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La corrupción del PSOE andaluz puede amargarle a Sánchez las terceras elecciones

El partido que presume de luchar contra la corrupción por su no a Rajoy puede enfrentarse a juicios por sus peores casos de corrupción.

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La corrupción del PSOE andaluz puede amargarle a Sánchez las terceras elecciones
Susana Díaz | Archivo

Están ahí, pero silentes, letárgicas, adormecidas. Sin embargo, si el otoño finalmente consolida un horizonte electoral a fin de año, el panorama judicial del PSOE andaluz se reavivará de modo inmisericorde con dos estrellas principales, el juicio de Chaves y Griñán y el caso de la formación, además de otros menores.

La pieza política de los ERE

Por una parte, y dado que el juez de instrucción Álvaro Martín ha retrasado al 15 de octubre el plazo de presentación de las acusaciones en la pieza política de los ERE, en la que están procesados 26 ex altos cargos de la Junta y entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, será en vísperas de las elecciones cuando el caso saltará de nuevo a la actualidad impulsada por las largas campañas preelectorales acostumbradas.

Debería haber sido este jueves cuando se presentaran tales escritos de acusación, pero por razón de la "complejidad" de la causa y la circunstancia del agosto judicial, básicamente vacacional, el juez Martín ha ampliado el plazo.

No se sabe cuándo se celebra por fin el juicio de la pieza política de los ERE que afecta a dos presidentes nacionales del PSOE, pero podría situarse muy cerca de unas presuntas elecciones en diciembre.

El caso del fraude de la formación

Con el caso ERE, son cuantitativa y cualitativamente de los más importantes casos de corrupción de la historia reciente de España. El caso del fraude de la formación presenta dos frentes que se agitarán si hay terceras elecciones consecutivas en diciembre.

Por una parte y aunque apenas se recuerde por la mullida labor del silencio de la Junta, el Parlamento andaluz dispone de una Comisión de Investigación sobre el asunto que antes del día 19 de septiembre tiene que presentar conclusiones.

Esto es, a partir del próximo lunes 19 los portavoces de los diferentes grupos, PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos e IU tienen que presentar sus conclusiones sobre lo que, políticamente, ha ocurrido en este caso.

Una vez que el presidente de la comisión, Julio Díaz, de Ciudadanos, las tenga deberá intentar que se apruebe un documento común de conclusiones y elevarlo al pleno del Parlamento para su aceptación. Pero no parece que ese vaya a ser el caso. El PSOE insiste en que lo que ha ocurrido se explica por meras "irregularidades administrativas".

El PP extrae conclusiones bien diferentes acusando al PSOE de bloquear la investigación. Es más, ayer mismo el PP andaluz subrayó la existencia de un torpedeo y la presencia de un fraude que exige responsabilidades políticas. De hecho, el PP ha denunciado que la Junta ha remitido a la comisión de investigación una auditoría sobre la Faffe "mutilada", que sólo incluye 56 de las 227 páginas de las que se compone el documento en su totalidad.

Ciudadanos no se define pero pide cambios en el modo de "conceder" subvenciones. IU y Podemos hablan de descoordinación, pero no han precisado pendientes, seguramente, de las negociaciones nacionales.

En todo caso, todo el proceso se desarrollará en la antesala de unos hipotéticas elecciones en diciembre con la amenaza de seguir en el candelero político en plena precampaña electoral.

El fraude de la formación en los juzgados

Se creía que el fuego de los aspectos políticos del caso de la formación había sido apagado por la nueva juez, la sucesora de Mercedes Alaya, María Núñez Bolaños cuando se lanzó, desde su juzgado, que el caso iba a ser sobreseído cuando así lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción que no apreciaba delito alguno en los altos cargos de la Junta que permitieron seguir dando subvenciones sin haber justificado las anteriores. La intención de la juez era bien clara porque poco después archivó una de las piezas del caso de la formación, el relativo a la Fundación Andaluza Fondo Formación para el Empleo (FAFFE).

Pero han ocurrido dos cosas. Una, que el PP ha redoblado su presión contra la juez y anuncia una batalla política intensa en el caso de la formación y que la Audiencia de Sevilla ha anulado el archivo del caso de la FAFFE.

La tesis del PP andaluz es que "todas las irregularidades denunciadas, todos los informes policiales, las declaraciones de testigos, las exoneraciones, el dinero público no recuperado, incluso el hecho de que llevemos cinco años sin cursos de formación, no pueden quedar en nada". Por ello se consideraría un escándalo un posible archivo como el anunciado desde el juzgado porque había diligencias claves sin practicarse. Por ejemplo, el testimonio de la ex directora general de Formación Teresa Florido, cuñada del exconsejero Ángel Ojeda, quien recibió 52,7 millones de euros en ayudas para formación.

El PP acusa a la juez Bolaños de parcialidad y exige ocho informes de actuación firmados por el anterior interventor general de la Junta, Adolfo J. García, correspondientes a los servicios centrales y las delegaciones del SAE y aquellos expedientes en los que detectó «riesgo de menoscabo de fondos»; informes trimestrales del organismo dependiente de la Consejería de Empleo; los expedientes prescritos y las grabaciones originales de las comparecencias, que, según denunció el PP, estaban incompletas.

Subraya El Mundo que además pide que la Guardia Civil investigue las subvenciones concedidas a 38 sociedades que recibieron 48,4 millones de euros y se "indague en la vinculación de estas empresas con cargos del Gobierno andaluz o el PSOE", convencido, como apuntó la juez Mercedes Alaya, de que la Junta creó una red de "clientelismo político" con las ayudas para cursos de formación.

En el caso FAFFE, tras el dictamen de la Audiencia, la propia juez ha tenido que declarar el caso de especial complejidad lo que alargará su instrucción un año y medio, estando vigente, pues, en el caso de unas terceras elecciones.

Recuérdese que la FAFFE era una agencia de colocación de dirigentes, ex alcaldes, concejales y afines al PSOE que fue eliminada de la escena en 2011 con un boquete de 48,8 millones en subvenciones no justificadas.

La Faffe, en el ojo del huracán durante años por los casos de nepotismo y contratación de familiares y allegados a dirigentes del PSOE, se extinguió en el año 2011 mezclando su personal en la Junta de Andalucía gracias a la llamada Ley del Enchufismo, dejando un agujero de 48,8 millones de euros en subvenciones sin justificar según la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Creada en el año 2003 por el consejero José Antonio Viera, imputado en el caso ERE, multiplicó su personal por 15 llegando a tener 1.700 empleados contratados, salvo excepciones, a dedo.

Por si fuera poco, seguirán vivos a lo largo de los próximos meses los casos Invercaria, el caso de los avales y el caso Alhambra –de fraude en las entradas al monumento patrimonio de la Humanidad que igualmente salpica al PSOE, entre otros–.

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