuidad en la profesionalización que se ha definido en los últimos años (¿). Tratar de interferir con criterios partidistas en decisiones estrictamente empresariales dentro de un sector tan sensible como el bancario puede generar costosas perturbaciones que acabaríamos pagando todos los españoles".

Pero eso fue en cuanto el PP sacó la patita electoral. Hasta entonces, la politización fue generalizada, sectaria y total. De hecho, el PSOE controló las plantillas de la Cajas, sus préstamos, sus créditos, sus condonaciones y todo el poder derivado del poder financiero y su influencia en los municipios, especialmente en las zonas rurales fue abrumador. La operación se culminó en 1999 dando entrada a la propia Junta de Andalucía en el control de las cajas.

Persecución de los disidentes

Mucho antes de las grandes persecuciones instigadas por el "savonarola" del chavismo, el catedrático Pérez Royo y otros fieles, contra dos díscolos presidentes socialistas de Cajas, Isidoro Beneroso (El Monte) y Juan Manuel López Benjumea (Caja San Fernando), hubo otras ya casi olvidadas. Por ejemplo, de la Juliàn de Zulueta, ex alcalde de Ronda, a quien Braulio Medel purgó sin contemplaciones y le impidió estar presente en la Caja de Ronda.

Como declararía el propio Zulueta: "La lectura de los hechos es bien clara: la Caja de Ahorros de Ronda vetó al alcalde de la ciudad el acceso al Consejo de Administración y a la asamblea general de la caja, saltándose la legislación a la torera. Después, sin saltársela, ha conseguido vetar su candidatura a la alcaldía de Ronda". Zulueta añadió que Braulio Medel, el nuevo presidente socialista de la Caja, había pactado con la vieja dirección franquista de la Caja. Dulce venganza. Igualmente hizo con Charo Muelas, vinculada al CDS, destituida cuando se reincorporó a su puesto tras la campaña electoral en 1986 aunque, esta vez, mediante acuerdo.

Las grandes persecuciones tuvieron lugar tras la puesta en marcha de la Ley de 1999. Cinco fueron las cajas que no aceptaron las órdenes de Magdalena Álvarez y Manuel Chaves sobre el proceso de renovación y sus deseos sobre la forja de una Caja Única con Unicaja como eje vertebral: Caja Córdoba, El Monte, Caja San Fernando, Caja de Jaén y La General de Granada.

Miguel Castillejo, un canónigo catedralicio que presidió Cajasur durante más de 25 años, se negó a la penetración socialista en la caja de la Iglesia. Sus enemigos dicen que además se opuso porque la ley de Chaves ponía un tope de edad (70 años, límite nada casual), que suponía su jubilación. Pero Chaves no pudo soportar que 7.000 manifestantes defendieran el proyecto de una Cajasur autónoma y vitorearan a Castillejo. Fue perseguido y finalmente fulminado, junto con la Caja, ahora en manos vascas.A mediados de 2005, Miguel Castillejo salía de la presidencia de Cajasur tras un nuevo pacto de la Iglesia con el PSOE y poco a poco eran eliminados sus colaboradores en la Caja. Hasta su busto fue retirado de la Entidad.

Los llamados "primos", Beneroso y López Benjumea, eran presidentes socialistas que no querían la fusión ordenada por el "arquitecto" Emilio Ontiveros, vía Carlos Solchaga, y la consejera "Maleni" Álvarez. Fueron fulminados de mala manera y con peores artes por Manuel Chaves y su corte. La ayuda de Prisa fue recompensada después con el apoyo financiero a la Operación Localia, fracasada finalmente. De paso intentaron clavarle una puñalá al diario El Mundo, al que acusaron de inventarse un caso de "espionaje" contra el que fuera presidente de la Caja de Ahorros San Fernando, Juan Manuel López Benjumea, espionaje que habrían realizado personas del entorno de Manuel Chaves. Pero la sentencia judicial absolvió al diario entonces de Pedro J. Ramírez.

No nos resistimos a exponer la conversación grabada entre los perpetradores del espionaje:

A.- Entre Pino -expresidente socialista de la Diputación de Sevilla-, Pizarro -exmano derecha de Chaves en el PSOE andaluz- y Chaves, me han mandao a seguir a Benjumea y Beneroso.

D.- ¿Tu sabes que Benjumea es Presidente de ... San Fernando?.

A.- Sí

D.- Y ¿ Por qué lo has seguío? Porque te lo han mandao esta gente por la cara.

A.- Me han mandao entre el Chaves, el Pino y el Pizarro.

El ex presidernte de Caja Jaén, el socialista Francisco Tudela Salvador (1991-2000) fue aniquilado por su rebeldía contra el proyecto de cajas de Manuel Chaves. El socialista Julio Rodríguez, ex presidente de Caja La General de Granada, fue acosado por el PSOE hasta su marcha por negarse a aceptar el proyecto de Manuel Chaves. Magdalena Álvarez impidió que cobrase su sueldo hasta tragar con los estatutos impuestos. Luego fue atacado por Comisiones Obreras, cómplice en la estrategia de Manuel Chaves y Maleni. Finalmente se le hizo responsable del informe Ataujía, un informe que conminaba a los directivos de la Caja granadina a apoyar al PSOE en las elecciones de 1999.

