El fiscal anticorrupción Manuel Moix, con el visto bueno del fiscal general José Manuel Maza, ha ordenado el relevo de Fernando Bermejo y José Grinda, los fiscales que llevaban el denominado caso 3%, un rosario de expedientes sobre adjudicaciones irregulares de la Generalidad y ayuntamientos nacionalistas y financiación ilegal de Convergencia que destapó una concejal de ERC ya fallecida, Montserrat Gasulla, a raíz de numerosas irregularidades detectadas en el ayuntamiento de Torredembarra, en Tarragona.
Moix ha decidido que a partir de ahora se hagan cargo de la investigación los fiscales anticorrupción Teresa Duerto y Fernando Maldonado, asignados a la delegación de Barcelona. De esta manera, el juez titular del juzgado de El Vendrell, Josep Maria Bosch, deberá coordinarse con los nuevos fiscales pese a lo avanzado de la instrucción. Según Moix, el cambio obedece a motivos operativos, para evitar desplazamientos "innecesarios" desde Madrid y con el objetivo de que los fiscales delegados se hagan cargo de los asuntos de su territorio.
Grinda y Bermejo había participado con el juez Bosch en varias operaciones de entrada y registro en la antigua sede de Convergencia, así como en numerosos ayuntamientos gobernados por los nacionalistas, puesto que el caso superó en primera instancia los límites de Torredembarra. De sus actuaciones se desprendió la condición de investigados de varios miembros de la familia Sumarroca (íntimos de los Pujol), del tesorero de CDC, Andreu Viloca, Josep Antoni Rosell, exresponsable de la adjudicataria de la Generalidad Infraestructures.cat, así como de Josep Manuel Bassols, exalcalde convergente de Anglés (Gerona) y jefe de campaña de Carles Puigdemont en las últimas elecciones municipales en la capital gerundense.
Bassols, casado con la magistrada Núria Bassols, excomisionada para la transparencia de Mas y que ahora ocupa plaza en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), se dedica también a actividades privadas que habría comportado, según la investigación que llevaban a cabo Grinda y Bermejo, tráfico de influencias y cobro de comisiones. Obra en poder del juzgado numerosa documentación sobre los manejos de personajes de Convergencia en torno a la trama del 3%. Entre ellos figura el exconsejero de Justicia, al que Bermejo y Grinda pretendieron detener, pero recibieron instrucciones para que se limitaran a solicitar información al actual diputado de Junts pel Sí.
En la exposición de motivos de Moix se alega que "desde la óptica de la actuación del Ministerio Fiscal y de esta Fiscalía Especial, se considera oportuno que los fiscales de la Delegación de Barcelona asuman un mayor protagonismo respecto de aquellos asuntos que, siendo de la competencia de esta Fiscalía Especial, se tramitan en Juzgados territoriales de la Comunidad Autónoma de Cataluña", según informa El Español.
Efectos en la investigación
El relevo dilatará una investigación en la que diversos empresarios se habían mostrado dispuestos a colaborar. Uno de ellos había llegado a declarar, bajo la condición de que se preservara su anonimato, que había participado en una reunión con Artur Mas en la que éste le dijo que se pusiera de acuerdo con Gordó.
Las diligencias habían entrado en una fase definitiva tras la detención de Francesc Sànchez, el encargado por Mas de "cerrar" de Convergencia y montar el PDeCAT, y el registro en el despacho de Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona, correligionario y amigo personal de Mas. Se trató de la operación Pika, el pasado febrero, en la que también se establecieron conexiones con el Ayuntamiento de Barcelona en los tiempos de Xavier Trias como alcalde. Esa actuación judicial fue el canto del cisne de Grinda y Bermejo sobre el 3%. Según su superior, tanto desplazamiento de Madrid a Barcelona "es poco operativo".