La misma formación, la CUP, que ha hecho a Carles Puigdemont el presidente número 130 de Cataluña ya le había llevado a los tribunales por un acuerdo forjado con ERC poco después de hacerse con la alcaldía de Gerona, para contratar a dedo a ocho personas de confianza del grupo de la desaparecida CiU para ocupar cargos de dirección en áreas técnicas del consistorio gerundense.
El recurso contra este acuerdo de gobierno de 2011 fue admitido a trámite por el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Gerona el pasado 19 de octubre, a penas unos días después de la celebración de las elecciones autonómicas. Según denunciaba la CUP gerundense, los sueldos de estos ocho cargos oscilaban entre los 40.000 y más de 70.000 euros anuales.
Fue el concejal de la CUP, Lucas Salellas quien explicó en su día que la ley prohíbe este tipo de nombramientos y obliga a los ayuntamientos a abrir concursos públicos para la designación de este tipo de cargos. La denuncia de los antisistema iba más allá: Salellas llegó a decir que ésta " es una mala praxis tradicional en CiU en muchos consistorios" de toda Cataluña.
Casi tres meses después, es la misma CUP la que con ocho votos a favor y dos abstenciones ha hecho posible la investidura de un candidato nombrado " a dedo" por el propio Artur Mas, que no estaba en ninguna quiniela y que ahora presume de una relación de respeto y de entendimiento con los antisistema.