El presidente catalán Carles Puigdemont acorralado por sus propios letrados. El Consejo de Garantías Estatutarias da la razón por unanimidad al PPC, Ciudadanos y PSC que habían recurrido estos presupuestos el pasado mes de enero pactados in extremis por Juntos por el Sí y la CUP con una partida oculta de 5,8 millones para financiar el referéndum rupturista previsto para este mes de septiembre. No solo se incluye dinero para un nuevo 9N sino también para financiar sus propias estructuras de estado como la llamada Hacienda propia que, según reveló en sus polémicas declaraciones el exsenador de ERC Santiago Vidal podría ascender a los 400 millones de euros en total.
Según el dictamen que ha registrado este órgano consultivo de la Generalidad en el Parlamento autonómico, la disposición 31 del proyecto de Ley de Presupuestos del vicepresidente Oriol Junqueras para este 2017 "es contraria al artículo 149.1.32 de la Constitución en relación al orden de reparto competencial y también al artículo 92, en cuanto a su despliegue orgánico". También ve el Consejo de Garantías contrario al Estatut el texto presupuestario, en concreto, a los artículos 122, 211 y 212.
Esta decisión debería provocar una modificación de las cuentas presentadas por el Ejecutivo catalán para este año aunque es cierto que los dictámenes del Consejo de Garantía no son de obligado cumplimiento. Recordamos que ya los propios letrados del parlamento catalán habían advertido a la Mesa de la Cámara de que la partida destinada al referéndum era claramente inconstitucional. Lo que sí avala el órgano dependiente de la Generalidad son las partidas destinadas a consultas populares y a procesos electorales. Optar por unas nuevas elecciones autonómicas con doble urna podría ser la opción para sortear a la justicia del presidente Puigdemont.
La Generalidad responde: mantendrán su "compromiso"
La primera valoración al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias ha hecho la portavoz del Gobierno separatista Neus Munté. En una rueda de prensa por el 40 aniversario del regreso del presidente Josep Tarradellas, Munté ha advertido que su Ejecutivo mantendrá "el compromiso parlamentario y el mandato de los ciudadanos" a fin de organizar el referéndum rupturista para 2017.
Un compromiso, ha dicho Munté que "entendemos que es perfectamente legal y democrático". Eso sí, después de decir que seguirán adelante, Munté ha puntualizado que esperarán a leer detenidamente el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias para poder "valorarlo y analizarlo al detalle". Poco después, en un acto en Gerona con la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) el presidente catalán ha dicho que su proyecto de referéndum seguirá adelante porque sus cuentas "están perfectamente avaladas".
El Gobierno central les pide que cumplan su propia ley
El informe del Consejo de Garantías Estatutaria se ha colado también en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo ha recalcado que su propio órgano supervisor les ha dicho " por unanimidad" que están " cometiendo actos institucionales". En este sentido, Méndez de Vigo ha insistido " en esa llamada al diálogo, a la responsabilidad de la Generalidad para que cumpla con la ley, e incluso con su propia ley" teniendo en cuenta que el Consejo de Garantías es un órgano dependiente de la Generalidad. El portavoz del Gobierno ha insistido en que no tiene sentido que sigan haciendo oídos sordos a lo que incluso sus propias instituciones le recomiendan.