El Gobierno insiste en no adelantar acontecimientos. "No me voy a dedicar a la política especulativa", llegó a afirmar Soraya Sáenz de Santamaría. Si bien, el discurso es contundente. "En España la ley se cumple", zanjó la vicepresidenta. En dos ocasiones esta semana, Mariano Rajoy rechazó que Cataluña se vaya a independizar y prometió dar "la batalla" para impedir el plan de Artur Mas, con el que no tiene ningún tipo de contacto.
Para el presidente, su postura está clarísima: España "no se va a romper" mientras él dirija el Gobierno. Así lo reiteró la vicepresidenta al término del Consejo de Ministros, aunque reclamó no desvelar "lo pasos" y mantenerse a la espera. Lo primero, será analizar el decreto de convocatoria de las elecciones catalanas, previsto para el próximo 3 de agosto. Si la Generalidad comete alguna ilegalidad, la Abogacía del Estado moverá ficha y, previsiblemente, presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional.
¿Qué pasará si, tras los comicios, Mas declara unilateralmente la independencia? El Gobierno solemniza que actuará con firmeza, utilizando todas las herramientas que le brinda la Carta Magna por amenaza grave de la soberanía nacional. "Se adoptarán las medidas pertinentes", en palabras de Sáenz de Santamaría, que este viernes fue algo más concreta que en otras ocasiones. Llegó a referirse a los "mecanismos que la Constitución establece", aunque no citó expresamente el artículo 155 pese a la insistencia de los periodistas.
Rajoy dice que no le temblará el pulso llegado el caso, pero no quiere suspender la autonomía. Según su entorno, tomaría la decisión si no le quedara otra salida, en caso "extremo". De momento, su portavoz echó mano de las herramientas de la Constitución, pero aclaró a renglón seguido que siempre serán utilizadas con "proporcionalidad" y "seguridad".
Sáenz de Santamaría evitó entrar en más "debates técnicos", pero sí dedicó su tiempo al político. A sus ojos, la irresponsabilidad de Mas es manifiesta. "Ha iniciado una carrera hacia ninguna parte", lamentó, acusándole de fracturar a la sociedad catalana a pesar de saber desde el principio que va a chocar contra un muro.
Así, corroboró que es "muy difícil confiar en su palabra", y de ahí que los puentes con la Moncloa están prácticamente rotos. La vicepresidenta recordó que, en un primer momento, Mas utilizó su órdago ante Rajoy para tratar de conseguir una financiación autonómica todavía más ventajosa, pero que éste se negó. Y, desde entonces, se ha producido la ruptura de CiU y ya empieza a otearse una brecha en la denominada lista unitaria.
El Gobierno endurece su discurso en línea con la postura coordinada del Jefe del Estado, que el jueves marcó la línea roja del independentismo ante Mas. Si bien, evita aclarar cómo actuará si las amenazas se cumplen. José Luis Ayllón, a fin a la vicepresidenta, lo dijo muy claro en una conversación informal con periodistas: "Defenderemos la Constitución sobre hechos y no sobre declaraciones. No vamos a levantar las cartas" y, por lo cual, "no se va a dar ni una sola información".
Pide a Colau que cumpla la ley
Sobre hechos también le preguntaron a la vicepresidenta, en relación a la retirada del busto de Juan Carlos I del salón de la reina regente, donde se celebran los plenos del consistorio de Barcelona. "En España hay mucha gente, incluido el rey, que durante 40 años han estado trabajando por la democracia, los derechos y las libertades", subrayó ante la decisión de Ada Colau.
A la regidora, Sáenz de Santamaría le exigió que cumpla ley, aunque no esclareció si el Gobierno tomará alguna decisión concreta al respecto. Lo más que hizo fue enfatizar que "el Gobierno como el resto de las autoridades tiene una obligación que es cumplir y hacer cumplir la ley y así lo haremos". Y criticó "las políticas de gestos y declarativas que generan mucho ruido pero poco empleo"."Si el problema es que el Ayuntamiento no dispone de un retrato de Felipe VI, que no lo tengan, que ya se lo enviamos nosotros, pero que cumplan la ley", remató la vicepresidenta.