Al ocurrir la extraña filtración en período electoral según la cual la juez Núñez Bolaños archivaría el caso "político" del fraude de la formación "dentro de unos meses", el PP andaluz advirtió que presentaría un escrito al Consejo General del Poder Judicial para que se investigara el origen de la misma. El PP, personado en la causa, se extrañó de que no fueran autos, sino filtraciones interesadas. "No damos crédito a lo que está ocurriendo", dijeron los populares.
La nave del juzgado de las macro causas va y sigue yendo por derroteros que cada vez escaman más a los populares y, a veces, a la propia Fiscalía. Los abogados del PP han formulado una queja formal contra María Ángeles Núñez Bolaños, la titular del juzgado, "por inactividad lesiva en vía ordinaria". ¿Razón? Hace ocho meses que presentaron un recurso y la juez no ha contestado, lo que consideran un funcionamiento anormal de la administración de justicia.
Contrasta esta tardanza con la celeridad con la que la sustituta de Mercedes Alaya en el juzgado de las macro causas dejó sin efecto un auto de su antecesora sobre las imputaciones del ex consejero de la Junta, Ángel Ojeda. Tardó sólo un día en componerla, redactarla y publicarla. Recuerda ABC que fue precisamente esta la decisión que recurrió el PP con fecha 23 de noviembre de 2015 y que aún no ha tenido respuesta de la juez Bolaños.
Por ello, el PP advierte que pedirá daños y perjuicios, inquieto de sobremanera por tan anómala dilación. Los populares indican que podrían presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si persiste la actitud de la juez, que no ha atendido ni siquiera las gestiones "verbales" del PP. La dilación indebida de la juez podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.
Por su parte, la Fiscalía, que ha advertido a la juez de la insuficiencia de su instrucción, ha venido desde hace ya varios meses pidiendo a la juez Núñez Bolaños que impute a determinadas personas sin que ésta se haya pronunciado. El último caso ha sido el de la sociedad de Azucareras Reunidas de Jaén.
No falta quien le eche la culpa de todo a las cucarachas que han hecho acto de presencia en el juzgado donde se guarda la documentación del caso de los ERE. El caso ha llegado al decanato de los jueces de Sevilla y han circulado fotos de la plaga.
Grabaciones con "arreglos" y archivos injustificados
El PP, además, ha detectado otra cosa rara: las grabaciones entregadas por el juzgado de Núñez Bolaños conteniendo las declaraciones de los Interventores provinciales de la Junta sobre el caso de la formación, son "defectuosas, incompletas y contrarias al texto de las actas".
Al parecer, los pasajes eliminados pueden ser muy relevantes para la causa. Los abogados del PP han pedido que se les vuelva a hacer entrega de la documentación y las grabaciones. ABC subraya que una de las grabaciones que se corta es la del interventor de Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, que fue el más contundente de todos en su informe sobre las irregularidades en las ayudas y subvenciones de formación. El funcionario emitió un dictamen sobre las presuntas irregularidades cometidas en su provincia entre los años 2009 y 2012. Posteriormente elaboró un borrador de informe de actuación por "riesgo de menoscabo de fondos públicos" que elevó al interventor general, quien lo asumió.
Es más, la juez le dijo a la acusación particular ejercida por el PP que dejara de preguntar por delitos que no existían, sentenciando previamente sobre el caso. Pero esta afirmación de la juez ha desaparecido, como las respuestas del Interventor de Huelva sobre facturas falsas y subvenciones.
Tampoco aparece completa la grabación del interventor de Granada, Miguel Gutiérrez. De hecho, cuando el fiscal preguntó al Interventor que explicara las irregularidades que se producían en la fase de justificación, aquél respondía que no se pudieron detectar porque no había manera. El PP advierte que además de estar incompleta, la cinta podría estar tergiversada. Por si fuera un error, ha vuelto a pedir las grabaciones originales.
El extraño asunto del archivo del caso Velasco
¿Es normal que un caso se archive provisionalmente por un juez, que la Audiencia anulara dicho archivo y que el juez archive de nuevo sin considerar al órgano superior? Es lo que ha ocurrido en el caso del ex número dos del PSOE andaluz, Rafael Velasco, imputado por unas subvenciones a una empresa de formación de la que la titular era su esposa.
Núñez Bolaños ha acordado de nuevo el sobreseimiento provisional de la pieza en la que se investigan las ayudas recibidas por las empresas vinculadas a Velasco. Hace poco más de una semana que la Audiencia de Sevilla fijó posición diciendo que tal decisión de la juez no estaba fundamentada.
La juez ha vuelto a archivar el caso porque sigue considerando que sin que la Dirección General de Formación para el Empleo -dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio- aporte los informes que ya reclamó la juez Alaya el 10 de abril de 2015, no se puede instruir y podría prescribir el caso.
La juez había solicitado la declaración de esta causa como de especial complejidad para conseguir 18 meses de instrucción, pero, al tiempo, lo archivaba provisionalmente por la actitud obstruccionista de la Junta y la dificultad de la instrucción. La Ley sólo permite el archivo provisional cuando no se haya acreditado el delito que se investiga o no haya motivos suficientes para la imputación de las personas señaladas.
Se levantan medidas cautelares
De momento la juez Núñez Bolaños ha eliminado la obligación del imputado Carlos Leal Bonmati de comparecer mensualmente en el Juzgado. Recuerda el grupo Joly que Leal Bonmati fue acusado por la juez Alaya de haber utilizado su despacho como "centro de lavado" de las comisiones cobradas por el conseguidor de los ERE Juan Lanzas.
Leal Bonmati comparecía periódicamente desde julio de 2013 cuando la juez Alaya, además, le impuso una fianza de 150.000 euros para que pudiera ser puesto en libertad.
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al levantamiento porque "subsisten a la fecha los motivos que fundamentaron su adopción". Sin embargo, la juez aduce que "en la actualidad, como en el momento de su adopción, el investigado tiene trabajo en Sevilla, familia, hijos y domicilio en esta ciudad", y durante los tres años que dura la medida su comportamiento ha sido de "plena disposición hacia el órgano judicial y como manifiesta en su escrito de aquietamiento al presente proceso".
Naturalmente, y dado a que hay 270 imputados, la medida ha suscitado gran interés entre sus defensas, varias de las cuales han reclamado el mismo tratamiento para sus defendidos. Si será o no el fin de las medidas cautelares en el caso ERE, lo dirán los próximos meses.