El Gobierno no disimula su preocupación confirmado el cambio de color político en la mayoría de consistorios. Tal y como avanzó este diario, se suceden las llamadas de inversores internacionales y demás actores económicos alertados por las recetas de los nuevos regidores. Y, en este contexto, la vicepresidenta lanzó un mensaje muy claro a un día de la constitución de los ayuntamientos: se les vigilará de forma exhaustiva.
Fuentes de la Moncloa explicaron que el Gobierno tiene herramientas para atar en corto a los consistorios en caso de que no cuadren las cuentas y disparen el déficit público. Ya lo ha hecho a lo largo de la presente legislatura, con la ley de estabilidad presupuestaria en la mano. Si bien, hasta ahora, la inmensa mayoría de sus interlocutores -ya fueran gobiernos locales o autonómicos- eran del PP, por lo que la negociación quedaba en casa y sin estridencias.
El escenario ha cambiado por completo. La frustración de Mariano Rajoy es total con respecto a lo ocurrido en algunas ciudades andaluzas, como Cádiz, Almería o Marbella, en las que el PP rozó la mayoría absoluta pero no gobernará. Aunque los Ejecutivos que más inquietan a los inversores son los de Madrid y Barcelona, según corroboraron ministros consultados por este diario. Lo sucedido en Vitoria fue la puntilla de un día negro para los populares.
Al término del Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría fijó postura. Y lo hizo, como viene ocurriendo desde las elecciones del 24 de mayo, con contundencia. En síntesis, advirtió a los nuevos ediles de que se vigilarán las cuentas municipales y que cumplir la ley "no es una opción". "La ley se aplica a todos" como "a cualquier hijo de vecino", insistió la portavoz. Esto es, la Moncloa actuará si algún alcalde baraja no respetar las leyes, como sugirió Ada Colau, próxima regidora de Barcelona.
Sin que nadie le peguntara al respecto, Sáenz de Santamaría también aclaró al futuro Gobierno de la Comunidad Valenciana que la creación de una agencia tributaria propia, como defiende Compromís, será impugnada al estimar que vulnera la Constitución. Así lo dijo tras informar de que el Consejo de Ministros ha vuelto a impugnar una ley aprobada por el Parlamento de Cataluña por ser contraria a la Carta Magna. "Este recurso es un precedente claro", destacó.
Comunicado urgente del PP
Tras las advertencias, los reproches. Y, de nuevo, la vicepresidenta defendió que debería gobernar la lista más votada porque así "se respetaría la voluntad del mayor número de vecinos" y exigió aclaraciones al PSOE por su política de pactos. "Le corresponde al PSOE explicar su posicionamiento", afirmó, tras recordar que sus nuevos aliados tienen "planteamientos más radicales" y "con posiciones mucho más extremas".
Sin embargo, lo peor a ojos del PP estaría por llegar a última hora de la tarde del viernes, cuando el PSOE se sumaba a una alianza con PNV y EH Bildu para arrebatar la alcaldía de Vitoria a Javier Maroto, del PP. Extremo al que contestaba Génova con un comunicado urgente en el que se acusó a los socialistas de tener una postura "mezquina y cortoplacista, llegando a límites de auténtico desprecio a la voluntad popular" con pactos que impiden la gobernación de candidaturas que han llegado a superar el 40% del apoyo popular.
El PP se centró en lo ocurrido en Vitoria, algo completamente inesperado para Rajoy. Con el apoyo a EH Bildu, Pedro Sánchez "se desautoriza a sí mismo como líder de un partido nacional", sentencian. "Hace semanas dijo que no pactaría ni con el PP ni con Bildu, una declaración de intenciones que ya resultó indigna" pero "hoy vemos que sus hechos han resultado peores y ha preferido pactar con Bildu si es para excluir al PP".
Con el mapa municipal resuelto salvo sorpresas de última hora, la dirección nacional exigió a Sánchez que explique a los españoles "que pacta con Bildu para echar al PP", y auguró que "muchos socialistas se sentirán ofendidos por la decisión de su secretario general y su sectarismo, que no tiene límites".