El presidente de la Generalidad en funciones, Artur Mas, ha utilizado la inauguración del encuentro en Barcelona de la Unión Internacional de Magistrados para denunciar la politización de la Justicia en España, presentarse como una víctima del Estado y del Gobierno a través del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y alegar que "la utilización partidista de la Justicia merma la democracia".
Ante la presencia de juristas de todo el mundo, Mas aprovechó también para glosar las "virtudes democráticas y jurídicas de una nación como Cataluña, una de las más antiguas de Europa", dijo. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ante semejantes andanadas se limitó a repetir unas palabras del rey Felipe VI en las que afirmó que el respeto a la ley por parte de los poderes públicos "no debería ser una mera formalidad". Algo más contundente se mostró el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, que afirmó que "hacer respetar la ley no debería considerarse una afrenta".
Como se recordará, el TSJC ha decidido llamar a declarar a Mas el 15 de octubre, fecha en la que se cumple el 75 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys, y que el instructor, que no es juez, Joan Manel Abril, fue designado a propuesta de los grupos de CiU y ERC en el parlamento catalán.
Manifestaciones y otros actos de apoyo
A pesar del "favor" judicial a Mas, tanto la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium, Convergencia, ERC y hasta las CUP están organizando actos de apoyo a los imputados y manifestaciones a las puertas del TSJC para los días 13, en el que serán interrogadas Irene Rigau (consejera de Enseñanza que dio orden de abrir los institutos para que se pudiera votar) y la entonces vicepresidenta de la cuota de Unió Joana Ortega, que organizó los aspectos materiales del referéndum. Dos días después comparecerá Mas ante el tribunal, más que probablemente en plenas negociaciones con las CUP para su investidura, que ya han comenzando y se llevan en el máximo secreto.