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El frente separatista catalán se radicaliza al dictado de la CUP: ahora, contra la Guardia Civil

El Gobierno autonómico denuncia a unos agentes mientras sus socios antisistema convocan una manifestación frente a un cuartel de la Benemérita.

(Barcelona)
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Carles Puigdemont, este sábado, durante una charla en la Escuela de Verano de los nacionalistas en Sant Esteve de Palautordera. | EFE

La calle es el escenario al que el separatismo quiere trasladar el proceso en el contexto de mayor radicalización impreso tras las purgas en la Generalidad. Los partidos del referéndum confían en un incremento de la agitación a medida que se aproxime el 1 de octubre y no dudan en calentar el ambiente con llamamientos a la movilización y graves críticas contra la Guardia Civil, los jueces y los partidos no separatistas.

Las investigaciones de agentes de la Benemérita en calidad de policía judicial sobre la organización del referéndum del 1-O así como las relativas al cobro sistematizado en Convergencia de comisiones a cambio de adjudicaciones han sido convertidas por el Gobierno de Junts pel Sí y sus aliados de la CUP en "ataques contra la dignidad de Cataluña" y en preparativos del "estado de excepción" con el que, según la versión nacionalista, el Gobierno pretende frenar el referéndum.

La CUP quiere y está consiguiendo arrastrar al PDeCAT hacia las posiciones más extremas con la colaboración de Jordi Turull, el nuevo portavoz y consejero de la Presidencia de la Generalidad. Turull ha intensificado el registro radical del Gobierno de los catalibanes, dispuestos a tensar la cuerda y secundar la estrategia de los antisistema.

A remolque de la CUP

Poco después de que trascendiera la convocatoria por parte de la CUP de una manifestación este lunes frente a la sede de la Guardia Civil en Barcelona, Turull anunciaba vía Twitter que la Generalidad acusaba a los guardias civiles que interrogaron esta semana a sus altos cargos y a quienes hayan colaborado con ellos, ya sea el juez, un fiscal o los funcionarios del juzgado, de los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, falsedad documental, usurpación de funciones, violación de secretos y contra los derechos individuales.

El debate en el PDeCAT sobre el seguidismo respecto a la CUP ha concluido con la imposición de las tesis de los "pragmáticos", que acentúan que la formación antisistema es clave para la mayoría parlamentaria independentista y que no importa hacer concesiones porque el referéndum es prioritario y está por encima de las estrategias de partido. Artur Mas, la víctima política más insigne de la CUP, comparte esta teoría con Puigdemont y no cesa en el intento de reeditar una coalición con ERC que camufle la creciente irrelevancia electoral de los convergentes.

Mientras, los cambios en el departamento de Interior, con los nombramientos de Joaquim Forn como nuevo consejero y de Pere Soler al frente de los Mossos, agudizan el cambio de registro en esta fase del proceso. La consigna para las bases es la desobediencia mientras que el Ejecutivo autonómico ofrece a los altos cargos asistencia jurídica y Junqueras se erige en interlocutor único del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para responder a los nuevos requerimientos de control del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Junqueras también se ha negado a proporcionar la lista de interventores de la administración autonómica y ha firmado, junto a los demás diputados separatistas, la ley del referéndum que se llevará el lunes al registro del Parlament. Los únicos que no han firmado son los miembros de la mesa de la cámara para preservar la apariencia de neutralidad.

Los partidos y entidades separatistas están en campaña. Cada día se llevan a cabo decenas de actos sobre el referéndum en toda Cataluña. Los organizadores constatan una cierta falta de tensión en sus bases, pero no dudan de que llegarán al 11 de septiembre en disposición de reeditar las movilizaciones pasadas. El recurso del Gobierno al Constitucional por el cambio del reglamento parlamentario para aprobar las denominadas leyes de desconexión en lectura única no afecta a la composición de lugar de los grupos separatistas. Tanto convergentes como republicanos no contemplan que la admisión a trámite del recurso pueda condicionar sus próximos pasos.

La ley de transitoriedad jurídica

Tras registrar la ley del referéndum, el siguiente paso de los grupos separatistas será presentar la ley de transitoriedad jurídica, que será la norma que guiará el traspaso de poderes y bienes entre el Reino de España y la hipotética República de Cataluña. Los partidos quieren que esa ley determine la campaña del referéndum, por lo que le darán publicidad a finales de agosto. Convergentes, republicanos y cuperos debaten sobre la conveniencia de aprobarla antes de la celebración del referéndum.

En este contexto, el gran referente del PDeCAT, ERC y la CUP es Arnaldo Otegi, que el pasado miércoles participó en un mitin de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) en Lérida. Los partidos y organizaciones que forman la CUP siempre han estado vinculados a los proetarras y han sido sus introductores en Cataluña, así como ERC, pero Convergencia prefería la identificación con el PNV. Ahora, el PNV se mantiene contra viento y marea al margen del proceso separatista catalán a pesar de las constantes peticiones de ayuda por parte del PDeCAT. La pareja de mitin de Otegi fue el republicano Joan Tardà. Mientras, la CUP, versión en Cataluña de Batasuna, marca la agenda del catalanismo con carteles, consignas y acciones contra la Guardia Civil muy parecidas a las de la kale borroka. Y con el mismo objetivo que el del nacionalismo radical vasco: expulsar a las fuerzas de seguridad del Estado del territorio de su región e intimidarles en el ejercicio de su labor.

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