"Coincidiendo con el anuncio de la fecha del referéndum por parte del presidente de la Generalitat, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF ha recibido solicitudes por parte de empleados públicos catalanes reclamando información sobre el protocolo previsto ante la posibilidaddequerecibanórdenesfueradelalegalidadporpartedesussuperiores" arranca el comunicado del sindicato más representativo en las administraciones públicas.
Hay funcionarios que no están dispuesto a colaborar con la causa rupturista, de momento, en departamentos como Justicia, Prisiones, Educación, la Agencia Tributaria, así como de la propia Generalidad de Cataluña. De hecho, CSIF tiene constancia de funcionariosquesehannegadoaparticiparenelconcursoparalalicitación de las urnas que se pretenden usar para el referéndum.
El sindicato desplegará una campañainformativa para divulgar el protocolo a todos los departamentos de la Administración en esta comunidad autónoma, así como de la Administración General del Estado presente en Cataluña. De manera específica, intensificará esta labor en los centros educativos donde el Gobierno de Puigdemont tiene previsto colocar las urnas el próximo 1 de octubre. Se dirigirá a los responsables de la dirección de los centros o los conserjes encargados de abrir las puertas de las instalaciones para el referéndum.
Protocolo de actuación
El protocolo elaborado por el sindicato, de entrada, recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, lapidanporescrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas. De esta manera, se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento.
En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales. Los servicios jurídicos de CSIF se van a reforzar y se pondrá en marcha una línea de consulta para atender las dudas.
Por último, en los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerloenconocimientodelosserviciosdeinspeccióncompetentes. Asimismo, de estimarse que pueda incurrirse en una situación ilícita, desde el punto de vista penal, se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales
Reuniones con el Gobierno
El sindicato ha mantenido reuniones con Soraya Sáenz de Santamaría sobre los efectos que puede tener este proceso sobre la situación de los funcionarios catalanes. En este sentido, traslada un mensaje de seguridad y firmeza a los empleados públicos ya que, si deciden incumplir órdenes de sus superiores jerárquicos, no incurrirán en ninguna responsabilidad cuando sean contrarias al ordenamiento constitucional. Por tanto, no caben amenazas ni presiones por parte de las autoridades de la Generalitat.