Ocho personas, entre ellas el exdiputado al Congreso por Huesca de Podemos, Jorge Luis Bail, serán juzgadas este lunes por su participación en unos disturbios contra la Guardia Civil que tuvieron lugar en Artieda (Zaragoza) en octubre de 2012. Se les acusa de forcejear con 18 guardias civiles con los que se intercambiaron golpes.
El ministerio público, que les acusa de los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones y desorden público, pide entre dos y 6 años y medio de cárcel para los ocho imputados -más de 36 años en total-, e indemnizaciones que superan en conjunto los 22.000 euros.
Jorge Luis Bail, que fue elegido diputado en las elecciones del pasado 20 de diciembre, había pedido que se le retirara el aforamiento que le corresponde para poder ser juzgado en Primera Instancia, pero no ha sido necesario trasladar su caso al Tribunal Superior de Justicia de Aragón al convocarse nuevas elecciones y disolverse las Cortes.
Las defensas de los acusados, por su parte, piden la libre absolución, defienden que los manifestantes ejercían su derecho constitucional a la concentración y acusan a los agentes de agredir "sin amparo legal alguno" a los concentrados, que lo único que pudieron hacer fue intentar "zafarse" y "evitar los golpes" que recibían.
Varios agentes heridos
Los hechos ocurrieron la mañana del 10 de octubre de 2012, en el kilómetro 1,6 de la carretera A-1601, cuando un centenar de personas se concentraban contra las expropiaciones para el proyecto del recrecimiento del embalse de Yesa, que afectaban a tierras del municipio de Artieda.
La concentración se había convocado ante la llegada de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para entregar a los propietarios afectados las notificaciones de expropiación.
Según el fiscal, la concentración impedía el paso del vehículo de la CHE por lo que las unidades de la Guardia Civil desplegadas en el lugar -una unidad del GRS y tres vehículos patrulla- intentaron mediar sin éxito a fin de que dejaran la vía libre.
Tras varios intentos y avisos por megafonía se produjo la intervención policial y un forcejeo en el transcurso del cual hubo un intercambio de golpes entre varios de los manifestantes y los agentes, que resultaron con distintas contusiones y lesiones por las que recibieron asistencia sanitaria.
Aunque la Audiencia Provincial de Zaragoza archivó la causa contra los agentes por las denuncias interpuestas por los manifestantes que resultaron heridos, mantuvo abierto el procedimiento contra los manifestantes por los delitos de atentado contra la autoridad, desorden público y lesiones por los que serán juzgados mañana.