La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, la cual cuenta en su plantilla con un inspector jefe encargado de la investigación de la formación quien está investigado en un juzgado de Cádiz a instancias del exconsejero Ángel Ojeda, ha reactivado la lucha contra el fraude masivo en las subvenciones al empleo de la Junta de Andalucía.
La nueva línea de investigación se centra en las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), organismos municipales creados en 2002 por el Ejecutivo de Manuel Chaves con la complicidad de UGT y CCOO -ya revelado por Libertad Digital en 2010- ahora dice que más que organismos dedicados a crear empleo, eran agencias de colocación de socialistas. Es más, 57 millones de euros se fueron con este amiguismo y enchufismo sin control entre 2010 y 2012.
Esta línea de investigación no es nueva para la Cámara de Cuentas de Andalucía. En 2012 ya denunciaba como el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) empleaba en gastos corrientes lo que debería usar en otros menesteres. Esta fue una de las conclusiones del examen de 52 expedientes cuyo importe económico ascendía a casi 30 millones de euros. En su conjunto, la Cámara de control hacía referencia a 57 millones de euros dilapidados de forma escandalosa.
Además de subrayar el descontrol y requerir el reintegro de las subvenciones, añadía: "a través de subvenciones de capital a la Faffe (Fundación Andaluza del Fondo de Formación y Empleo) y a las Utedlt (Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local), el SAE financia el gasto del personal que año tras año desempeña sus funciones con el fin de ejecutar las actividades correspondientes a determinados programas presupuestarios del SAE". Se trata de personal laboral al que se le renueva anualmente el contrato. En consecuencia, dichos gastos tienen naturaleza corriente debiendo figurar imputados al capítulo IV "Transferencias corrientes". Actualmente, el referido personal ha quedado integrado en la plantilla de la Agencia Andaluza de Empleo y en la Fundación Red Andalucía Emprende.
La denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) pidió en 2014 a la Fiscalía Superior de Andalucía que abriera diligencias de investigación sobre el informe de la Cámara de Cuentas que detectó que la Junta de Andalucía había repartido "sin control" 57 millones de euros entre los 95 consorcios municipales de empleo, denominados Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico.
Pedía el SAF que el fiscal superior de Andalucía investigara si de los hechos descritos por la Cámara de Cuentas se derivaban posibles delitos de prevaricación y nombramiento ilegal.
Poco después, la Fiscalía Superior de Andalucía, cuyo responsable era y es Jesús García Calderón, pidió el 24 de junio de 2014 a la Junta de Andalucía que entregara a la Policía Judicial "los datos precisos" sobre las personas y departamentos responsables de las ayudas concedidas a las Utedlt en el trienio 2010, 2011 y 2012 y la "documentación concreta en cada supuesto".
Se trataba de saber qué se ha hecho con el dinero-57 millones de euros- repartido entre los 95 "chiringuitos" paralelos donde sus empleados habían entrado habitualmente a dedo.
La investigación de la UDEF
Relata El Confidencial Digital que las pesquisas de la UDEF se encuentran en una fase inicial limitada a la provincia de Cádiz. Los expertos en delitos económicos de la Policía ya han constatado que los fondos públicos para políticas activas contra el paro gestionados por los consorcios Utedlt se fueron por un auténtico desagüe de irregularidades sin cumplir ningún tipo de objetivo.
Al parecer se está a la espera de que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, acuerde la imputación de los presuntos máximos responsables de la trama en esa provincia. La UDEF, que ha respetado el período electoral, le remitió a principios de la semana pasada un exhaustivo informe en el que solicitaba formalmente que se acusara los máximos responsables de los ocho consorcios que se crearon en Cádiz.
Se busca el destino de los 57,3 millones de euros irregularmente empleados entre 2010 y 2012 en las ocho provincias andaluzas durante el mandato de José Antonio Griñán al frente de la Junta de Andalucía.
En el informe policial se constata que los programas de fomento del empleo no se realizaron, que se omitieron las inspecciones de gasto, que no se justificó el destino del dinero y que se alteraron datos para manipular el resultado de la inversión. Es decir, que no hay certeza alguna de que el dinero se dedicara a combatir el paro.
En el caso de Cádiz, una de las provincias españolas más castigadas por el paro, además de no mejorar cifra alguna sobre el desempleo, el dinero sirvió para colocar en las estructuras de sus organismos implicados a a personas vinculadas con el PSOE y con entidades y fundaciones de su entorno.
Por poner un ejemplo, los directores de los consorcios eran en su gran mayoría antiguos cargos de la formación seleccionados a dedo y, según la investigación policial, gran parte de las plazas de técnicos se cubrieron con simpatizantes del PSOE para que también pudieran disfrutar de un sueldo pagado con impuestos.
La UDEF considera que estos hechos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa y fraude, pero si los primeros prescriben a los 10 años, los presuntos delitos de fraude lo hacen a los cinco y probablemente el año 2010 quedaría al margen.
La investigación policial persigue la imputación de los máximos responsables cuanto antes para evitar posibles prescripciones. Esta estructura era dominada desde hacía una década o más por el llamado Clan de Alcalá y era la base de su tradicional dominio electoral en la provincia. Su desmantelamiento por Griñán fue considerada una agresión al poder del clan que, en efecto, se enfrentó internamente a Griñán y aún sigue enfrentado a su sucesora, Susana Díaz.
La Junta desmanteló el tinglado antes
Consciente del peligro, la Junta trató de borrar las huellas del escándalo. Antes de que la Cámara de Cuentas pudiera investigar más a fondo, eliminó los consorcios y las Utedlt y los integró en un nuevo ente, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Sus directores y técnicos fueron despedidos, aunque en mayo de 2015 se obligó a la Junta a integrarlos en plantilla de la Administración Autonómica.
La Cámara de Cuentas de Andalucía subrayó en su informe de enero de 2014 que no pudo investigar adecuadamente a las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico porque la Junta las desmanteló antes de su inspección. Por tanto, no se pudo saber siquiera las condiciones de contratación y otros muchos datos de la muestra elegida.
La Cámara lo dijo de este modo: "es necesario señalar la dificultad que suponía la localización de la documentación solicitada, ya que las sedes de los consorcios habían sido desmanteladas. Al respecto, hay que añadir que la reestructuración de competencias entre la Consejería de Empleo y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa supuso la salida de la estructura básica de los consorcios Utedlt tal y como se mencionaba y motivó, a su vez, la cesión de las instalaciones y buena parte del equipamiento a la Fundación Red Andalucía Emprende".
El total del personal afectado por el desmantelamiento fue de 787 empleados (90 de ellos directivos) que estaban empleados en 97 Consorcios de Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico con contratos laborales indefinidos (sólo 95 cuando investigó la Cámara de Cuentas).
A pesar del desmantelamiento precipitado -sabiendo que la Cámara iba a fiscalizarlas-, se descubrió que "aún cuando la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo promovió la necesidad de redactar un modelo de bases homogéneas para la cobertura de las plazas, con el fin de que se aplicara en todos los procesos de selección y así garantizar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, dicho objetivo no se llevó a la práctica".