Mariano Rajoy siempre ha intentado desvincularse de la presunta corrupción que durante años ha enfangado su partido, pero será el primer jefe de Gobierno en ejercicio desde la instauración de la democracia que tendrá que declarar como testigo, en concreto por el caso Gürtel. Un golpe durísimo que tuvo una contundente respuesta del PP, que no dudó en poner por escrito que respeta pero "no puede compartir la decisión adoptada" por la mayoría del tribunal. Es una situación "de abuso de derecho", se denunció a las claras. "Al jefe no se le toca", resumió gráficamente un diputado popular, tras una aciaga jornada en Génova y la Moncloa. Adiós de sopetón a la tranquilidad reinante durante los últimos días.
En un primer momento, tras el impacto inicial por la decisión, fuentes gubernamentales se apresuraron a declarar que nada tenían que decir del giro del tribunal, que en dos ocasiones anteriores rechazó la declaración de Rajoy. "Nunca comentamos decisiones judiciales, siempre las respetamos y estamos dispuestos a colaborar con la Justicia, como no puede ser de otra manera", se transmitió oficialmente. Minutos después, Carlos Rojas, portavoz adjunto, hacía suyos dichos argumentos en una breve declaración en los pasillos del Congreso. Si bien, en paralelo, cundió el desánimo en el PP y también las críticas internas contra los magistrados por el cambio de criterio. "Ahora, toda la oposición lo utilizará como arma política", se lamentaron desde la dirección nacional. "Sin paños calientes: es una muy mala noticia que no nos esperábamos", reconoció un vicesecretario general, en conversación informal con este diario.
Pasaron las horas y las llamadas entre Presidencia y el cuartel general de los populares se sucedieron. Constataron que la noticia abría portadas y telediarios y decidieron cambiar de respuesta -utilizada, por ejemplo, ante las citaciones de Javier Arenas o Esperanza Aguirre en el mismo caso- y criticar abiertamente la medida de la Audiencia Nacional. "La decisión adoptada hoy -este martes- contradice claramente su doctrina, de febrero y octubre de 2016, en la que el mismo tribunal rechazó el testimonio de Mariano Rajoy con el argumento de que no era ni pertinente ni útil para la causa", se subrayó por escrito. Además, se recordó que Pablo Ruz, instructor de la causa, también rechazó el testimonio solicitado por la misma acusación popular.
Precisamente, el PP es especialmente duro con la asociación de abogados Adade, que ejerce dicha acusación. "Está liderada por dos personas, Javier Ledesma y Mariano Benítez de Lugo, muy conocidas por su cercanía al Partido Socialista. Esta formación política siempre se ha sumado a sus peticiones", se denunció. En rueda de prensa desde Zamora, Fernando Martínez-Maillo tiró de ese hilo: "No se busca la justicia ni saber la verdad sino instrumentalizar" las instituciones para obtener unos "fines políticos o espúreos y no reconocidos", afirmó. "El PP pone en evidencia el error al que induce la acusación popular al hacer uso de alegaciones falsas y atribuir unas funciones que no correspondían a sus cargos y responsabilidades orgánicas", remataron desde el partido.
Así las cosas, tras momentos de duda, el PP reformuló su estrategia para proteger al líder, que siempre ha intentado que los sucesivos escándalos le salpicaran lo menos posible. De hecho, las preguntas que más le irritan cuando le entrevistan o en rueda de prensa son las relativas a la corrupción, cuando se pone nervioso, mueve instintivamente una de sus piernas y en ocasiones tartamudea.
Ahora, el presidente tendrá que enfrentarse a ese oscuro pasado de la Gürtel en calidad de testigo, ya sea por videoconferencia o presencialmente. "Ha sido una sorpresa, es una vergüenza", se quejaron desde su entorno, no sin precisar que todavía están a la espera de analizar los argumentos que esgrime el tribunal para cambiar de opinión. "Se atribuyen a Rajoy unas funciones que no correspondían a sus cargos y responsabilidades orgánicas", remataron.