La declaración de Dolores Agenjo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha desmontado la versión de los abogados de Artur Mas, de la exvicepresidenta Joana Ortega y de la consejera de Educación Irene Rigau. La profesora y directora del Instituto Pedraforca del Hospitalet de Llobregat fue la única que se negó a cumplir con las órdenes de la Generalidad de ceder los centros para la celebración del referéndum separatista del 9-N.
Dolores Agenjo explicó que recibió cinco o seis llamadas de la responsable de Servicios Territoriales de Educación de la Generalidad, Montserrat Llobet, en las que fue presionada para facilitar las llaves del centro educativo de su responsabilidad. Las llamadas se produjeron entre los días 6 y 7 de noviembre, cuando el 4 del mismo mes el Tribunal Constitucional (TC) había suspendido también el "cambio de formato" de la consulta, según la expresión de Mas.
Ante el cariz de las presiones de Llobet, Agenjo pidió la orden por escrito. La alta funcionaria de la Generalidad le dijo que se la enviaría, pero exigió que no la hiciera llegar a nadie más. En cualquier caso, la orden por escrito nunca llegó y la directora del Instituto Pedraforca consultó con la Delegación del Gobierno y con la inspección del Ministerio de Cultura antes de tomar una decisión. En ambos organismos le dijeron que la consulta era ilegal, razón por la que se negó a abrir el centro durante el 9-N.
Un mes antes, el 16 de octubre, Agenjo participó en una reunión con directores de instituto convocados por la consejería de Educación y en la que se dieron instrucciones para que se designaran docentes "voluntarios" encargados de facilitar la logística del referéndum. Según declaró Agenjo ante TSJC, se llegó a decir que no colaborar podría acarrear "consecuencias profesionales" para quienes se negaran a colaborar.
Testimonio demoledor
Sobre esa reunión, Agenjo ha aportado al tribunal los correos que intercambió con profesores sobre las presiones recibidas por el departamento que dirige Irene Rigau y en la que los destinatarios se mostraban de acuerdo con las consideraciones de su colega. Y estas presiones se produjeron antes y después de las resoluciones del TC, lo que descuadra toda la estrategia defensiva de los abogados de los imputados. El 9-N no fue "cosa de los voluntarios" como pretende Mas, sino de funcionarios instrumentalizados por el gobierno regional. La Generalidad no se apartó cuando el Constitucional dictó su primera resolución, sino que se mantuvo al mando del operativo.
Para el abogado de Irene Rigau, Jordi Pina -letrado también de Millet y Montull, los protagonistas del saqueo del Palau y la derivada del impuesto convergente del 3%-, que el testimonio de una directora de instituto pueda desembocar en el procesamiento "de quienes encarnan la más alta institución del país es muy triste". Ese fue el único argumento que pudo dar y lo único que acertó a decir el desolado letrado Pina ante los medios de comunicación tras una jornada nefasta en el TSJC.
Sin la claque nacionalista
Y es que la declaración de Daniel Martínez, el empresario nacionalista propietario de la empresa que se ocupó de instalar una gran sala de prensa para el seguimiento periodístico de la jornada, fue en la misma dirección. La Generalidad, Mas, Rigau y Ortega, entre otros, no sólo idearon el 9-N como sostiene el president, sino que lo ejecutaron con órdenes, instrucciones y presiones muy precisas.
Por ejemplo y en relación a la confección de las cajas de cartón que se utilizaron como urnas y a las papeletas del referéndum: las hicieron los presos de la cárcel de Ponent, en Lérida. Las prisiones en Cataluña dependen de la Generalidad y están asignadas al departamento de Justicia, del que es consejero Germà Gordó, esposo de una vocal del CGPJ a propuesta del PSOE, la jueza Roser Bach. A pesar de las responsabilidades de su consejería en la preparación del referéndum ilegal, Gordó no está imputado. Era uno de los individuos que salían en la foto de la marcha sobre el tribunal de Mas, el pasado 15 de octubre. En primera línea. También estuvo en los actos de apoyo a Irene Rigau.
