El Ejecutivo y el PSOE escenificaron este miércoles su unidad en materia antiterrorista y solemnizaron en el Congreso de los Diputados que ETA ha de disolverse sin concesiones de ningún tipo de por medio. Los diputados del PP llegaron a aplaudir la intervención del socialista Antonio Hernando, que fue suscrita al "100%" por Mariano Rajoy instantes después. "ETA no conseguirá ningún beneficio político", prometió el presidente. Si bien, los planes penitenciarios del PNV y la negociación discreta que mantiene con la Moncloa escama a más de un dirigente popular. "Espero que no se equivoquen y estén hablando sobre un posible acercamiento de presos", mostró su inquietud un barón territorial, en conversación informal con este diario.
Según Moncloa, los contactos con el PNV para la aprobación de los Presupuestos continúan y todo hace presagiar que no habrá obstáculos insalvables para el acuerdo. "Estamos hablando, dialogando, escuchando, y si todo el mundo actúa con responsabilidad, se pueden aprobar -las cuentas públicas-. Es importante que se aprueben", señaló el propio Rajoy poco antes de abandonar la Cámara Baja. Si bien, el Gobierno y el PP insistieron públicamente en que, encima de la mesa, no está la cuestión de los presos etarras. Así lo reiteró Cristóbal Montoro, clave en las negociaciones y que llevará el proyecto presupuestario al Consejo de Ministros del próximo día 31.
En este contexto, Juan Ignacio Zoido recibió este miércoles en el ministerio del Interior a Estefanía Beltrán Heredia, la consejera de Seguridad del Gobierno vasco. También participaron en el encuentro José Antonio Nieto, el secretario de Estado de Seguridad; Javier de Andrés, el nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco, y Josu Zubiaga, el viceconsejero de Seguridad del gabinete autonómico. Estuvieron reunidos más de hora y media, según las fuentes consultadas, y después no comparecieron en rueda de prensa. En un comunicado con membrete del ministerio, no se incluyó la política penitenciaria como uno de los asuntos tratados en el despacho. "Ambas partes sitúan la reunión dentro de la normalidad institucional y han resaltado el clima de cordialidad y entendimiento que la ha presidido", se puede leer en el documento. Ha sido una cita "protocolaria" para tratar "los aspectos fundamentales relativos a la seguridad en el País Vasco y la coordinación entre los diferentes cuerpos policiales", según subrayaron.
Discusión en el PP
Unos contactos -el martes, Rajoy contestó con una sonrisa que no tenía prevista una reunión "pública" con Íñigo Urkullu- que ponen en alerta a un sector del propio PP que no vería con buenos ojos que el pacto con el PNV pudiera incluir una revisión de la política penitenciaria, como reclaman desde la formación nacionalista. "De nuevo, nos pondría en contra de nuestro electorado", avisó un veterano parlamentario, no sin mentar el caso Bolinaga y "la división" que se vivió en la formación. En este sentido, fuentes del partido en Madrid o Valencia insistieron en que no deben producirse cambios en la lucha contra ETA. Por su parte, la Fundación FAES, en su día próxima al PP, pidió que "se persiga sin desmayo la disolución incondicional y definitiva de la banda" y se dio, de momento, por satisfecha ante la reacción del Gobierno.
"No habrá nada a cambio de nada", prometió el presidente el pasado sábado en Vitoria, en la clausura del congreso del PP vasco, donde la posición no es unánime sobre qué debería de hacer el Ejecutivo. "En algún momento, no digo ahora, tendremos que hacer algo", en palabras de un miembro de la cúpula regional. Ante los medios de comunicación, Alfonso Alonso rechazó los planteamientos de Urkullu con firmeza. "Seremos la garantía de que no se pague un precio a ETA", afirmó, para a renglón seguido solicitar al lehendakari que deje de ser "portavoz" de los terroristas y rectifique. Unas palabras que provocó el enfado del PNV, por boca de Koldo Mediavilla: "Lamentablemente, parece que nos hemos equivocado, pues el Alonso de las declaraciones de ayer -el martes- representa lo mismo que Jaime Mayor Oreja".