Durante mucho tiempo se sospechó que la llegada de la juez Núñez Bolaños al juzgado de instrucción de los macrocasos de corrupción que afectaban al PSOE andaluz iba a suponer, de algún modo, la desactivación paulatina de los contenidos penales de todos los sumarios contenidos en la instrucción que había desarrollado contra viento y marea su antecesora, Mercedes Alaya. La "Penélope" destejedora de los macrocasos la llama este miércoles el diario ABC.
Su enfrentamiento con la juez Alaya subió pronto de nivel al denunciar ésta su escasa formación jurídico-penal y su propensión a dejar en "irregularidades administrativas" lo que constituía, según la hasta entonces titular, un delito de prevaricación derivado de unas tramas organizadas desde la Junta de Andalucía.
Como muestra inicial, la juez Bolaños, el mismo día de su toma de posesión en 2015, desautorizó pública y profesionalmente a la juez Alaya anulando una de sus decisiones, sin haber tenido tiempo de conocer el sumario correspondiente.
Hasta El País puso de manifiesto tal comportamiento anómalo en la carrera judicial. De hecho, publicó: "Fuentes jurídicas consultadas aclaran que la medida es excepcional, ya que un magistrado que releva a otro, sin tener conocimiento profundo de un caso, por sistema rubrica las decisiones y autos de su antecesor, casi nunca desactiva decisiones".
Ahora, con el PP
Luego, tras la expulsión de los casos de la juez Alaya, sobrevino el enfrentamiento con el PP andaluz por haber archivado el caso de la trama política en el caso del fraude en la formación, en tal ocasión apoyada por la Fiscalía, y tras haberse negado a facilitar unas grabaciones a los representantes del PP conteniendo las declaraciones de algunos Interventores de la Junta, algo que consideró ya había entregado a pesar de las protestas del PP.
Ahora, finalmente, la propia juez María Núñez Bolaños, titular de la instrucción sobre el presunto fraude de los cursos de formación para parados, ha señalado en un auto que desmenuza Diario de Sevilla que la acusación popular que el PP ejerce en esta investigación ha recurrido el sobreseimiento decretado con la finalidad de obtener "réditos políticos".
El nuevo auto, fechado el 10 de marzo, desestima el recurso de reforma presentado por el PP contra una providencia del pasado 23 de enero, en la que la instructora acordó el desprecintamiento de los expedientes depositados en dos despachos de la Consejería de Empleo que no fueron judicialmente investigados.
Tras las protestas del PP por haberse vulnerado las garantías del procedimiento y la tutela efectiva, Bolaños niega estos argumentos. De hecho, señala que lo que quiere el PP es investigar sin que haya indicios de delitos penales. O sea, buscar y buscar a ver si aparece algo y mantener la causa abierta "con el fin de obtener réditos políticos".
Igualmente, la juez Bolaños manda un mensaje al PP diciendo que, aunque recuerde una y otra vez que ha advertido en escritos y recursos que debería abstenerse en este caso, ella sigue dictando resoluciones ajustándose a derecho porque no ha sido obligada por nadie a la abstención efectiva en el caso.
El PP la acusa de haber sobreseído precipitadamente la causa de la trama de la Junta en el caso de la formación, trama cuya existencia sí admitió en el caso ERE hasta el Tribunal Supremo. El PP considera que Bolaños no ha practicado diligencias necesarias, no ha dado traslado a las partes de documentación relevante y no ha permitido a la UCO la investigación esencial sobre la trama.
La juez insiste en que lo que había que investigar en este caso de la formación eran "irregularidades administrativas detectadas por la Cámara de Cuentas y por los Interventores", y no trama alguna considerada inexistente por el Ministerio Fiscal.
Bolaños vuelve a señalar a la UCO como la autora de la teoría de la trama en sus atestados. Según la Guardia Civil, el fraude de la formación era "fruto de una actuación concertada y coordinada desde el SAE que comprendía toda la comunidad autónoma de Andalucía", algo no contemplado ni por la Fiscalía ni por la Juez.