Petición de documentos por la Fiscalía
De vuelta a la testifical de Daniel Martínez hay que subrayar que el antedicho, propietario de Focus -que gestiona varios teatros en Cataluña-, aseguró ante el tribunal que la Generalidad pagó a su empresa 140.000 euros para montar la carpa de prensa en la que se fue dando cuenta de los resultados y que dio instrucciones a los empleados de su empresa una vez el Constitucional había declarado ilegal la consulta por segunda vez. Es decir, que el encargo se produjo antes del 4 de noviembre, fecha en la que el TC volvió a pronunciarse sobre el "proceso participativo", pero las instrucciones, órdenes y "sugerencias" fueron constantes y hasta la última hora, puesto que en esa "carpa" de prensa fue donde compareció la entonces vicepresidenta Ortega (de la cuota de Unió) para desgranar los resultados, donde Mas dio una rueda de prensa victoriosa y donde se produjo el abrazo con David Fernàndez, la cara visible de la Candidatura de Unidad Popular (CUP).
Las órdenes, que Martínez calificó de "modificaciones" posteriores al primer encargo, se produjeron hasta el último momento y fueron hechas a través de la aplicación informática en la que la Generalidad emite instrucciones y órdenes a las empresas que adjudica trabajos. Este hecho ha provocado que la Fiscalía inste al instructor Joan Manel Abril, abogado del Consejo Judicial de Andorra, a que requiera a la Generalidad los registros de tal aplicación informática, así como las facturas y adjudicaciones a "Focus" el nombre de la empresa de Daniel Martínez.
El cuñado de Mas
Focus es una productora de espectáculos que además gestiona teatros y organiza eventos de todo tipo. Y es la empresa que hasta octubre de 2014 empleaba al cuñado de Mas, Guillem Rakosnik. El hermano de Helena, la mujer de Artur Mas, fue despedido fulminantemente tras un descuadre en las cuentas de un "evento" organizado por Focus con el objetivo de acercar a los empresarios hispanoamericanos a Cataluña y en la que participaron el consejero de Industria, Felip Puig, y el de Cultura, el exsocialista Ferran Mascarell. Martínez advirtió que su empresa no ingresó ni un euro de los patrocinadores del acto, que eran la Generalidad y el Ayuntamiento de Barcelona, en el que mandaba CiU, lo que le llevó a prescindir del agente comercial y relaciones públicas de su empresa. El despido, a menos de un mes del 9-N, no fue publicado en la prensa impresa. Daniel Martínez, uno de los apoyos económicos más sustanciales del diario separatista Ara (a la derecha de La Vanguardia), impuso su prestigio y predicamento en los ambientes nacionalistas para "cepillarse" al hermano de la "primera dama" catalana. Y aún así mantuvo el contrato de más de medio millón de euros anuales que tiene suscrito con la Generalidad del cuñado.
La "militancia" de Agenjo
Las declaraciones de hoy ante el TSJC han girado el horizonte judicial de Mas. Las pruebas contra los imputados se amontonan y no sólo se basan en declaraciones. Los ordenadores comprados por la Generalidad para el 9-N, las presiones a los responsables de los centros educativos, las órdenes a través del sistema informático de la administración. La escena del delito está llena de colillas.
La consigna en TV3 es la de subrayar que Dolores Agenjo es la número 23 de la lista de Ciudadanos por Barcelona y que a punto ha estado de conseguir acta de diputado. Agenjo, a diferencia de Mas, ha llegado al tribunal acompañada por cuatro personas. En la televisión oficial también han entrevistado a Irene Rigau, la "diana" del testimonio de Agenjo. La consejera ha manifestado que de haberse producido una orden expresa el Instituto Pedraforca tendría que haber abierto sus puertas a los separatistas. Nada que ver entre una instrucción de la consejería de "Ensenyament" y un fallo del Tribunal Constitucional. Creía Rigau que apoyaba la estrategia de Javier Melero, el táctico al mando de la defensa de Mas.
De momento, todo lo que le llega al instructor andorrano es material para procesar al presidente de la Generalidad en funciones, sus dos subordinadas y algún que otro consejero más, como el de Justicia o el de Interior (Ramón Espadaler, ahora alineado con el sector "unionista" de Unió y el cabeza de lista que no ha conseguido representación en el parlament). La coartada de Mas hace aguas por todos los flancos.