Albert Rivera cree que España será mejor con una conferencia de presidentes que sustituya al Senado y en la que las comunidades más pobladas tengan más poder; con un presidente del Tribunal Supremo que centralice en su persona el poder judicial que hasta ahora corresponde al CGPJ y con un sistema electoral en el que los ciudadanos, a imagen y semejanza de lo que ocurre en Alemania, tengan dos papeletas para votar, una para elegir entre varias listas y otra donde puedan optar por su diputado de cercanía. La propuesta de Ciudadanos aboga finalmente por una reforma constitucional que fije las diecisiete autonomías actualmente existentes, lo que supone, en línea con el PP, derogar la disposición transitoria cuarta, vía abierta para la integración de Navarra y País Vasco. Además, aboga por suprimir el artículo 150.2, el conducto que los constituyentes dejaron abierto para la transferencia de competencias a las CCAA, y por establecer qué competencias exclusivas tiene el Estado central en materia legislativa, dejando para la alta inspección la ejecución de esas competencias en cada comunidad.
Ciudadanos quiere cambiar sustancialmente el Tribunal Constitucional para "reforzar su independencia". Para ello, el partido naranja exigiría veinticinco años de ejercicio para poder ser nombrado magistrado y un "estricto sistema de incompatibilidades" lo que se traduce en "la prohibición de haber desempeñado cargos orgánicos en un partido o cargos representativos o ejecutivos en parlamentos o gobiernos, durante los cinco años anteriores a su nombramiento". El mandato del presidente del Alto Tribunal duraría doce años, pero fijando su jubilación a los 75 años de edad.
En cuanto al Fiscal General, seguiría siendo elegido por el Gobierno de entre una terna nombrada por el Congreso.
Como estaba previsto, la propuesta incluye la supresión de las Diputaciones provinciales, una de las medidas en las que siempre ha insistido Rivera, como también la fusión de municipios. Además, en la Constitución reformada se incluiría una nueva sección de "derechos sociales" entre los que el texto dado a conocer este sábado incluye la salud, la vivienda, la protección ambiental, los servicios sociales, los derechos de los consumidores y usuarios, así como el derecho al acceso a los servicios públicos "en condiciones de igualdad" y el derecho a la buena administración. Entre los 'sabios' que llevan meses trabajando el documento había mucho recelo en la expresión "blindar derechos" que los políticos suelen usar para referirse a la Carta Magna. La solución a la que se ha llegado se especifica en uno de los cuatro puntos del documento, titulado "Garantía presupuestaria de los derechos sociales" donde se dice que "no se podrá regular derecho alguno sin la dotación económica oportuna, en los casos en que se exija para garantizar su efectividad la asunción por los poderes públicos del compromiso de gastos correspondiente. Se establecerá la obligación de la 'garantía presupuestaria' para la regulación de cualquier derecho. No queremos derechos nominales cuya frustración aliente la desconfianza y el desapego".
Acabar con los indultos
En línea con lo que ha sido una de las críticas de Ciudadanos al comportamiento de la clase política, el partido aboga por la "limitación y despolitización del indulto" de una forma radical: "En ningún caso será posible indultar a los condenados por delitos de corrupción o contra la Administración, ni los de violencia de género".
"Entre las treinta propuestas se plantea recoger los derechos a la transparencia y a la protección de datos personales" como fundamentales y, en línea con la doctrina del Consejo de Estado en su informe de 2006, acabar con la preferencia del varón en la sucesión al trono y reconocer en la Carta Magna la pertenencia de España a la UE.