"Alguno de los controles pudo fallar". El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, negó categóricamente un plan para el desvío de fondos públicos durante su mandato, aunque reconoció posibles errores. Su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, aseguró que durante los 19 años que estuvo al frente de la Comunidad Autónoma, "nunca jamás" se adoptó "ninguna decisión ilegal". Ambos defendieron en abril de 2015 esas versiones ante el Tribunal Supremo, dada su condición de aforados.
Desquitados ya de ese privilegio, Griñán y Chaves están citados el próximo 16 de marzo en calidad de investigados –antes imputados– en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. El juez de refuerzo Álvaro Martín, en el que Núñez Bolaños ha delegado las piezas principales del caso ERE, los llama dentro de la pieza separada del procedimiento específico. Dicho procedimiento se refiere al sistema de transferencias de financiación que logró desviar el dinero público del circuito habitual eludiendo los mecanismos de control por parte de la administración.
Álvaro Martín impulsa la instrucción con una batería de citaciones. El 30 de marzo acuerda otras tres citaciones: a la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, al exconsejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, y al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, en ese orden. De esta forma, el juez materializa la petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Prevaricación
Quiere cubrir el magistrado las garantías del proceso judicial, dado que Chaves, Griñán y otros imputados en la causa no han prestado declaración ante el mencionado organismo. Cita "conforme el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y para garantizar suficientemente como ya se ha expuesto anteriormente su derecho de defensa y el principio de igualdad de las partes ante el proceso".
En el seno de la pieza separada relativa al procedimiento específico, la juez Núñez Bolaños, sucesora al frente del Juzgado de la apartada Mercedes Alaya, incluyó a 52 exaltos cargos de la Junta. La lista se redujo a 51 personas tras el fallecimiento del ex director general del antiguo IFA, Francisco Mencía Morales.
El Tribunal Supremo procedió contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, aún en condición de aforados, al detectar indicios de un delito de prevaricación administrativa. Una vez consumada la renuncia al escaño en el Congreso de los Diputados del exconsejero de Empleo de Andalucía, José Antonio Viera, y el período como parlamentarios de los dos expresidentes, el Alto Tribunal devolvió el caso al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
"Un gran fraude"
"Lo que he hecho siempre a través de mi trayectoria política como presidente de la Junta de Andalucía, como ministro y como vicepresidente del Gobierno, cualquier decisión política o normativa que he tomado, la he tomado siempre basada en la legalidad y con todos los trámites e informes necesarios", argumentó Chaves ante el Supremo.
Por su parte, José Antonio Griñán defendió que no hubo "un gran plan pero sí hubo un gran fraude" por lo que "alguno de los controles pudo fallar".
Según la investigación, los fondos públicos defraudados entre 2001 y 2011 ascienden a 136 millones: 50 por sobrecomisiones (hasta un 20% a las entidades que mediaron en el abono de las ayudas), 73,8 millones por ayudas de la Junta de Andalucía a empresas que no reunían las condiciones para acceder a las mismas y 12,3 millones entregados a prejubilados. El fondo de los ERE estuvo dotado con 855 millones y el coste final, cuando terminen de abonarse las obligaciones contraídas, será de 1.217 millones.
Doce cajas con alrededor de 300.000 folios, más de 270 imputados. Son los argumentos que condujeron a la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, a rediseñar en seis piezas el caso de los ERE fraudulentos