La decisión de encargar la defensa de los altos cargos separatistas investigados a los servicios jurídicos de la Generalidad ha causado un notable revuelo entre los letrados de la administración autonómica. El gobierno regional acordó la semana pasada, cuando se produjo la ronda de interrogatorios en la comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, disponer de los abogados de la Generalidad para "garantizar el derecho a la defensa de las autoridades y el personal público en los procesos que se sigan ante cualquier instancia jurisdiccional, siempre que actúen en el ejercicio legítimo de sus funciones y de acuerdo con los intereses generales de la administración de la Generalidad".
El texto del acuerdo es impecable, pero las dudas vienen porque la desobediencia, la malversación, la prevaricación y la sedición son delitos contra la administración pública y los abogados de la Generalidad no pueden representar a los altos cargos, consejeros y president en esos supuestos.
La propia ley relativa a la organización de los servicios jurídicos de la Generalidad especifica en su artículo noveno que "el abogado de la Generalidad puede asumir la defensa de los miembros del Gobierno, de los altos cargos y de los funcionarios por actos u omisiones cometidos en el ejercicio del cargo, que no puedan ser constitutivos de alguno de los delitos contra la Administración Pública tipificados en el título XIX del libro II del Código Penal, y de los que pueda resultar alguna responsabilidad para la institución o el funcionario, salvo que los intereses de éste y los de la Generalidad sean opuestos o contradictorios".
Según Ciudadanos, los separatistas utilizan a los servicios jurídicos como "su bufete de abogados". En el PSC se manifiestan "atentos" a que la Generalidad no utilice recursos públicos en el proceso y en el PP se desliza el término prevaricación para aludir a la maniobra de la Generalidad.
Cambios en los servicios jurídicos
El consejero de Presidencia y portavoz, Jordi Turull, ha replicado a la oposición que el acuerdo del Govern tiene el visto bueno de los servicios afectados y que se ciñe a lo dispuesto en la legislación vigente. No lo tienen tan claro algunos de los letrados, que subrayan la reciente designación de Francesc Esteve como jefe del negociado para ilustrar la deriva nacionalista.
Esteve era el secretario del departamento de Gobernación que fue imputado por el frustrado concurso público para comprar las urnas del referéndum previsto para el 1 de octubre, un expediente que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y que afecta también a la titular de la consejería, la ‘pedecata’ Meritxell Borràs. El president de la Generalidad, Carles Puigdemont, decidió entonces, mediados de junio, poner a Esteve, hijo del exalcalde convergente de Martorell y expresidente de la Diputación de Barcelona, al frente de los servicios jurídicos de la administración autonómica.
La mujer del consejero y un retorno
Esteve, ya "manchado", reemplazaba a Margarida Gil, esposa del todavía entonces consejero de Interior, Jordi Jané, a la que Puigdemont recompensaba con una plaza en el Consell de Garanties Estatutàries, un ente de la Generalidad cuyos dictámenes, siempre contrarios a las añagazas de los separatistas, no son vinculantes. Premiaba así que Gil hubiera evitado que la Generalidad se personara como parte afectada en el saqueo del Palau de la Música y se garantizaba con Esteve el control de los servicios jurídicos. Lógicamente, las maniobras de Puigdemont no fueron bien acogidas en estos servicios jurídicos.
Por otra parte, cabe constatar que el cesado Jané ya ha reingresado en la consejería de Interior en calidad de "coordinador" de seguridad pública.