Mariano Rajoy tiene clara la primera respuesta que ha de dar una vez el Parlamento catalán apruebe la declaración rupturista. En el "mismo minuto" en el que se consuma la amenaza separatista, el Ejecutivo pondrá en marcha "toda la maquinaria" para salvaguardar la unidad nacional, la igualdad entre españoles y la legalidad. Un operativo consensuado por el presidente con Albert Rivera y Pedro Sánchez, a los que consultará antes de volver a actuar si no se cumple con el mandato del Tribunal Constitucional.
Según lo previsto, el lunes nueve de noviembre a las diez de la mañana, la Cámara regional tiene previsto debatir y posteriormente votar el texto de Juntos por el Sí y la CUP. En el mismo instante en que el documento salga adelante, cosa que la Moncloa da por descontado, el Gobierno dará inicio al operativo ya planificado. Primero, se pedirá por vía de urgencia un informe al Consejo de Estado, que es preceptivo pero no vinculante. Y, en paralelo, Rajoy hará una primera valoración desde Béjar (Salamanca), en un acto del PP.
Una vez el Consejo de Estado se pronuncie, previsiblemente el martes, Rajoy convocará un Consejo de Ministros extraordinario para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional que suspenda de forma inmediata la declaración secesionista. La Abogacía del Estado ya tiene prácticamente listo el documento, según las fuentes consultadas, pero se han de respetar los pasos. Si el Consejo de Estado se demora y el Gobierno tuviera que reunirse el miércoles, Rajoy retrasaría su viaje a Malta, donde se le espera para participar en una cumbre de la UE-África.
Una vez el recurso de suspensión sea admitido a trámite, el Ejecutivo avisa de que ni la Generalidad ni ninguna administración pública podrán ejecutar ninguna actuación que se desprenda de la declaración rupturista. A partir de entonces, "esa declaración es nula, como si no hubiese existido", avisó este mismo viernes Soraya Sáenz de Santamaría. Insistió: "Este Gobierno usará cuantos instrumentos sean necesarios para que se vele por el cumplimiento de la ley, la unidad de España, la soberanía y la igualdad de los españoles".
Una vez más, el Ejecutivo no aclaró que hará en caso de que no se respete el mandato del Constitucional, como muchos temen dentro del propio PP. Aunque, por primera vez, la vicepresidenta advirtió directamente a Carme Forcadell de que podría ser su primer objetivo político y judicial. A la presidenta del Parlamento catalán le digo que "sin ninguna duda" debe saberse en el punto de mira ya que, arguyó, si permite y respalda la votación del 9N "dejará de amparar en sus derechos a la mitad de la Cámara y debe proteger a la totalidad".
En su comparecencia de prensa, tras un Consejo de Ministros centrado en Cataluña, Santamaría recordó a Forcadell que es su obligación "velar por el respecto a la Constitución" en el debate, tal y como queda recogido en la sentencia del TC que ha permitido que el mismo se celebré pese a la petición de suspensión de PP y Ciudadanos. En caso contrario, reseñó la portavoz, el propio tribunal pone en valor que "podrá tomar las decisiones oportunas que considere". Y, no se cansan de repetir fuentes gubernamentales, ahora está dotado de instrumentos para "hacer cumplir la ley".
Ante la Junta Directiva Nacional, que se celebró el jueves por la tarde en Génova13, Rajoy dijo que el Gobierno no ha acudido antes al Constitucional porque no quería dar pasos en falso. "El recurso se pondrá cuando lo vayamos a ganar", dijo. Y la vicepresidenta avanzó que esperan una resolución a favor, y por unanimidad. "Y que a nadie le quepa" de que a partir de entonces, la declaración independentista "no producirá ninguno de sus efectos", insistió.
A partir de entonces, las incógnitas. Moncloa explica que las estrategias se ejecutan, pero no se cuentan. Lo único seguro que es Rajoy volverá a ponerse en contacto con los líderes políticos, incluso les citará otra vez en Moncloa, para consensuar qué hacer en caso de desacato. "Cada actuación que pretendan llevar a cabo al margen de la Constitución y las leyes tendrá una respuesta por parte del Gobierno y del Estado, porque este tema es un asunto de Estado", afirmó la vicepresidenta.
En la rueda de prensa, Sáenz de Santamaría no ahorró en contundencia, pero en ningún momento citó el artículo 155 de la Constitución, por ejemplo. Rajoy ha dicho en varias ocasiones que no quiere llegar a dicho extremo, pero que España no se romperá con él de presidente. "España es un Estado de derecho y una democracia consolidada y por tanto no permitirá que cualquier ciudadano y menos un Gobierno se salte la ley", volvió a repetir su número dos.
Una respuesta que será "prudente y proporcional", y con el apoyo de los partidos constitucionalistas. Así resume la situación un cargo del PP próximo a Rajoy: "Los españoles tienen que tener claro que vamos a proteger la soberanía nacional pase lo que pase, pero los radicales son ellos, los que se saltan la ley son ellos y lo que hacemos nosotros es responder sin aspavientos. Como dice el presidente, cabeza fría porque somos el Gobierno".