Las Cajas y los escándalos socialistas

El abuso de poder y la comisión de irregularidades fue continuo dado el poder omnímodo del PSOE en las Cajas, auxiliado por CC.OO, UGT y en buena parte, por IU, a la que se condonaron préstamos sucesivamente. El gran escándalo, además de las persecuciones, fue el préstamo de 1987 hecho desaparecer incluso del circuito informático de la Caja de Ahorros de Jerez que pidieron Manuel Chaves y 32 socialistas gaditanos más. Cuando PP e IU "pinzaron" al PSOE en el Parlamento andaluz en 1994, lograron aprobar una Comisión de Investigación sobre el caso, pero fue abortada por Chaves tras su victoria de 1996 sobre Javier Arenas.

La Caja de Ahorros de Ronda, en manos de Braulio Medel, eximió al Partido Socialista de la devolución de varios créditos por valor de 311 millones de pesetas, según informaron los periódicos "El Mundo" de Madrid y "El Sol del Mediterráneo" de Málaga. Luego el PSOE aclaró que los seguía pagando, aunque no hay pruebas de ello. En realidad, todos los partidos andaluces, salvo el PP, Partido Andalucista, Izquierda Unida y PSOE tenían préstamo vencidos e impagados en las cajas de ahorro.

Otro escándalo tampoco fue investigados por el Parlamento andaluz debido a la oposición del PSOE. Ocurrió en julio de 1986. La Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, permitió que el importe de la liquidación de los intereses de las cuentas que tenía abiertas en la Caja de Ahorros de Jerez, como representante de la Junta de Compensación de un polígono industrial, fuese ingresado en una cuenta del PSOE de manera subrepticia. Es decir, los intereses generados por el depósito de dinero de la Junta, o sea, dinero de todos los andaluces, terminó en las arcas privadas del PSOE.

Los dineros de las Cajas sirvieron al PSOE para la compra directa de medios de comunicación. José Manuel Martínez Rastrojo, diputado socialista almeriense y miembro de la Ejecutiva Regional del PSOE, acusó en 2001 a su partido, especialmente a Gaspar Zarrías, de pretender montar un grupo multimedia con ayuda del dinero de las Cajas de Ahorros. Lo dijo así: "El proyecto final era un grupo multimedia de 16.000 o 17.000 millones de pesetas, encabezado por su amigo (de Zarrías), Emilio Martín. Y todo ello, con las Cajas de ahorro prestando el dinero para cobrar. Como se compraba a bajo precio, al final, a las cajas, porque los préstamos no se iban a pagar, les hubieran dado el 4% o el 5% de las acciones, una vez revalorizadas, y se acabó."

Y el entonces dirigente socialista añadió: "- Mire, el PSOE, en la época de la financiación irregular, le puso una gorrita a alguna gente para que fuera a las empresas en nombre del partido y, cuando se acabó aquello, el partido no tuvo la precaución de quitarles la gorrita. Con lo cual, muchos siguieron por su cuenta. De hecho, nosotros avisamos. Y aún así, se colaron operaciones." Luego, "llamaban de la Federal y nos decían: «Oye, que ha ido tal persona a esta empresa a pedir una comisión en nombre del partido, ¿sois vosotros?» Y no éramos nosotros."

La policía descubrió en sus grabaciones del caso Astapa que el ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, aprovechó sus relaciones y las de otros cargos públicos socialistas con el entonces consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, para tratar de lograr su mediación en la concesión de un préstamo de 20 millones de euros por parte de la entidad financiera Cajasol.

Para no alargarnos más, terminemos con la Operación Nochebuena. Luis Portillo, empresario sevillano aupado a las principales cotas del poder económico nacional gracias a sus relaciones con el PSOE, el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el socialista Quico Toscano y algunas cajas de Ahorros, intentó salvar su empresa Colonial con la ayuda de David Taguas (Moncloa de Zapatero), de la Junta de Andalucía y 100 millones de euros de las cajas andaluzas. El dinero que debían aportar las seis cajas de ahorro de Andalucía, cuyos presidentes fueron convocados a una reunión de urgencia, a celebrar en Sevilla, en la mañana del lunes 24 de diciembre. A la reunión asistió el presidente de Cajalsol, Antonio Pulido, segundos espadas de las demás cajas entonces existentes y José Antonio Viera, hoy imputado en los ERE. La operación no salió.

Luego está el papel de las Cajas en la Operación Malaya y muchas cosas más. En los documentos que aportamos puede consultarse un relato más extenso e intenso de los hechos que hicieron posible el poder casi omnímodo del PSOE sobre el dinero de los ahorradores andaluces.

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